El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha respondido a las autoridades suizas que los tratados internacionales suscritos entre ambos países impiden rechazar el auxilio judicial solicitado por motivos políticos en una causa de terrorismo, y ve "inadmisible" que le pidan explicaciones sobre la amnistía.
En un contundente auto, el magistrado que investiga el caso de Tsunami Democràtic ha respondido a la resolución de las autoridades helvéticas, conocida este martes, en la que le pedían que ampliase los indicios por terrorismo contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter "político", lo que le impediría colaborar con la justicia española.
García-Castellón discrepa de plano porque, subraya, los tratados internacionales impiden a Suiza rechazar la asistencia judicial solicitada, al tratarse de un procedimiento en el que se investigan delitos de terrorismo.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha incoado un pieza separada que se tramitará con carácter reservado con el fin de esclarecer la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta de las autoridades suizas a la comisión rogatoria que cursó en el marco del caso 'Tsunami Democràtic'.
Así consta en un auto, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acuerda encargar la investigación a la Guardia Civil en funciones de policía judicial e insta a la unidad investigadora a "eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores, debiendo reportar directamente de los avances de los de la investigación a este magistrado instructor".
El magistrado acuerda notificar este auto al fiscal y sólo su parte dispositiva a las demás partes personadas.