Gipuzkoa dispone este año de casi 9,5 millones de euros en Ayudas de Emergencia Social

Una lavadora que deja de funcionar, un tratamiento médico tan inesperado como indispensable, o la propia cesta de la compra, que consume sin remedio los recursos menguantes. Para las economías domésticas al borde del abismo, cualquier imprevisto puede descuadrar las cuentas para deslizar a las familias por la pendiente de la exclusión. Las Ayudas de Emergencia Social (AES) son prestaciones no periódicas que salen al rescate, de las que se benefician cada año casi 30.000 familias vascas, y que ya cuentan para este año en Gipuzkoa con una dotación presupuestaria de casi 9,5 millones de euros, que el Ejecutivo vasco ha consignado para un 2023 que viene marcado por la pérdida de poder adquisitivo. En el conjunto de la CAV, la partida asignada a las AES asciende a 41 millones.

No va a ser un año fácil, como tampoco lo han sido los precedentes. El reconocimiento y el pago de estas ayudas de emergencia social corresponde a los ayuntamientos, que ya conocen cuál va a ser su límite anual de gasto, al tratarse de prestaciones no periódicas que se conceden hasta agotarse el presupuesto designado a ellas.

Son los municipios los que, en función de las necesidades de su ciudadanía, gestionan estos recursos orientados al pago de lo más básico para garantizar la subsistencia. Cada partida tiene asignadas unas cuantías máximas. En el caso del alquiler de la vivienda -uno de los principales quebraderos de cabeza- la ayuda asciende a 275 euros mensuales.

Gipuzkoa acaba de coger el testigo de un año económico que ha venido marcado por la guerra, en el que las sanciones a Moscú por la invasión de Ucrania han traído consigo el cierre de los grifos del gas a Europa, lo que ha evidenciado una alta dependencia de Rusia, con unos precios de la energía que se han disparado, y unas secuelas que se hacen notar en el bolsillo de los guipuzcoanos.

Tres crisis globales

Con todo, no es el único frente de batalla para una población que vive momentos de gran sensibilidad social. Son tres crisis globales (económica, covid-19, guerra en Ucrania) que se han sucedido en cadena, y que siguen dejando su huella, tanto a nivel personal como comunitario. No es casualidad que el Gobierno Vasco haya incrementado las AES en los tres últimos años y que contemple para 2023 un presupuesto de 41 millones, teniendo en cuenta el refuerzo que ha supuesto el programa Hitzartuz, de apoyo a colectivos con mayores dificultades para pagar la factura energética. Se trata de planes de ayudas que no dejan de aprobarse, como el de 2,5 millones de euros destinados a las necesidades más básicas que, gestionado por Cruz Roja, será presentado este próximo viernes.

Basta un repaso a la estadística de los últimos años para advertir las crecientes necesidades de la población en comprometida situación económica. A falta de cerrar el balance de 2022, el de 2021 permite hacerse una idea de la fotografía de las AES en Euskadi. Se concedieron 61.604 ayudas directas, beneficiando a 24.478 familias y a un total de 53.556 personas.

Una de las mayores demandas es la del pago del alquiler, que supone el 30% del importe total de las concesiones. En concreto, se beneficiaron 10.151 personas, con un importe medio de ayuda de 1.386,47 euros, según los datos facilitados por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

El energético es otro de los gastos que más preocupan, con un total de 16.295 personas beneficiadas el año pasado, y un importe medio por ayuda de 417,64. A este respecto, las AES incorporan este año novedades. La cuantía máxima anual destinada al pago del suministro eléctrico asciende a 1.500 euros, cuando hasta ahora era de 900 euros, en un invierno en el que parte de su población casi teme encender sus calefacciones, con el gas, la luz, y también los derivados del petróleo tocando techo.

Y todo ello, cruzando los dedos para que no se estropee el mobiliario. Las ayudas para este tipo de gastos y electrodomésticos -1.850 euros año-, suponen la misma cifra que los destinados a reparación de vivienda. El cuadro se completa con aquellas orientadas al mantenimiento de la vivienda -agua, basura y alcantarillado-, que contemplan un tope de 900 euros anuales, y otras dirigidas a necesidades primarias no cubiertas por los sistemas públicos, con un total de 1.850 euros al año.

Veinte municipios por encima de los 100.000 euros

De los 9,4 millones consignados en Gipuzkoa, una veintena de municipios disponen de una cuantía superior a los 100.000 euros. Es el caso de Oñati (100.416), Beasain (145.777), Azkoitia (145.777), Ordizia (150.430), Elgoibar (150.817), Bergara (164.387), Zumarraga (164.775), Hondarribia (169.815), Azpeitia (182.997), Zarautz (206.647), Andoain (209.749), Lasarte-Oria (231.072), Tolosa (247.356), Hernani (295.819), Arrasate (312.103), Pasaia (321.408), Eibar (485.019), Errenteria (616.839), Irun (1.039.825), y Donostia, con 2.426.647 euros.

Según indican fuentes del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, el Gobierno Vasco trabaja actualmente para llevar a la aprobación del Consejo de Gobierno una propuesta de aumento en algunas de las partidas, como es el caso de las ayudas del alquiler, la amortización de créditos y las destinadas a responder a necesidades básicas.

Las personas perceptoras de AES tienen que llevar empadronadas en Euskadi al menos seis meses, con lo cual aquellas que han huido de la guerra en Ucrania recientemente no tendrían derecho a esas ayudas, al menos, en esta fase inicial de sus nuevas vidas lejos de casa. Para esos casos, según indican fuentes del Gobierno Vasco, “se están preparando otras ayudas a través de Azken Sarea Indartzen”, programa nacido durante la pandemia para atender a las personas más vulnerables. Consciente de la difícil coyuntura que ha desatado la guerra, el departamento cuenta a su vez con otra partida destinada a paliar la pobreza energética, que gestiona a través de Cruz Roja, y que se ha duplicado, de 400.000 a 800.000 euros.