Gonzalo Boye: "Yo tengo una mesa de diálogo con mi hija de doce años, pero nunca he negociado con ella"

Rostro de la estrategia jurídica del soberanismo catalán en la UE, Boye ofrece al GRUPO NOTICIAS su visión de la Justicia española y del derecho a decidir

pamplona – Gonzalo Boye (Chile, 1965) pisa Bilbao con motivo de una charla de Gure Esku Dago sobre lawfare o judicialización de conflictos políticos, materia en la que este letrado es experto, lo que le ha llevado a ser el principal asesor de Carles Puigdemont en su batalla en los tribunales de la UE, a la par que acarreado problemas con la Audiencia Nacional.

Históricamente la única respuesta del Estado a movimientos soberanistas o reformistas ha sido la judicialización o 'lawfare', con consecuencias por todos conocidas. ¿Sigue dándose ese fenómeno?

—Creo que el sumario 13/13 que se está desarrollando en la Audiencia Nacional es una evidencia más de lo que se viene arrastrando desde hace muchos años. Lo que pasa es que en la época en que ETA actuaba, la propia actuación armada impedía ver o criticar las actuaciones del Estado, que también eran vulneradoras de derechos. El caso catalán lo ha puesto muy en evidencia, porque al no haber ningún tipo de violencia lo que se ha visto es que no es (como nos llevan diciendo 40 años) que sin violencia todo se puede hablar, sino que hay cosas en España que no se pueden hablar.

¿Confía en que pueda aminorarse esta judicialización o estamos por el contrario ante una involución y un mayor uso del 'lawfare'?

—Yo pienso que estamos en un proceso de involución, pero también tengo confianza en que la Unión Europea jugará las cartas que tiene que jugar para tener dentro de sus estados, de los grandes estados europeos, uno más de carácter democrático.

Pero hasta el momento la UE ha hecho la vista gorda con España, incluso con las resoluciones de Estrasburgo sobre la mesa.

—Eso es así, la UE ha sido muy condescendiente con España, pero lo ha sido también dentro de un marco de existencia de una lucha armada que era incompatible con el planteamiento europeo. A partir del caso catalán la UE empieza a ver las disfunciones del régimen español y eso les lleva a ir poco a poco tomando medidas.

¿Es Europa por tanto la única vía para que el Estado profundice en la senda democrática?

—El Estado ha tenido más de 40 años para hacer una transición en forma, una transición plena. No la ha hecho y alguien tendrá que obligarles a hacerlo. Y quién mejor que la UE.

En Euskadi las cuestiones relacionadas con el derecho a decidir han pasado a segundo plano en los últimos años mientras que Catalunya ha sido objeto de una eclosión del soberanismo.

—Lo que pasa es que cuando termina un proceso de lucha armada viene un proceso de recomposición y que en el caso vasco ha sido excesivamente largo. Yo no entiendo por qué sigue habiendo presos; por ejemplo, el Reino Unido e Irlanda esto lo solucionaron rápidamente y desde una perspectiva de madurez democrática. Evidentemente, una vez que se solucione el problema de los presos vascos, estoy convencido de que la siguiente etapa en Euskadi será la de plantearse la reivindicación de sus derechos.

En Catalunya el panorama tampoco es el de 2017. Hay un president de una ERC que antepone ahora la bilateralidad, indultos por parte de Moncloa, una mesa de diálogo... ¿Cómo hay que leer este escenario?

—Yo en general no me pronuncio sobre temas políticos, ni mucho menos sobre políticos en ejercicio. En cuanto a la mesa de diálogo, yo tengo una mesa de diálogo abierta con mi hija pequeña de doce años, pero nunca he negociado con ella.

Le veo un tanto escéptico.

—Yo confío en que algún día se den cuenta de que es necesario un diálogo para reconstruir las confianzas y que ese diálogo permita llegar a una negociación. ¿Dialogar por dialogar? Es un ejercicio muy sano, pero no le demos un carácter político.

En cualquier caso, ¿los intentos de acercamiento del Gobierno de Sánchez hacia Catalunya influyen negativamente en la estrategia jurídica de internacionalización del conflicto que usted ha defendido en la UE?

—Desde la perspectiva jurídica, no solo no lo debilitan sino que lo refuerzan. Es una medida de gracia muy especial, muy particular, que solo afecta a nueve personas pero es un reconocimiento implícito de la existencia de un conflicto político que requería medidas excepcionales. Por otra parte, yo me alegro mucho de que los nueve presos ya no estén en prisión, pero yo tengo un número mayor de defendidos que arriesgan penas de cárcel importantes.

¿Los indultos pueden cambiar en algo la situación de los exiliados?

—Se quedan exactamente igual.

¿Tenía una amnistía encaje en el ordenamiento jurídico español?

—Teniendo dos conflictos, como son el vasco y el catalán, en los que todavía hay una parte represiva importante; evidentemente debería buscarse una solución definitiva, general y que abarcara tanto a los presos vascos como a los represaliados catalanes, que van a terminar siendo presos.

Parece difícil que la Justicia española tolere una ley así.

—El problema es que las leyes las hace el poder legislativo, que es soberano, y el legislativo tiene que dejar de actuar como si estuviese tutelado por el judicial.

