El expresidente de BBVA, Francisco González -conocido como FG-, se ha desvinculado por completo de la contratación por parte del banco de los servicios de Cenyt, empresa del excomisario José Villarejo, y ha afeado el "error lamentable" cometido por la entidad en uno de sus escritos de defensa.
Se ha referido así al documento que BBVA presentó en la Audiencia Nacional en julio de 2019, donde se decía que, bajo su patrocinio, se contrató a Cenyt para investigar a Ausbanc, algo que el banco después rectificó, porque lo que había querido decir es que había tenido lugar durante su mandato, no que él fuera consciente de ello.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el exbanquero -que ha comparecido este viernes durante unas dos horas y media ante el juez Manuel García Castellón- ha insistido en que de no haberse producido esa rectificación, la entidad habría cometido un acto gravísimo, puesto que él nunca conoció esa contratación.
No obstante, ha lamentado que, por aquella frase inicial, la Fiscalía Anticorrupción solicitara que declarase como investigado en relación con Ausbanc.
De acuerdo con las mismas fuentes, González ha acusado de mentir al exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar, que declaró que el que fuera presidente del BBVA dio instrucciones para contratar para el cobro de grandes morosos a la empresa que dijera el exjefe de seguridad Julio Corrochano, que propuso a la de Villarejo.
En este sentido, FG ha defendido que no conoció la contratación del excomisario hasta el 27 de mayo de 2018, ni tampoco las actividades desarrolladas por Cenyt durante su presidencia, de modo que cuando Villarejo fue detenido en 2017 en absoluto sabía que esta firma había trabajado para la entidad.
Se ha remitido, asimismo, al informe "forensic" que BBVA encargó a PwC tras conocerse los encargos, que concluye -ha dicho- que no hay una sola evidencia documental que le situara en el proceso de contratación, facturación y pago de los servicios de Cenyt.
Y es que no resulta verosímil que un presidente entre en el detalle de la contratación de proveedores ni existía ninguna norma que le impusiera tales funciones, ha aseverado González, que ha relatado que sus tareas siempre estuvieron relacionadas con cuestiones estratégicas y labores de representación.
SEÑALA A CORROCHANO
En su declaración, el exbanquero ha reiterado que fue Corrochano, como jefe de seguridad, quien decidió contratar una empresa externa.
Es más, ha indicado, se convocó una reunión con varios directivos en la que Corrochano manifestó que tenía forma de conseguir más información, a través de una empresa de investigación, cuando la constructora Sacyr inició en 2004 un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad y que finalmente no tuvo éxito.
González, que ha aclarado que aquel encuentro no lo convocó él, ha sostenido que el exjefe de seguridad no necesitaba autorización, porque tenía competencias para hacerlo, y que jamás le comunicó quién era el elegido -si bien tampoco debía hacerlo, porque el presidente no entraba en quiénes eran los proveedores de la entidad-.
En esta línea, ha declarado que nadie le dijo nunca que Cenyt estaba vinculado a un policía en activo, y ha negado haber conocido a Villarejo o su socio Rafael Redondo.
INFORMACIÓN PÚBLICA, COMÚN Y NADA RELEVANTE
Tampoco leyó los contratos ni conoció el importe de los servicios, ha añadido González, que ha esgrimido que una empresa seria como BBVA no iba a pedir información sensible sobre las personas relacionadas con la operación de Sacyr, porque no tiene sentido.
Es más, ha recalcado, lo único que recibió en dos ocasiones, en diciembre de 2004, fue una nota de una o dos páginas, una especie de resumen sin membrete ni firma que parecían estar hechos dentro del banco, con información común, pública y nada relevante, y sin ninguna referencia a tráficos de llamadas ni a cuestiones ilegales.
Pero a partir de esa fecha, dejó de recibir más información porque la operación era "inviable", ha concluido el expresidente del BBVA, que ha descartado que recibiera o leyera ninguno de los documentos supuestamente elaborados por Cenyt.
En julio de este año, González pidió que se prorrogara la instrucción -que ha sido ampliada hasta enero de 2023- y volver a declarar, como ya hizo el 8 de noviembre de 2019, cuando la causa se encontraba aún bajo secreto de sumario, y respondió a las preguntas del juez, del Ministerio Fiscal y de su propio abogado.
La operación "Trampa", novena pieza separada del "caso Villarejo" se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004, coincidiendo con el movimiento de Sacyr.