El Gobierno español ultima su decreto sobre el empleo público para dar solución a la acumulación de trabajadores temporales e interinos en las administraciones públicas. El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha llevado a cabo un sondeo preliminar con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del ramo, pero se han emplazado a debatir en mayor profundidad el jueves de la próxima semana. Lo que ha planteado hasta ahora en público el ministro es prohibir los contratos temporales por más de tres años, y que la experiencia tenga una mayor valoración como mérito en las ofertas públicas de empleo, de manera que los interinos cuenten así con un plus a la hora de hacerse con la plaza, aunque no evitará que hagan el examen. En este contexto, la consejera vasca de Autogobierno y Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, explicó ayer en el pleno del Parlamento que ha propuesto a Iceta que dé "cobertura legal a cada administración pública" para que puedan diseñar sus propios procesos de consolidación de empleo.
"Esto podría ser posible, con total seguridad jurídica, a través de una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. De esta forma, se reduciría la temporalidad y podrían reconocerse específicamente los servicios prestados por el personal interino y laboral temporal en las administraciones públicas", defendió en respuesta a EH Bildu. Garamendi apuesta por explorar este camino desde la seguridad jurídica, sin contradecir la sentencia del Tribunal Constitucional, que impide por ahora habilitar un turno diferenciado de acceso en las ofertas públicas de empleo para los interinos porque cree que vulnera la libre concurrencia.
Euskadi había planteado un turno diferenciado para los interinos con al menos ocho años de experiencia y en sectores con un 40% de interinidad, e iba a consistir en un examen práctico para demostrar las competencias en su trabajo. Pero, por ahora, el terreno de juego está en ponderar en mayor medida la experiencia en estas ofertas de empleo. Garamendi pide a Iceta una percha legal para que cada comunidad pueda diseñar su proceso.
Este llamamiento lo hace en la medida en que el Estado sería responsable de la acumulación de interinos, por haber restringido durante la crisis económica las tasas de reposición de las plazas, es decir, el número de plazas que podían ofertar las comunidades. "Siempre hemos defendido que las tasas de reposición van en contra de la capacidad de autoorganización reconocida en el Estatuto de Gernika, por lo que la norma estatal supone una clara invasión competencial", sostuvo la consejera.
Medidas
Pero Garamendi volvió a poner en valor los pasos que está dando su departamento sin fiarlo todo a Madrid. El Gobierno vasco quiere convocar un proceso de consolidación donde se tenga en cuenta la experiencia en la medida de lo posible con la legislación vigente. Destacó igualmente la tramitación de la Ley de Cuerpos y Escalas que considera determinante para clarificar la estructura de los puestos en la administración, volvió a manifestar su voluntad de llegar a un acuerdo con los sindicatos, esgrimió la propuesta de concurso de traslados, o la idea de convocar este año 1.017 plazas en la Administración General vasca, unas plazas que la consejera no descarta ampliar hasta un total de 1.230.