Fin al culebrón de la prescripción de los gastos hipotecarios, ¿y ahora qué?

El Tribunal Supremo ha puesto fin esta semana al culebrón de los plazos para reclamar los gastos hipotecarios. Al menos, así debería de ser, porque queda por saber cómo procederán las entidades que estaban a la espera de esta decisión. Es el caso, por ejemplo, de Kutxabank, que tiene una cuota en el mercado hipotecario vasco superior al 40% y que en marzo decidió paralizar las devoluciones extrajudiciales a la espera de que la justicia aclarara la situación. Desde la entidad señalan que “acatarán la sentencia del Supremo y cumplirán los términos de la misma”, pero que estudiarán su contenido antes de anunciar los pasos a seguir a partir de ahora.

Para quien no cambia nada en absoluto es para Laboral Kutxa, que nunca ha tenido en cuenta la prescripción en sus criterios de reclamación y estaba devolviendo los gastos hipotecarios en los casos que correspondía. “Tenemos establecido un procedimiento para todas las reclamaciones y ese procedimiento sigue su curso. Atendemos todas las reclamaciones y respondemos a todas ellas individualmente”, señalan fuentes de la entidad.

En una sentencia fechada el 14 de junio pero dada a conocer este martes, el Tribunal Supremo ha dado un duro golpe a los bancos y, en definitiva, el “espaldarazo” final a los consumidores al resolver que, por lo general, el plazo de prescripción para reclamar la devolución de los costes de notaría, registro de la propiedad y gestoría -que los clientes pagaron de más a la hora de firmar una hipoteca- no empieza a correr hasta que una sentencia en firme declare abusiva esta cláusula del contrato.

Hasta ahora, la prescripción era el argumento principal al que se agarraban algunas entidades para no hacer frente a estas devoluciones, que oscilan entre los 1.500 euros y los 3.000 euros, según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). En enero de 2019, el mismo Tribunal Supremo declaró que la cláusula en la que el banco imponía el 100% de los gastos al cliente era abusiva y estableció el reparto igualitario de los gastos de constitución de las hipotecas entre los bancos y los consumidores.

En base a esta sentencia, tanto entidades bancarias como algunos juzgados y audiencias provinciales consideraron que, de acuerdo a los cinco años que establece el Código Civil para la caducidad de las acciones restitutorias, el plazo para reclamar la devolución del dinero ingresado de más expiraba el 24 de enero, un tiempo que se alargó al 14 de abril debido a que los plazos procesales quedaron en suspenso durante el estado de alarma decretado por la pandemia.

Sin embargo, llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y estableció que el plazo de prescripción empezaba a contar en el momento en que el cliente había tenido conocimiento de la abusividad de esa cláusula, en una sentencia que generó todavía más confusión: ¿Y qué momento fue ese? En una segunda sentencia, el pasado mes de abril, el TJUE aclaró la situación: el cliente tiene conocimiento de la abusividad de la cláusula en el momento en que hay una sentencia firme que así lo declara. Por lo tanto, el cliente tiene cinco años de plazo a partir del momento en que un juez emite una sentencia sobre su caso concreto.

Así, al asumir la doctrina del tribunal europeo, el Supremo cambia de criterio y abre la puerta a una posible oleada de demandas, aunque las asociaciones de consumidores esperan que la mayoría de los casos se resuelvan por la vía extrajudicial. “La gran mayoría de las personas están a tiempo de reclamar los gastos de hipoteca, quienes no serán casos muy excepcionales”, señala Jon Ortiz, socio fundador y abogado de Erreklamatu, que lleva ocho años gestionando este tipo de reclamaciones. El despacho ha registrado este año un incremento de clientes que buscaban reclamar sus gastos hipotecarios, sobre todo cuando salía en prensa alguna sentencia o cuando se lanzaba alguna alerta de que se acababa el plazo para reclamar, como fue en enero y en abril”. Ahora, esperan un nuevo repunte. “Es una sentencia favorable 100% al consumidor", analiza Ortiz.

Vía extrajudicial

La OCU espera que, tras esta sentencia, los bancos respondan favorablemente a las reclamaciones extrajudiciales en curso, aunque no descarta que “sigan poniendo trabas”. Hay tres tipos de situaciones. La primera, aquellos consumidores a quienes les han reconocido la nulidad de la cláusula (el derecho nacional y el europeo reconocen la imprescriptibilidad de una cláusula abusiva), pero a los que no les han devuelto el dinero con el argumento de que el plazo de prescripción de cinco años empezó a contar cuando se pagaron estos gastos y que, por lo tanto, ha prescrito. En estos casos, los bancos podrían responder que el consumidor conocía la abusividad en el momento en que el banco se la reconoció y que, si han pasado más de cinco años, seguir negándose a devolvérselos. Y es que la sentencia del Supremo establece una excepción: que el inicio del plazo de prescripción comience en una fecha anterior a tener la sentencia en firme si la entidad puede probar que, en el marco de sus relaciones contractuales, el consumidor conoció o pudo conocer la abusividad de la cláusula.

Al respecto, Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi, advierte: “Si les reconocen la abusividad pero no les devuelven el dinero, no es culpa del consumidor, ese argumento no debería de valer”. Desde Arriaga Asociados consideran también “poco probable” que los bancos puedan demostrar que los consumidores tenían conocimiento de la nulidad de estas cláusulas.

Otra situación es la de aquellos consumidores que tienen sus reclamaciones extrajudiciales en curso y, por último, quienes todavía no han presentado una solicitud al banco. En estos casos, Loizaga anima a reclamar y recuerda a todos los afectados exigir también los impuestos de demora.