El debate sobre la Ley de Vivienda está sobre la mesa; la declaración de zonas tensionadas, la regulación de los precios y la definición de grandes tenedores son algunos de los aspectos más destacados de la Ley de Vivienda estatal y las cuestiones relativas a su aplicación han llegado a Donostia. De esta forma, esta misma mañana se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián una moción presentada por EH Bildu y Elkarrekin Donostia a petición de las plataformas Alokairu-Benta Berri, Stop Desahucios de Donostialdea e Inquilinos Azora en la que se insta al Gobierno Vasco a que, previa solicitud del Consistorio, declare como zonas tensionadas de vivienda todas aquellas zonas que cumplan los requisitos establecidos al respecto.
"Se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos municipales salvo el PP, que ha votado en contra", nos contaba en Gipuzkoako Kale Nagusia de Onda Vasca Rosa García, portavoz de Stop Desahucios. García se mostraba positiva con la aprobación de la moción aunque decía: "pedimos que no sea un acto de cara a las elecciones y que las primeras decisiones que tome el nuevo Consistorio sean, precisamente, para fijar las zonas tensionadas, se limiten los precios de los grandes tenedores y se movilicen las viviendas vacías" que son unas 3.700 en Donostia.
Desde el Gobierno municipal, la jeltzane Nekane Arzallus ha pedido precaución y cautela ya que, aunque la moción se ha aprobado la Ley Estatal de Vivienda "no está aprobada aún y puede someterse a cambios ya que no se aplicará hasta 2025" y, además, puesto sobre la mesa la posibilidad de que esta nueva ley suponga una invasión de competencias.
Respecto a eso, García decía lo contrario, que la convivencia con la ley estatal es viable ya que no se contrapone, por lo tanto, no debería suponer ninguna limitación. Por otra parte, García ha querido compartir con los oyentes las características y el contexto en que viven los y las donostiarras, "se ven obligados a irse de la ciudad, los precios especulativos han provocado que las personas tengan que invertir un 40% o un 50% de sus ingresos al alquiler y en muchos caso, después, al no poder pagar, son demandados por impago".