El empeño de Manuel García-Castellón en cercar a Carles Puigdemont se multiplica. El juez de la Audiencia Nacional (AN), el mismo que admite que empezó a investigar por terrorismo al expresident cuando comenzaron las negociaciones entre Junts y el PSOE, cuestiona ahora que se pueda amnistiar al exJefe del Govern y a los imputados por el caso de Tsunami Democràtic argumentando que incurrieron en un “ánimo homicida” que encaja en el artículo 2 del Convenio de Derechos Humanos que excluye esta medida de gracia. El magistrado, que continúa así con la instrucción de la causa, trata de sortear en su nuevo auto la enmienda pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las formaciones soberanistas que excluía del olvido penal los actos de terrorismo que, “de forma manifiesta y con intención directa, causen violaciones graves de los derechos humanos”.
Y para dotar de contenido a su justificación alude a la personación de dos agentes de policía que sufrieron heridas de gravedad en los incidentes ocurridos en el marco de las protestas que tuvieron lugar tras la sentencia del procés. “No puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados”, razona. El hecho de que se apoye en este último artículo no hace sino refrendar las críticas que sobre él ha vertido el Ejecutivo español al acusarle de querer manejar los tiempos de la causa con oportunismo político.
La dirigente de ERC Marta Molina, que figura ente los imputados, recurrió la personación de los policías y la fiscalía se adhirió a la impugnación. Entre los argumentos que esgrimían figuraba que esos actos no eran imputables a Tsunami Democràtic sino a los CDR, por lo que no tenía sentido la personación de los agentes. Con todo, García Castellón afirma que Tsunami “no fue un invitado de piedra a las movilizaciones que sacudieron diferentes ciudades de Catalunya, y que tuvieron como uno de sus escenarios más cruentos los hechos que se desencadenaron en la Vía Laietana y en la Plaza Urquinaona de Barcelona”. Al hilo, recuerda que en la exposición razonada que elevó al Supremo ya se mencionaba que Tsunami había anunciado aquel día en las redes sociales la convocatoria de una huelga general, con el siguiente texto: “Pensábamos que la sentencia era el final de un movimiento y ha sido su reinicio. Hoy bloqueamos el país para recordar una solución y ejercer nuestros derechos y libertades”. El juez explica que fue precisamente “bajo la cobertura de esta huelga cuando se produjeron alteraciones graves de la paz social y del orden público”. A su vez, insiste en que el hecho de que hubiera miembros de los CDR “no exime” de responsabilidad a Tsunami.
Para el magistrado, “resulta especialmente llamativo como indicio incriminador” la conversación mantenida entre Puigdemont, que ocupaba “el vértice más alto” de la citada plataforma, y uno de los investigados, y en la que el expresident de la Generalitat “parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales”. En el auto también describe las lesiones sufridas por los agentes que, en el caso de uno de ellos, se produjeron por un fuerte golpe en la parte superior del casco reglamentario causado por un objeto contundente arrojado por uno de los participantes; e indica que como consecuencia de la brutalidad del impacto se produjo la fractura del casco protector y el agente se desplomó en el suelo, inconsciente, sufriendo una serie de lesiones que le han inhabilitado para el ejercicio de su profesión.
Intencionalidad política
El propio juez admite que comenzó a investigar a Puigdemont el 6 de noviembre de 2023, cuando Pedro Sánchez empezó a tejer definitivamente su pacto con Junts. A partir de ese momento, empezó a atribuirles la muerte de un ciudadano francés, que sufrió un infarto a una consecuencia directa de las protestas organizadas por Tsunami. “He aquí otra gran aportación a la separación de poderes. La agenda judicial al servicio de la agenda política. No es la primera vez no será la última, porque vuelven a estar especialmente motivados”, ha denunciado Puigdemont. El líder de Junts ha censurado que los jueces españoles se hayan pronunciado, "y de qué manera", antes de conocer la ley de amnistía y cree que "queda claro que los estándares europeos respecto a los derechos fundamentales no son los estándares de la nomenclatura judicial española". Por otra parte, la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, ve en el auto del magistrado otro “despropósito”.