Seis de los nueve integrantes de la Junta de Tratamiento de la cárcel cántabra de El Dueso -el órgano de técnicos penitenciarios que analiza la situación de los reclusos- consideró que Francisco Javier Almeida "no estaba preparado" para acceder al tercer grado o semilibertad, ya que existía un riesgo de reincidencia dado su perfil delincuencial.
Así lo han expuesto este jueves los máximos responsables de los sindicatos de Prisiones ACAIP-UGT y CSIF en una rueda de prensa en que han tildado de "fracaso de la institución penitenciaria" lo sucedido por el crimen de Lardero y han acusado a la cúpula de Prisiones del Ministerio de Interior de seguir una política de "buenísmo" con los internos y de "no tener en cuenta a los profesionales".
En noviembre de 2019, una vez que Almeida había cumplido las tres cuartas partes de la condena de 25 años máximo por el crimen de la agente inmobiliaria en Logroño en 1998 y había disfrutado de casi cuarenta permisos de salida, solicitó acceder al tercer grado.
"No estaba preparado para vivir en libertad"
El informe de la Junta de Tratamiento fue desfavorable por una amplia mayoría, según ha relatado el presidente de ACAIP-UGT, José Ramón López, quien sin dar nombres ni cargos de las personas que integraron esa junta, sí ha dejado claro que los funcionarios y trabajadores de El Dueso conocían bien a Almeida porque "llevaban veinte años con él".
"Sabían que no estaba preparado para vivir en libertad y veían riesgo de incidencia", ha subrayado López, antes de explicar que "normalmente los agresores sexuales son un perfil de recluso que no da problemas en prisión, tienen buena conducta".
Sin embargo, según han explicado los sindicatos, el informe de la junta consideró otros muchos factores para denegar por mayoría el tercer grado que finalmente logró al ser revocada la decisión desde la administración penitenciaria central con un "documento tipo" habitual para un preso condenado por delitos comunes.
Se le concede la libertad condicional
En el régimen de semilibertad el presunto asesino de Lardero estuvo tan solo dos meses pues este grado le permitió en abril de 2020 acceder a la libertad condicional.
Los sindicatos rechazan que, desde ese momento y hasta ser detenido de nuevo hace una semana, existieran "seguimientos directos y continuados, pues "no existe la figura de agente de la libertad condicional" que el Gobierno vasco ha avanzado que va a regular tras asumir las competencias de prisiones.
Tanto para el presidente de ACAIP-UGT, como para el responsable de CSIF-Prisiones, Jorge Vilas, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que dirige Ángel Luis Ortiz está "a la deriva" y guiada por la estadística de sumar reclusos en tercer grado o cumplimientos de condena con control telemático.
ACAIP y CSIF, que el pasado 20 de septiembre declararon conflicto colectivo, han solicitado al Ministerio del Interior el cese inmediato de Ortiz por su "nulidad" en la gestión de las prisiones y el incumplimiento de sus compromisos, como el reconocimiento de agentes de autoridad que eviten la media de una agresión cada 36 horas o el "déficit brutal" de plantilla y medios.