Fiscalía limita la rebaja de penas para aplicar la ‘ley del solo sí es sí’

La Fiscalía rechaza rebajar las penas a los agresores sexuales cuyos castigos estén dentro de la horquilla prevista para ese delito por la nueva norma de la ley del solo sí es sí. Es decir, la revisión solo procederá cuando la pena impuesta exceda en abstracto la que correspondería imponer en aplicación de la nueva legislación. El Ministerio Público afirma, no obstante, que cada procedimiento deberá ser analizado individualmente y “huyendo de automatismos” que impidan valorar las circunstancias de cada caso. Varios tribunales han interpretado hasta la fecha que la norma permite rebajar condenas de forma retroactiva mientras que otros entienden que se pueden aplicar las restricciones de las disposiciones transitorias de versiones anteriores del Código Penal. Este decreto, “de obligado cumplimiento” para los fiscales, se ha dictado hoy mismo “para no demorar las pautas concretas para la revisión de sentencias hasta la publicación de una circular del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se emitirá una vez se someta al preceptivo informe de la Junta de Fiscales de Sala”.

Esta decisión llega justo cuando la reunión del Consejo de Ministros adquiere mañana martes un cariz especial después del revuelo generado con la aplicación de la ley que ha puesto en el disparadero a la ministra Irene Montero, si bien desde Unidas Podemos primero señalaron a la actitud “machista” de los jueces y ahora descargan buena parte de culpa en la aplicación de la normativa en el departamento de Justicia, en poder del PSOE, que encabeza actualmente Pilar Llop pero que tenía al frente a Juan Carlos Campo cuando se estaba tramitando. Para colmo, otras leyes bandera de Igualdad parecen verse salpicadas, ya que, por segunda semana consecutiva, se retrasa la ley de Trata, que no será aprobada en esta cita sino que se retrasa hasta la próxima semana.

De esta manera los morados presentan a este ministerio como el artífice de los artículos que están en el centro de la polémica por haber provocado una revisión y una reducción de condenas en agresores sexuales con la entrada en vigor de la norma. “No solamente estuvo, propuso y ratificó. [El Ministerio de Justicia] Consideró que no había ningún problema y que no iba a suceder lo que está sucediendo”, ha subrayado la coportavoz de Podemos, Isa Serra, quien también es una de las principales asesoras del área de Montero. Justicia “tenía una responsabilidad especial en lo que tiene que ver con la definición de las penas”, ha destacado, añadiendo: “Eso es así, más que nada porque es su responsabilidad cuando hay un cambio en el Código Penal”. Desde Podemos siguen en sus trece de rechazar modificar de la ley del solo sí es sí al asegurar que la normativa es “sólida” y que el problema en lo referente a la rebaja de penas en la revisión de sentencias se debe a la interpretación errónea y minoritaria por parte de algunos jueces. E incluso recalcan que la ley que rige el Código Penal tiene disposiciones transitorias que garantizan el mantenimiento de las condenas en sus términos iniciales. El partido de Montero se agarra también ahora a que el Tribunal Supremo unifique doctrina y resuelva que no cabe reducción de sentencias al amparo de la normativa. “No contemplamos el escenario de que el Supremo contradiga su propia jurisprudencia y nos parecería inaudito”, ha puntualizado Serra.

En Podemos son conscientes de que hay grupos que hablan de la necesidad de emprender una modificación “pero nadie dice en qué se debe revisar y cambiar”. Igualmente, los morados han querido matizar que desde su espectro no han realizado ninguna crítica a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pese a que Pablo Iglesias tildó de “cobarde” y “miserable” a los que se ponen de perfil ante los “ataques” a Irene Montero, en clara alusión a la titular de Trabajo. Por su parte, la ministra y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha sostenido que la ley es una norma "de todo el Gobierno y su conjunto", evitando pronunciarse sobre Montero. El objetivo de la ley es proteger a las mujeres y a los menores, “una protección integral de las víctimas”, remarcó la dirigente socialista.