Pero después se produce un bloqueo por parte de los organismos judiciales.

—Bueno, se trata de buscar mayorías. Creo que en el conjunto del Estado hay una mayoría demócrata. Si los proyectos son interesantes desde la perspectiva del desarrollo de la democracia, estoy seguro de que van a contar con las mayorías necesarias.

El problema pueden ser las mayorías reforzadas que requiere la reforma de órganos como el CGPJ.

—Sigue siendo una mayoría alcanzable. Llevo 30 años en España escuchando que la forma de reformar la Constitución la hace inviable. No difiere de la fórmula de la Constitución chilena que estableció Pinochet. Y en estos momentos se está celebrando una asamblea constituyente en Chile que conllevará una reforma integral de la Constitución, que es un proceso que se hace siguiendo los criterios de mayorías requeridos por Pinochet. Los pueblos maduros siempre encuentran la fórmula para saltarse los corsés dictatoriales.

En el Estado no existe esa madurez entonces...

—Hay una falta de cultura democrática muy importante, sin duda.

Volviendo a los exiliados, se habla de una reforma o derogación del delito de sedición que podría facilitar su regreso a Catalunya.

—El president Puigdemont ni se exilió para resolver sus problemas personales ni va a volver para resolver sus problemas personales. Él se exilió por un proyecto político y estoy convencido, hablando mucho con él, de que lo va a llevar adelante. A mí me parece una buena iniciativa que se reforme el delito de sedición y me parece una mejor iniciativa que se derogue. Es un delito evidentemente antidemocrático.

¿Ha aconsejado usted a Puigdemont solicitar la nacionalidad belga?

—No la ha solicitado ni lo ha planteado, eso es un bulo más de los muchos que se generan en torno a él. El problema es que hay gente que oye campanas y no sabe la melodía que se está tocando. El president Puigdemont la única nacionalidad que está solicitando es la catalana.

Queda por resolver el levantamiento de la inmunidad de los tres eurodiputados de Junts, suspendido cautelarmente. ¿La Justicia europea les dará la razón?

—Nosotros tenemos la razón. La hemos tenido desde el primer día y creo que poco a poco lo vamos demostrando. De momento nos han dado las cautelarísimas, que dicen que a primera vista hay caso sólido.

Se aprecia una fractura en el independentismo, con las estrategias divergentes de ERC y Junts en lugar del bloque sólido de antaño.

—Yo creo que ahí siempre pecamos de lo mismo: pensar que los movimientos los componen los que los representan y no los representados. Cada vez que voy a Catalunya me doy cuenta de que hay una unidad de acción muy potente entre los ciudadanos independentistas y de que en las alturas hay discusiones entre algunos que son francamente autonomistas y otros que son independentistas.

La persecución al soberanismo continúa en el Tribunal de Cuentas. ¿El fondo del Govern servirá para dar carpetazo a las fianzas?

—Yo lo veo como una solución perfectamente legal pero además como una solución ética. La Generalitat sostiene que no se le debe ningún dinero. No quiere un enriquecimiento injusto y no puede coger avales de terceros para algo que no se le debe.

Usted denuncia también la persecución contra su persona por parte de las 'cloacas del Estado', con allanamientos en su despacho y un registro en su domicilio.

—En mi casa y en mi despacho han entrado con autorización judicial, una autorización basada en un testimonio comprado, porque compraron una declaración a cambio de concederle la libertad a un presunto asesino. Y después han entrado otras dos veces más en mi despacho sin ninguna autorización. Esto me recuerda a la situación de compañeros abogados y amigos en Sri Lanka, Turquía, Irán... En sitios muy democráticos, digamos.

Dice asimismo que su imputación por blanqueo de narcotráfico (en la causa de Sito Miñanco) es un montaje de las 'cloacas'. ¿Hasta ese punto llegan sus hilos?

—Sí, claro. Esto es tan sencillo como lo siguiente: la UDEF, que es la misma que montó la operación Kitchen, es la que dice que yo falsifiqué unos contratos. Después de hacer un registro y no encontrar nada ya cambian la declaración y dicen que no los falsifiqué pero sabía que eran falsos. Pero es que ni son falsos ni yo sabía nada, porque solo he hecho un trabajo de abogado. ¿En qué se basan? En una especulación de la UDEF y en el testimonio comprado de un presunto asesino, al que a los cinco días de declarar en mi contra se le pone en libertad aunque había pruebas de que había ordenado un asesinato.

Y todo esto acaba en la Audiencia.

—Acaba en el mismo juzgado de siempre. En dos años he tenido dos causas con la misma jueza en la misma Audiencia Nacional, una jueza [María Tardón] que fue miembro del PP y cuya afinidad política todos conocemos.

¿Cree que este calvario se debe únicamente a su defensa de los exiliados o es por el conjunto de sus actividades como letrado?

—Yo llevo casi 20 años ejerciendo la profesión y nunca me habían imputado o sancionado, y nunca me habían hecho cinco inspecciones de Hacienda y cuatro de la Seguridad Social. Tampoco me habían entrado al despacho, me habían amenazado de muerte, insultado en la calle o intentado agredir. Llámame loco, pero es que las cosas son como son.