El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha criticado la "carencia de espacios" en el Palacio de Justicia de Pamplona y ha advertido de que "en este edificio no caben más órganos judiciales".
Así se ha pronunciado durante el acto de apertura del año judicial, en el que también ha intervenido el fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez. Entre los asistentes se encontraba la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos; el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández, y el presidente de la cour d'appel de Pau, Rémi Le Hors.
En su intervención, Galve ha lamentado que "a día de hoy, y ojalá me esté equivocando, nada de lo prometido" se ha cumplido en relación con la construcción de un nuevo edificio. Aprovechando la presencia de miembros del Gobierno de Navarra y del Parlamento foral, ha destacado que "el buen funcionamiento de la administración de justicia a quien beneficia es, sin duda, al ciudadano, quien tiene que acudir aquí para defender sus derechos".
"En este edificio no caben más órganos judiciales", ha manifestado el presidente del TSJN, que ha indicado que "el que entra en funcionamiento a final de este año va a compartir espacio con el otro juzgado de lo mercantil y, llevando años reforzado, con el espacio que ello conllevaba, se ha conseguido ubicarlo". No obstante, ha destacado que "la posible creación de otro órgano judicial obligará a situarlo fuera de este edificio o a sacar otros órganos o servicios del mismo, con la repercusión económica, además de la incomodidad que ello conlleva".
En este sentido, ha afirmado que el presupuesto de justicia en Navarra "es el más bajo de España respecto del PIB y también lo es en lo relativo a gasto por habitante (52 euros/habitante)".
Galve ha apuntado que Navarra cuenta con cinco partidos judiciales de los 431 que existen en España y ha resaltado que el número de jueces en la Comunidad foral por cada 100.000 habitantes "supone el segundo menor de España (10,6)" cuando la media nacional es de 12 jueces. Una media, ha agregado, "muy inferior a los países de la Unión Europea". Según ha explicado, en estos momentos ejercen en Navarra 71 jueces, con "dos plazas sin cubrir".
A este respecto, ha explicado que se ha solicitado la creación de la tercera plaza de magistrado para la Sala de lo Social TSJN, un segundo Juzgado de lo Mercantil y una cuarta plaza de juez de adscripción territorial. Según ha indicado, la creación del segundo Juzgado de lo Mercantil ha sido aceptado por el CGPJ y del Ministerio de Justicia y "previsiblemente, entrará en funcionamiento a final del presente año".
Por otro lado, el presidente del TSJN ha censurado los "ataques e intentos de desprestigio a magistrados y órganos judiciales con motivo de resoluciones dictadas en el legítimo desempeño de nuestra labor, alentados no sólo desde ciertos sectores sociales, sino, lo que es más preocupante, por algunos responsables políticos, cuyos reproches resultan censurables en el marco de la normalidad y del más mínimo respeto institucional".
RENOVACIÓN DEL CGPJ
Galve, por otra parte, ha destacado que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "afecta fundamentalmente" en la Comunidad foral a la Sala de lo Civil y Penal, "que tiene sin cubrir dos de sus cinco plazas de magistrado, es decir, un 40% de la Sala, y desde hace ya más de un año".
Según ha explicado, en su intervención en la apertura del año judicial, se trata de "una plaza de forma directa, al no poder hacer el Consejo nombramientos". Es el caso de la vacante de magistrado designado de entre los propuestos por el Parlamento de Navarra. La segunda plaza, ha señalado, "de forma indirecta, pues uno de los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ es magistrado de esta Sala".
Galve ha precisado que es una situación "en la que los jueces no tenemos intervención ni responsabilidad alguna, tampoco los miembros del Consejo", pero que produce "una sensación de desprestigio hacia los miembros de la carrera judicial".
En este sentido, ha remarcado que "la responsabilidad es de las Cortes Generales y, en concreto, del Congreso de los Diputados y, dentro de este, de quienes tienen la posibilidad de sumar 210 diputados, y eso son sólo dos grupos que, estando obligados a alcanzar un acuerdo, llevan casi cuatro años responsabilizándose mutuamente", ha criticado.
Joaquín Galve ha considerado que "podría ayudar mucho que el Tribunal Constitucional, cumpliendo con su cometido, resolviera el recurso que contra la ley orgánica 4/2021 tiene en su poder, sin resolver desde hace más de un año".