Continúan los reproches y acusaciones entre la patronal y el Gobierno español. Hoy, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aprovechado la asamblea general de los empresarios para acusar al Ministerio de Trabajo de "gobernar contra las empresas", intentando reducir la jornada laboral por ley o modificando la prevalencia de los convenios. "Cambiar las reglas de juego en mitad del partido (...) reducir la jornada para cumplir pactos políticos es gobernar contra las empresas, contra los ciudadanos, contra los intereses de sus votantes", ha cuestionado en su discurso. Y ha continuado: "Reducir la jornada equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año por las empresas".
En posteriores declaraciones a los medios, Garamendi ha criticado también la actitud de los sindicatos, que han amenazado con movilizaciones si no se reduce la jornada. "No aceptamos ni ultimátum, ni trágalas", ha dejado claro Garamendi, que ha defendido la independencia de la CEOE y su legitimidad en la defensa de los intereses de las empresas. El Gobierno y los agentes sociales llevan meses negociando reducir la jornada máxima semanal de las 40 horas actuales a las 37,5 horas en 2025, un compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar y contra el que se posiciona la patronal.
Tras una tensa semana, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se reunió ayer con representantes de las patronales y sindicatos para presentarles una nueva propuesta, que pasa por dar a las empresas un mayor tiempo de adaptación al recorte a las 38,5 horas semanales que pretende llevar a cabo el Ejecutivo en 2024, y de 37,5 en 2025. Esto se traduce en que éstas puedan jugar durante el primer año de la entrada en vigor de la reducción con el margen de la jornada irregular que permite la ley actualmente –el Estatuto de los Trabajadores señala que la empresa puede distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo–.
Según Pérez Rey, “lo que el Gobierno ha puesto encima de la mesa es una cosa muy sencilla y razonable”. “Que mientras se aplica la reducción de jornada a 37,5 horas, es decir, durante el año 2025, las empresas puedan distribuir su jornada, como lo pueden hacer ahora, pero en lugar de las horas que resultarían tras la reducción de jornada, con las horas previas”, explicó ayer a la salida de la reunión. Es decir, que las empresas puedan seguir teniendo esas 4 horas de distribución irregular –actualmente la jornada laboral es de 40 horas– y no las 3,75 horas que corresponderían. Esta nueva propuesta, que estudian ahora sindicatos y patronal, es un claro intento del Gobierno de atraer a los empresarios al acuerdo.
Lo que no incluye la propuesta de Trabajo es cambios respecto a las horas extra, una de las principales reclamaciones de la patronal para participar en el acuerdo: los empresarios reclaman un destope del máximo de horas extra anuales, actualmente 80, una posibilidad que el ministerio rechaza.
Diálogo social
Sobre la mesa del diálogo social también ha hablado Garamendi. "Nosotros no tenemos que pedir un asiento en el diálogo social, nosotros hemos construido el diálogo social", ha enfatizado el líder de la patronal entre aplausos y en alusión a la reciente entrada en algunos organismos, como el Consejo Económico y Social (CES) o en el Consejo de la Pyme, de otras patronales ajenas a CEOE y Cepyme. "A mí no me tienen que invitar a ninguna mesa. Yo soy la mesa, soy parte de la mesa", ha subrayado ante los medios.
También ha recordado que a la patronal no se le permite manifestar su desacuerdo con determinadas medidas del Gobierno, cuando los sindicatos han estado años pidiendo la derogación de la anterior reforma laboral y, ya en la actualidad, denunciando al Gobierno ante la Unión Europea, por ejemplo, por la regulación del despido. "Entiendo que para algunos sea más cómodo no tenernos en la mesa porque no somos amiguetes de nadie ni queremos ser cómplices de futuros fracasos", ha asegurado.
Con el auditorio puesto en pie y con una ovación cerrada, Garamendi ha cerrado su discurso ante la asamblea apelando a la unidad, la confianza y la independencia. "Nos merecemos respeto", ha subrayado Garamendi, que ha reiterado que la patronal "no se siente concernida por acuerdos políticos" y ha reclamado seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, calidad de la norma y estabilidad política para que las empresas puedan crear empleo.