La consejera en funciones de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha reiterado el compromiso del Gobierno vasco con "la construcción y la integración" europea y ha reclamado que Euskadi sea "parte activa" de la Unión Europea. A su juicio, Euskadi "no puede ser ni subsidiaria, ni subordinada del Estado en la aplicación de la normativa europea".
Garamendi ha inaugurado este jueves la sexta edición de las jornadas sobre aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea que se han desarrollado en el Palacio Miramar, de Donostia. El evento está organizado por el IVAP, el Consejo General del Poder Judicial, Erasmus +, la UPV/EHU y el Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional y está dirigido al personal al servicio de las administraciones públicas vascas, así como a miembros de la carrera judicial.
Durante su intervención, Garamendi ha reclamado que Euskadi "tenga voz propia y sea escuchada en todos aquellos ámbitos en los que se adopten decisiones que nos afecten, que tengan incidencia directa o indirecta en el bienestar de nuestra ciudadanía".
Tras enfatizar que el 80% de la normativa europea es de aplicación directa en los Estados, la consejera ha resaltado la importancia de estar integrado en el ámbito de decisión europeo y ha instado a que la UE "reconozca y tenga en cuenta el papel de las naciones y regiones".
En este sentido, ha señalado que "ni queremos ni debemos ser subsidiarios o subordinados; necesitamos ser escuchados en todos aquellos ámbitos en los que se adopten decisiones que nos afecten, que tengan incidencia directa o indirecta en el bienestar de nuestra ciudadanía".
"VALORES COMPARTIDOS"
Garamendi ha apelado a la Unión como escala para "garantizar que los valores compartidos que nos unen a las diferentes naciones de Europa sean considerados en los centros mundiales de decisión". A este respecto, la consejera ha abogado por la multilateralidad ya que "no podemos dejar en manos de los Estados la respuesta unilateral a todas estas cuestiones; es la Unión Europea la que debe dar una respuesta de estabilidad política e institucional, paz, derechos humanos, solidaridad, prosperidad y seguridad".
Asimismo, la consejera ha advertido de la importancia que, para una correcta aplicación del Derecho de la UE, tanto el juez como el personal de las administraciones públicas procuren "una constante apertura a instituciones de otros territorios con diferentes perspectivas, y hasta culturas jurídicas, que hemos de contrastar con nuestro sistema".
En ese sentido, ha subrayado que la aplicación del Derecho europeo sitúa al juez estatal en "una posición especial", por lo que es preciso "una formación permanente a quienes compete desarrollarlo". Sobre este particular, Garamendi ha advertido de que la implementación del Derecho Europeo está "condicionada" por las exigencias constitucionales y legales domésticas.
Tras resaltar que, en términos tanto de transposición o desarrollo normativo, como de ejecución material, la implementación del Derecho de la UE es uno de los grandes ámbitos temáticos del Derecho Europeo, ha destacado que genera cuestiones y retos interesantes tanto a las personas que gestionan la transposición normativa como a quienes deben atender a su control judicial.