Un funcionario de la administración de Justicia y un abogado se enfrentan a una petición de diez años de cárcel cada uno de ellos por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa, a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en el reparto de asuntos en los Juzgados de lo Social de Donostia entre los años 2014 y 2018.
Ambos hombres, que fueron detenidos por la Ertzaintza en junio de 2018 en el marco de una investigación sobre la que se decretó el secreto de sumario, han sido acusados de distintos delitos continuados de falsedad en documento público y oficial, daños por alteración de datos informáticos, y cohecho.
Además de las citadas penas de cárcel, el Ministerio Público reclama para el funcionario una multa de 24.400 euros y 17 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, mientras que para el abogado demanda una multa de 60.000 euros y que se le inhabilite para el ejercicio de su profesión durante el tiempo de la condena.
Aunque aún no existe fecha para la vista oral, los hechos serán enjuiciados por un jurado popular, que es el tribunal competente para enjuiciar los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
Las presuntas irregularidades fueron detectadas en enero de 2018 por el Decanato de Donostia que denunció sus sospechas a la Ertzaintza "tan pronto como tuvo conocimiento" del caso.
Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, durante los cuatro años en los que presuntamente se produjeron las irregularidades, el funcionario procesado trabajó en la sección de Registro y Reparto del Decanato de Donostia, donde se presentan los distintos documentos y escritos dirigidos a los distintos juzgados de la capital guipuzcoana.
Las demandas laborales presentadas en esta instancia eran distribuidas posteriormente mediante un sistema "aleatorio" de reparto entre los cinco juzgados de lo social existentes en la ciudad, "con sujeción estricta a las normas" adoptadas por la Junta de Jueces.
Por su parte, el segundo acusado, que ejercía como abogado laboralista en un despacho donostiarra, donde también trabajaba su esposa como letrada, solía intervenir en numerosos procedimientos de incapacidad, impugnación de altas médicas y otras reclamaciones frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El documento del Ministerio Público señala que el letrado quería que esas demandas fueran "tramitadas y resueltas" por determinados juzgados concretos, para lo que presuntamente se concertó con el citado funcionario con el fin de "alterar" el reparto judicial mediante la manipulación del sistema informático, de manera que los casos, "tanto suyos como de su esposa", que él quería fueran desviados al juzgado de "su elección".
Con este fin, presuntamente daba "en mano" al funcionario las demandas laborales que le interesaba mandar a un juzgado en concreto, en lugar de presentarlas en el Decanato, aunque también le entregaba otras cuyo destino le resultaba "indiferente" y que podían ser turnadas "a cualquier juzgado" con el fin de "no llamar la atención".
De esta manera, el funcionario registraba todas ellas con normalidad aunque, en caso de que las que él señalaba no recayeran en el juzgado pretendido presuntamente anulaba el reparto "correcto" y volvía a repartirlo de forma aleatoria para no levantar "sospechas", tantas veces como hiciera falta, hasta conseguir derivarlas al juzgado deseado.
Con este objetivo, el funcionario también llevaba a cabo "alteraciones" en otros procedimientos registrados, con el objetivo de "lograr el fin pretendido u ocultar sus manipulaciones".
En concreto, el texto del Ministerio Público describe cuatro métodos diferentes supuestamente usados por el procesado "para modificar fraudulentamente el reparto", y destaca que en alguna oportunidad llegó a realizar hasta catorce "anulaciones" y nuevos repartos "para lograrlo".
De esta manera, alteró "fraudulentamente" el reparto judicial de forma continuada "durante varios años", entre 2014 y 2018, en los que presuntamente logró desviar "múltiples" demandas a los juzgados que deseaba el otro procesado, a cuyo requerimiento también modificó, de forma "contraria a las normas", la fecha de entrada de las demandas en alguna ocasión poniéndoles un sello con una data "anterior".
La Fiscalía remarca que esta forma de actuar ocasionó una alteración "permanente" y "grave" en el sistema de reparto judicial y en el normal funcionamiento de los órganos judiciales, con "perjuicio" para la administración de Justicia.
En compensación por estos "servicios" que prestaba al abogado, el funcionario presuntamente recibió distintas cantidades de dinero cuya cantidad total no se ha podido "determinar" porque los pagos se hacían en metálico para que no quedara "rastro", si bien estas "compensaciones" motivaron un enriquecimiento económico "injustificado" del funcionario "superior a los 12.000 euros".