Gipuzkoa aprueba un pionero apoyo fiscal a la investigación

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado una pionera norma foral que contempla beneficios fiscales a las cantidades aportadas por la ciudadanía y agentes económicos y sociales a la investigación básica impulsada por los centros del territorio. Esta medida, anunciada hoy por la portavoz foral, Eider Mendoza, pretende “fomentar una cultura para hacer aportaciones económicas a la ciencia del mismo modo que se ha extendido el hábito de hacerlo con las ONG”.

Mendoza ha explicado que el mecenazgo en investigación básica tendrá incentivos tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades, según los casos. Así, las personas que realicen donaciones, aportaciones y legados verán deducido en su declaración del IRPF un 35% de estas cantidades.

En el caso de convenios de colaboración empresarial y otras aportaciones de personas jurídicas, serán considerados gastos deducibles a la hora de determinar la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades y tendrán una deducción del 20% de la cuota líquida.

“La medida es ambiciosa y con ella Gipuzkoa deja clara, una vez más, su apuesta por la innovación y la ciencia”, ha asegurado la portavoz foral.

GRANDES DEUDORES

Por otro lado, también ha anunciado que la Diputación de Gipuzkoa ha aprobado reducir la cifra a superar para entrar en la lista de grandes deudores del millón de euros actuales a los 600.000 euros, lo que se aplicará en la próxima lista que se publicará en junio del año que viene.

Esta reducción de la cantidad adeudada refuerza así la lucha contra el fraude fiscal que la entidad foral viene desarrollando en los últimos años. En cualquier caso, Mendoza ha afirmado que “más que tomar medidas contra el fraude, como siempre decimos, la manera más eficaz de avanzar en este campo es la concienciación social”.

Por último, la Hacienda ha introducido cambios en el apartado de monedas virtuales con una nueva normativa que establece la obligación de informar a quienes ofrecen servicios relacionados con las criptomonedas sobre las operaciones realizadas, y extiende esta obligación a las personas que poseen este tipo de activos, tal y como ha explicado Eider Mendoza.