Gonzalo Boye llega a la Audiencia Nacional arropado por una veintena de dirigentes de Junts

Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha llegado este lunes a la Audiencia Nacional arropado por una veintena de dirigentes de Junts, para quienes el juicio contra él por presunto blanqueo de capitales es "un montaje con claras motivaciones políticas".

"Es una nueva muestra de la falta de calidad democrática de la cúpula judicial española, como también la no aplicación de la ley de amnistía", ha denunciado el portavoz de Junts, Josep Rius, en declaraciones a los periodistas a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

Según el portavoz del partido catalán, Boye no estaría sentado en el banquillo de los acusados si no fuera el abogado de Puigdemont.

Además de Rius, han acudido a las puertas de la Audiencia Nacional el expresident de la Generalitat Quim Torra, los portavoces de Junts en el Congreso y el Senado, Miriam Nogueras y Eduard Pujol, respectivamente, y el diputado Josep Cruset, entre otros dirigentes.

Boye ha recibido también el apoyo de un grupo de abogados que portaban una pancarta con el lema "Never surrender" ("Nunca te rindas") y con quienes ha conversado unos instantes antes de entrar en la sede judicial.

El abogado de Puigdemont se sienta en el banquillo junto al histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, por presunto blanqueo de capitales en la 'Operación Mito', relativa a la introducción de casi cuatro toneladas de cocaína.

El juicio, que está previsto que se prolongue hasta el 30 de enero de 2025, reunirá a casi medio centenar de acusados.

Esta será la segunda vez que Boye se enfrente a un juicio como acusado en la Audiencia Nacional. El primero resultó condenado a 14 años de prisión, en 1996, junto a otros dos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno por colaborar con ETA en el secuestro del industrial español Emiliano Revilla.

En el presente caso, Boye fue procesado por la magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, por su presunta participación en el operativo orquestado con el objetivo de recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid-Barajas en febrero de 2017.

Estos 'correos humanos', que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron interceptados y esto provocó, según el relato de la magistrada, que los 'narcos' contactaran con Boye y con otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.

De este modo, Boye y otros dos abogados se sentarán en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía. El fiscal solicita para Boye 9 años y 9 meses de prisión mas una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial.

Para Sito Miñanco, la Fiscalía Antidroga interesa 31 años y 6 meses de cárcel y 950 millones de multa por los delitos de tráfico de droga en el seno de organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.

La "pléyade" de Miñanco

Todos los acusados están vinculados a la investigación desarrollada en el marco de la 'operación Mito', centrada en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en el territorio español más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.

Esa organización, según el escrito del fiscal, recogido por Europa Press, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales, y todo ello mientras el narcotraficante gallego se encontraba en tercer grado penitenciario fruto de una condena previa a 16 años y 10 meses de prisión.

Ese tercer grado le permitía trabajar en un párking de Algeciras, pero "su única y verdadera actividad profesional continuaba siendo la introducción de sustancia estupefaciente" en el Estado español, dado que mantenía la confianza de las organizaciones suministradoras y contaba con la logística suficiente.

El fiscal explica en su escrito que Sito Miñanco "contaba con (...) una pléyade de individuos que acumulaban una notable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, dispuestos a participar en estas iniciativas criminales, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad" que les pidiera.

Por eso, el Ministerio Público asevera que en realidad Sito Miñanco "había hecho del narcotráfico su modus vivendi de manera continuada y estable" a pesar de las diversas condenas impuestas por delitos contra la salud pública. "Carecía de la más mínima voluntad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad", explica.

Y resalta que tal era la "naturaleza eminentemente personalista" de la red que "todas y cada una de las decisiones eran adoptadas o supervisadas" por Sito Miñanco --que usaba el alias de Mario-- pese a las limitaciones que representaba su régimen penitenciario.

Para no llamar la atención de la Policía, explica el Ministerio Público, Sito Miñanco se apoyaba para los contactos y las operaciones tanto en Enrique García Arango, su lugarteniente, como en Juan Antonio Fernández Fernández, hombre de su máxima confianza. Por debajo de ellos, una quincena de personas contribuían a demanda para transporte de droga o dinero, preparar o pilotar embarcaciones, o incluso realizar labores de contravigilancia.

El fiscal apunta que para posibilitar la ocultación de los beneficios procedentes del narcotráfico, Prado Bugallo también había creado una estructura societaria "de la que él era el único titular efectivo pese a que, aparentemente, la propiedad correspondiera a terceros".

Además, se procuró la asistencia de 'correos humanos' "que participaban en la ocultación de los beneficios procedentes de su actividad criminal, que en última instancia se transportaban a Colombia".

Thoran y Países Bajos

El escrito detalla que gracias a la investigación policial se dio al traste con dos operaciones de la red que pretendían introducir "enormes" cantidades de cocaína en el Estado.

Una tuvo lugar en octubre de 2017 cuando se abordó el buque Thoran, que transportaba 3.3 toneladas de cocaína; y la segunda fue la aprehensión de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia en noviembre del mismo año.

El fiscal detalla que dada la complejidad de esos movimiento de Sito Miñanco llegó a asociarse con otro de los acusados, Raymond Van Rij, que tenía contactos con suministradores en Ecuador, y capacidad de almacenamiento y venta a terceros en Países Bajos.

Tras detallar los preparativos de la organización para introducir la cocaína en el Thoran, explica que "pese a la apreciable dedicación y esfuerzos de los acusados para culminar con éxito esta operación (...) fue abordado en las proximidades de las Azores", y se detuvo a la tripulación turca y al capitán, de nacionalidad azerbaiyana.

Recuerda que este buque, en las inmediaciones de Guyana "apagó sin motivo alguno el sistema de localización AIS, que permitía transmitir información sobre la identidad del buque, su posición, rumbo, o su velocidad".

Juicio en el aire

Si bien el juicio está programado para que arranque este lunes, varios acusados han interesado suspenderlo dado que otro de los encausados se encuentra cumpliendo pena de cárcel en Senegal y consideran que debe asistir a la vista para no menoscabar su derecho de defensa.

El tribunal, de la Sección Tercera, tendrá que analizar en la primera sesión, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), si acoge esta petición o decide arrancar la vista.

En una providencia reciente, además, los magistrados ya han dado luz verde a que Sito Miñanco, y en general los encausados, declaren en el juicio en el último momento, una vez se hayan producido todas las testificales y periciales programadas.

Además, se da la circunstancia que después de presentado el escrito de acusación, dos de los 48 encausados han fallecido. Por lo que la causa quedará extinguida para ellos.