Francia se prepara para vivir este jueves una intensa jornada de huelgas y manifestaciones, que podrían paralizar parte del país, para protestar contra el plan gubernamental de reforma de las pensiones que extenderá la edad mínima de jubilación hasta los 64 años.
El objetivo de los sindicatos es que este jueves sea el inicio de grandes movilizaciones que fuercen al Ejecutivo a dar marcha atrás, igual que consiguieron en 1995 cuando un proyecto de reforma de las pensiones con el presidente conservador Jacques Chirac fue retirado por la intensa presión de la calle, incluso a pesar de la mayoría absoluta gubernamental en el Parlamento.
Los sindicatos esperan unos 750.000 manifestantes por todo el país, con entre 50.000 y 80.000 solo en París. En 1995, la concentración de dos millones de personas en un solo día fue el detonante de la retirada del proyecto de reforma del Ejecutivo.
Gran parte de la economía y los servicios pararán, con fuertes perturbaciones en los servicios ferroviarios, la red del transporte público de la región de París, la educación y los trabajadores públicos.
Una quinta parte de los vuelos del aeropuerto parisino de Orly serán cancelados, ya que habrá paros parciales de los controladores, y también habrá huelga en el sector de la energía, especialmente en los trabajadores de las refinerías.
El portavoz del Gobierno, Olivier Véran, urgió hoy a que la movilización sindical no se convierta en un "bloqueo del país".
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, advirtió en unas declaraciones radiofónicas de la posible llegada a París de un millar de personas vinculadas a la ultraizquierda o a la rama más radical de los "chalecos amarillos" que podrían causar actos violentos.
Un total de 10.000 policías vigilarán que la jornada se desarrolle sin incidentes por todo el país, según ha anunciado el ministerio del Interior.
Ese proyecto, divulgado la pasada semana, ha recibido el rechazo frontal de todos los sindicatos y de los partidos de izquierda, también de la ultraderecha de Marine Le Pen, y solo podría recibir el apoyo del partido conservador Los Republicanos, que sería suficiente para su aprobación parlamentaria.
La propuesta gubernamental prevé elevar de 62 a 64 años para 2030 la edad mínima de jubilación y adelantar a 2027 el aumento de 42 a 43 años de cotización para poder disfrutar de una jubilación completa (hasta ahora previsto para 2035).
El Gobierno insiste en que su propuesta tiene en cuenta a quienes comenzaron a trabajar antes de los 20 años y también a quienes por motivos médicos tengan que jubilarse antes de los 64.
Por ello, asegura que un 40 % de los futuros pensionistas podrán jubilarse antes de los 64 años.
El Ejecutivo asegura que la reforma es necesaria porque de lo contrario se generará un déficit en el sistema de pensiones que alcanzaría los 12.500 millones de euros en 2030, mientras que los detractores al proyecto creen que se podría tasar a los ultrarricos y a los beneficios del capital para conseguir ese dinero.