García Ortiz declara mañana ante el Supremo por la filtración sobre el novio de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declara este miércoles como investigado ante el Supremo por la presunta filtración que le atribuye Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Su comparecencia tiene lugar un día después de que el propio tribunal avalara su nombramiento como jefe del Ministerio Público.

Es la primera vez que un fiscal general declara como investigado. García Ortiz está citado a comparecer a las 10.00 horas ante el magistrado Ángel Hurtado en el marco de la causa abierta el pasado octubre en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, en la que también se investiga también a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe.

Declaración

La declaración de García Ortiz tendrá lugar después de que esta misma semana el magistrado rechazara su petición de posponerla para interrogar primero a la pareja de Díaz Ayuso. Hurtado aseguró que para "formar una idea" de la postura de González Amador bastaba con leer la querella que había presentado.

El jefe del Ministerio Público comparecerá ante el magistrado después de que así lo hicieran más de una decena de testigos, incluida la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra; el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; el exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato; dos jefes de prensa de la Fiscalía y varios periodistas.

No obstante, García Ortiz es el primer investigado en esta causa en acudir al Supremo. Está previsto que el jueves lo haga la fiscal provincial de Madrid y el 5 de febrero el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. Al comparecer como investigado, podrá acogerse a su derecho a no declarar o elegir si contesta solo a su defensa o a todas las acusaciones.

Fuentes fiscales lamentan que el instructor del Supremo no haya tenido en cuenta la agenda del fiscal general al momento de fijar su citación, toda vez que le coincide con un pleno del Consejo Fiscal que finalmente se ha suspendido. También defienden que el magistrado podía haber acordado tomar declaración a García Ortiz en su despacho en la Fiscalía General.

Dichas fuentes recuerdan que el jefe del Ministerio Público se equipara en honores y tratamiento al presidente del Supremo e inciden en que el artículo 400 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) permite que, en el marco de una investigación, se interrogue a alguien de su rango en su despacho.

El instructor acordó citar a García Ortiz al considerar que las conclusiones de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "aportan una información de peso" que viene a "apuntalar" su presunta participación en la filtración denunciada. En concreto, destacó el informe en el que se asegura que tuvo una "participación preeminente" en la filtración.

De lo investigado hasta ahora, el magistrado entiende que "hay una base indiciaria para presumir que" el jefe del Ministerio Público "fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a" dicha filtración, "aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales".

El correo del pacto

Cabe recordar que el punto de partida de la investigación, cuando el caso aún estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue la nota de prensa que difundió el Ministerio Público la mañana del 14 de marzo a raíz de la publicación en 'El Mundo' de la noche anterior, donde se afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto al abogado de la pareja de Díaz Ayuso en una investigación por presuntos delitos fiscales, para desmontar lo que consideraba un "bulo".

La nota de prensa de la Fiscalía, que explicaba que la propuesta de acuerdo partía de la defensa, incluía información de los correos cruzados entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos de Madrid Julián Salto. El Supremo, al asumir la causa, descartó que hubiese una revelación de secretos en aquel comunicado porque los datos que ofrecía ya se habían publicado horas antes en los medios de comunicación.

Así las cosas, el alto tribunal puso el foco en la filtración a la prensa, durante la noche del 13 de marzo, en el correo electrónico en cuestión, el que el abogado de González Amador envió el 2 de febrero a Salto ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo.

Los mensajes en la Fiscalía

El instructor considera que hay "elementos objetivos" que "apuntan a que solo tras la recepción por parte de García Ortiz del correo a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión". De ahí que acordara mantener su condición de investigado.

Hurtado incide en que la noche del 13 de marzo, tras la publicación de 'El Mundo', la Fiscalía entró "en una dinámica de frenético intercambio de comunicaciones, dirigida por García Ortiz, entre quienes la propia Rodríguez acabaría denominando 'el equipo de Fortuny'" en sus mensajes de Whatsapp.

En el auto en el que acuerda la citación de García Ortiz, el magistrado hace un repaso de los indicios que, a su juicio, son "lo suficientemente indicativos" del papel "relevante" del fiscal general en la divulgación de "una información reservada y confidencial que no debió divulgarse", empezando por el "trasiego del intercambio de mensajes" que se producen el 13 de marzo entre las 21:59 horas, cuando García Ortiz recibe en su 'gmail' particular" el correo en cuestión, y las 23:51 horas, cuando el 'email' se publica en la Cadena SER.

También destaca "los pasos" que dio el fiscal general "antes" para "lograr hacerse" con el correo, los "reveladores de momentos de urgencia y gran tensión que tienen lugar bajo su batuta", y su "intervención" en la elaboración de la nota de prensa.

El móvil del fiscal General

La UCO no ha podido analizar en la causa los chats y correos del fiscal general porque, según indicó en el informe sobre lo incautado en el despacho de García Ortiz, halló "cero mensajes" en sus dispositivos.

En un intento de recuperar dicha información, el magistrado ha pedido ayuda a Whatsapp y a Google; también ha preguntado al departamento de informática de la Fiscalía General si ha formateado los móviles, anteriores o actuales, del jefe del Ministerio Público.

Al hilo, el instructor ha reclamado al delegado de protección de datos de Fiscalía una copia de la normativa interna en la que se aparó el Ministerio Público para justificar que se hallaran "cero mensajes" en los dispositivos de García Ortiz; ello después de que el fiscal de delitos económicos que investigaba al novio de Díaz Ayuso negara conocer protocolo alguno para el borrado de mensajes.

En el marco de la investigación, la UCO ha analizado los dispositivos de la fiscal jefa provincial de Madrid, en la que sí se encontraron mensajes intercambiados con García Ortiz; y el móvil del exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato.

El exsecretario de los socialistas madrileños entregó voluntariamente después de conocerse que Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa, le envió la carta que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía para llegar a un acuerdo. La Guardia Civil concluyó que varios cargos del Gobierno tuvieron acceso al correo electrónico antes de que éste se publicara en medios de comunicación.