Alberto Núñez Feijóo cree que va a ganar las elecciones generales de diciembre porque, según dijo ayer domingo, por la calle lo saludan los matrimonios, los trabajadores de la limpieza por la noche desde los camiones de la basura, y también las personas con un elevado estatus social. El presidente del PP trató de presentarse como el candidato de la cuadratura del círculo, con un programa para todos pero, en realidad, en casos como el respeto del autogobierno, incurre en contradicciones que dejan en algo meramente declarativo su defensa formal del Estado Autonómico, como un guiño que solo persigue escenificar que toma distancias con Vox. El programa marco para las elecciones que tendrán lugar el 28 de mayo en los municipios y en varias comunidades autónomas apuesta por una prueba única en todo el Estado para acceder a la universidad, y medidas económicas lideradas por la rebaja generalizada de impuestos allí donde gobierne el PP.
El programa, presentado en un acto en Guadalajara y coordinado por el exministro Íñigo de la Serna y la senadora Carmen Fúnez, en ocasiones aborda propuestas que parecen más concebidas para la batalla de las generales que para los comicios del 28-M, como esa apuesta por una selectividad única. Comienza declarando la “vigencia del sistema autonómico”: “Nuestra defensa de la Constitución es completa y, por ello, manifestamos también nuestro compromiso con la España de las autonomías y un adecuado desarrollo del proceso de descentralización”. Más allá de esa genérica alusión a la “descentralización”, no existe ningún capítulo dedicado a la exigencia de transferir las competencias pendientes o cumplir los estatutos de autonomía. El programa sí apuesta por “evitar que la gobernabilidad de las instituciones del Estado dependa de aquellos cuyos objetivos manifiestos son su erosión y ruptura”. “Una nación no puede gobernarse de la mano de aquellos que quieren destruirla desde los cimientos de su arquitectura institucional”, zanja.
Al mismo tiempo en que defiende la descentralización, sugiere medidas que uniformizan el Estado. Con una redacción que incluye conceptos a simple vista incompatibles, el PP defiende una prueba única de acceso a la universidad pero dice que lo hará con respeto a las competencias autonómicas. Es algo difícil de casar, teniendo en cuenta que los territorios definen parte del currículum de contenidos en varias asignaturas. “El primer punto a tratar ha de ser la entrada con una prueba de acceso a la universidad (EBAU) única para todo el territorio nacional, cuyas condiciones básicas deberán ser fijadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, previa consulta a las comunidades autónomas, y con respeto a sus competencias en materia de educación, así como a los órganos de representación de las universidades, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades y equidad de todos los alumnos”, defiende.
¿POR QUÉ UN EXAMEN ÚNICO?
No es una novedad en el discurso del PP, que lleva años sosteniendo por boca de varios presidentes autonómicos que sus pruebas son más difíciles y provoca que sus alumnos se queden fuera de determinadas carreras, mientras que estudiantes de otros territorios sí aprueban y van a matricularse en sus universidades, lo que supone agitar el mensaje del agravio. Pero no queda demasiado clara la delgada línea que separa el debate de la dificultad, del debate de la homogeneización total de contenidos y pruebas y la recentralización pura y dura.
El asunto de la educación es uno de los más sensibles en el Estado, y la propia ministra socialista Pilar Alegría ha tenido que modular sus planteamientos iniciales en un proceso de diálogo con las comunidades, con el horizonte de aprobar una nueva EBAU de manera gradual, con pruebas piloto, y con la finalidad de que los alumnos acrediten habilidades y no tanto una retención memorística. Alegría espetó a finales del año pasado al PP que ni siquiera Rajoy con mayoría absoluta dio pasos hacia una prueba única porque corría riesgos de inconstitucionalidad. La discusión se está dirigiendo a otros puntos como los criterios de evaluación comunes, no una prueba unificada.
Por otro lado, el programa del PP promete un Plan de Lenguas “que favorezca fórmulas que fomenten el respeto mutuo y el conocimiento de todas y cada una de las lenguas cooficiales en nuestro país”. Este planteamiento, que parece impulsar las lenguas cooficiales, se ve acompañado sin embargo por un párrafo que plantea conocer el castellano y las lenguas de las comunidades autónomas “bajo el principio de equilibrio”, lo que parece sugerir, sobre todo, un intento de corregir la inmersión catalana.
SUCESIONES, IRPF...
Sobre los impuestos, el PP admite que son necesarios para sostener los servicios públicos, pero mantiene el discurso de que se debe discernir “en qué momento se convierte en mero afán confiscatorio”. En plena guerra fiscal con el socialista Pedro Sánchez, el programa apuesta sin paños calientes, “con carácter general, y siempre que sea posible, por las políticas tributarias de exención, priorizando siempre a los colectivos que más lo necesitan, frente a las políticas de subvención”.
Propone reducir de manera progresiva el Impuesto de Bienes Inmuebles, aplicar bonificaciones medioambientales para los edificios con puntos de recarga de vehículos eléctricos o actuaciones de eficiencia energética, deflactar el IRPF (y se rebajará a las rentas de hasta 40.000 euros), aplicar bonificaciones por clase de carburante y motor en el impuesto a los vehículos; reducir el coeficiente de situación y fijar bonificaciones para las empresas al inicio de su actividad y para aquellas que instalen sistemas de energías renovables, punto de recarga para coches eléctricos y planes de transporte para sus empleados; reducir el impuesto sobre las obras, y reducir los de sucesiones y donaciones entre familiares directos y el de patrimonio. Estas maniobras vienen de tiempo atrás y provocaron que Sánchez aprobase un impuesto para las grandes fortunas con la intención de desactivar al PP.