Aunque Euskadi no parte de cero en materia de memoria y convivencia, el instituto Gogora ha alumbrado un documento –bajo el título Begiradak. Bases compartidas para la construcción social de la memoria en Euskadi– donde, con el objetivo de propiciar una mirada ética se constata que “toda violación de derechos humanos ha sido, es y será injusta” y en el que se reclama una autocrítica que interpela “directamente y sin excusas” a quienes tuvieron “responsabilidades directas e indirectas” en las diferentes expresiones de terrorismo y de violencia de motivación política y vulneraciones de derechos humanos. El equipo de trabajo que ha dado forma a este proyecto lo componen Josu Elespe y Maria Jauregi, familiares de víctimas de ETA; Axun Lasa, víctima de torturas y hermana de una víctima del GAL; así como los historiadores Unai Belaustegi, Eider Landaberea y Virginia López de Maturana, quienes recogieron este encargo tres años después de que la ponencia de memoria del Parlamento Vasco llegara a un callejón sin salida, y para el que han contactado durante los últimos ocho meses con una veintena de expertos en disciplinas vinculadas a las políticas de memoria.
La conmemoración del Día de la Memoria ha servido para la puesta de largo de los resultados de este proceso de reflexión “compartida”, donde “no se trata de una suma de opiniones individuales, sino de algo construido desde un denominador común”, algo que pone el foco en lo compartido por todos ellos, en lo que les une, y “no en las diferencias ni en aquello que les separa”. El documento se desarrolla a lo largo de nueve puntos donde, en primer lugar, se apela a “un futuro sin olvido” para que no se proceda a un “borrón y cuenta nueva” sino que la sociedad vasca “quiere mirar al pasado y conocer las graves vulneraciones de derechos humanos, y hacerlo desde posiciones constructivas e inclusivas”, de modo que esto sirva para asentar un modelo de convivencia duradero. En el texto se recoge asimismo la necesidad de “un futuro con memoria(s)” aun siendo conscientes de que en contextos políticos conflictivos y polarizados, “los consensos sobre lo ocurrido suelen ser limitados, y eso conlleva a esforzarse para hallar unos lugares comunes”, que en el caso de la ciudadanía vasca se encuentra en el “marco internacional de los derechos humanos y los valores éticos”.
Nuevos espacios
En tercer término, se hace especial mención a la “superación de los relatos autojustificativos que tienden a “marcar distancia de los demás y perpetúan y cronifican el escenario de unos y otros, de unos frente a otros”. A juicio de los hacedores del proyecto, refugiarse en estos relatos únicamente sirve para “levantar muros de contención que aíslan, excluyen y nos alejan de la construcción de nuevos espacios para una convivencia democrática”. El cuarto punto señala que es prioritario desempeñar una “revisión crítica y autocrítica del pasado”. “Las sociedades que así lo hacen tienen más garantías de no repetición. Es un ejercicio recomendable para todos y obligatorio para quienes han tenido responsabilidad directa e indirecta en todas y cada una de las vulneraciones de derechos”, puntualizan, destacando que “esta mirada al pasado debe incorporar una dimensión y una valoración ética porque toda violación de derechos humanos es injusta. Ni los conflictos políticos ni la razón de Estado justifican, en ningún caso, el uso de la violencia”.
Asimismo, este trabajo emplaza al “derecho a la verdad”, un pilar fundamental en el que anclar la memoria para la convivencia. “Conlleva además un deber para las instituciones públicas, la academia y los agentes sociales. La verdad requiere en primer lugar de conocimiento, que ha de ser generado y transferido”. De igual manera se considera esencial el “reconocimiento de todas las víctimas como eje de las políticas públicas de memoria”. Se subraya en este sentido la “dimensión didáctica y pedagógica de los testimonios y el poder que tienen para humanizar los conflictos y conectar con la persona que sufre”. El séptimo apartado está dirigido al “deber de transmisión”, es decir, la puesta en valor de iniciativas como Adi-Adian, o la potencialidad de los productos culturales de ficción para aportar otra visión distinta y a la vez complementaria”.
Compromiso y valentía
Los autores destacan igualmente que la responsabilidad de la construcción de una convivencia democrática requiere la voluntad y el compromiso de toda la sociedad ya que es una “responsabilidad compartida”. Por ello, interpelan a todos y a aquellos que cuentan con mayor capacidad de incidencia a “ejemplificar con las propias palabras y actuaciones en el espacio público los valores que se adscriben a la convivencia pública”. Es hora, dicen, de “construir un nuevo espacio público, abierto, inclusivo y de respeto y diálogo democrático”, para lo que se requiere de “voluntad, compromiso y valentía para salir de las zona de confort” y de “asumir riesgos”. Por último, se resalta que la sociedad vasca “se pregunta por su pasado reciente, por las décadas de terror y graves vulneraciones de derechos humanos que han formado parte de las vidas de varias generaciones”. “Mira al ayer (memoria) por la necesidad de comprender lo ocurrido y de crear unos mimbres sólidos que garanticen la no repetición y una convivencia democrática sólida (futuro)”, zanjan.
Bajo todas estas premisas, desde el instituto Gogora, que depende del Gobierno vasco, se ha querido lanzar este compromiso de preservar y transmitir la memoria democrática, de promover “una memoria crítica del pasado de terrorismo y violencia”, y de “impulsar un acuerdo plural sobre principios y bases para nuestra memoria reciente como aportación significativa a la convivencia en la diversidad”. Los autores del documento han realizado esta tarea con autonomía y discreción, cimentándola sobre el método científico, la experiencia de las víctimas, los derechos humanos y un propósito constructivo e inclusivo. A él se pudo llegar después de que en el Consejo de Dirección de Gogora del pasado febrero, la iniciativa cosechara 18 votos a favor y cuatro abstenciones, de grupos sensibles como EH Bildu, PP+C’s y de los dos miembros de Eudel. Como ya adelantó la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, se trataba de “mirar a través de los ojos de las víctimas y trascender de la simple memorialización de la historia”, o lo que es igual, de historizar esas memorias tratando de explicar y de comprender los porqués”. El proyecto se sustenta en dos mandatos, el del programa de gobierno 2020-2024, que aboga por “promover una memoria crítica del pasado de terrorismo y violencia”, y el plan de Gogora 2021-2024, que plantea dar impulso a un acuerdo plural sobre la memoria reciente para aportar a la convivencia.