La consejera de Autogobierno se prepara ya para mantener el primer contacto cara a cara con el nuevo ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres. Olatz Garamendi acudirá al encuentro del martes llevando el Estatuto de Gernika bajo el brazo para abordar su cumplimiento íntegro pero, especialmente, con el objetivo de rematar ya las tres competencias que tienen que llegar a Euskadi antes de marzo en virtud del pacto PSOE-PNV para la investidura de Pedro Sánchez (ferrocarriles, convalidación de títulos universitarios extranjeros y labores de acogida). Esta reunión, que tendrá lugar en Madrid a las 17.00 horas en una sede pendiente de concretar, se va a producir con el ruido de fondo de partidos como el PP y Vox, que cuestionan estos acuerdos y, particularmente, la posibilidad de que las instituciones vascas gestionen el régimen económico de la Seguridad Social. En este contexto, Garamendi ha combatido este viernes frente a frente este discurso del PP, que ha querido desactivar recordando que el Estado de Derecho es un todo y no se puede defender solo un trozo, el que mejor convenga, ya sea la Constitución o una parte del Estatuto. Y ha buscado las contradicciones del PP, que en 1993 apoyó el Informe Zubia sobre los traspasos pendientes y ahora asume una posición de desgaste.
El debate se ha sustanciado en el último pleno de control del año, celebrado este viernes en el Parlamento Vasco. El parlamentario del PP Luis Gordillo ha preguntado sobre los traspasos. Tras frivolizar con el informe publicado por la consejería sobre la erosión silenciosa del autogobierno vasco, un libro que ha tildado de "best seller entre los profesores de Derecho", Gordillo ha dejado caer que el PNV no es muy fiable en estas lides porque "siempre hay 20 o 30 transferencias pendientes". Además, aseguró que la negociación PNV-PSOE se oculta al Parlamento, y preguntó al Gobierno vasco si se fía de Sánchez.
Garamendi lanzó a Gordillo que, "si es constitucionalista, debería hacer suya cada materia contemplada en el calendario" al que hacía referencia. Recordó que el autogobierno y los derechos históricos son parte del bloque constitucional, de tal manera que el PP debería asumir que "no es posible tener solo un trozo del Estado de Derecho, el que arbitrariamente pueda convenir, sino que hay que dotar a nuestra autonomía política pactada de todo su contenido; es traspasar los medios necesarios para que las instituciones vascas ejerzan los cometidos ejecutivos que tienen asignados, todos".
La consejera insistió en que cumplir el Estatuto es "cumplir la ley" y recordó que esta norma lleva 44 años sin ser satisfecha al cien por cien. Garamendi recriminó al PP su ofensiva contra las transferencias y le planteó que "sería un buen gesto" que dejara de presentar pleitos ante la justicia, como el recurso en el Tribunal Constitucional contra la transferencia del Ingreso Mínimo Vital a la comunidad autónoma vasca y Nafarroa, o sus recursos contra el uso del euskera en la administración pública. También le pidió que no se repitan iniciativas como la moción que impulsó el PP en el Senado en 2019 contra el calendario de transferencias, aprovechando la mayoría absoluta que tenía en aquel momento en esa institución y que ahora vuelve a tener. Esa moción dejó muy comprometido el discurso del PP vasco a favor de la foralidad y el Estatuto, y en ese momento trató de sacudirse la presión matizando que la iniciativa no rechazaba el Estatuto, sino el enfoque del calendario del Gobierno español y el alcance real de esas competencias. Garamendi no lo dejó ahí y se remontó a los tiempos del Informe Zubia para recordar que el PP votó a favor, una alusión que pretendía aflorar sus contradicciones o quizás su viraje ahora que le aprieta la concurrencia de Vox.
El TC, árbitro "poco neutral"
Garamendi, en cualquier caso, no solo señaló al PP. También denunció las invasiones competenciales por parte del Estado a través de las leyes básicas que entran a regular competencias ya transferidas y que, por tanto, corresponde legislar a Euskadi; y afeó igualmente las interpretaciones restrictivas de un "árbitro poco neutral como viene siendo el Tribunal Constitucional". Por ello, pidió al Estado que tenga en cuenta la singularidad foral que reconoce la propia Constitución española. Algo de todo esto podría sustanciarse con el acuerdo PNV-PSOE, que contempla la redacción de cláusulas forales en las leyes que afecten a competencias vascas. Garamendi volvió a plantear el Concierto Económico como modelo para la bilateralidad, y confió en que, en esa línea, se conforme pronto la Comisión Bilateral Permanente de traspasos, donde ya se había perfilado un reglamento antes de las elecciones generales de julio con la entonces ministra del ramo, Isabel Rodríguez.