Gudari, trompetista, agente secreto... y torturado por el régimen franquista

Txomin Letamendi Murua es una de esas personas que, habiendo sido protagonista activo de episodios relevantes de la historia de Euskadi, nunca ha acaparado la atención suficiente en los libros de historia de este país y en la sabiduría popular y el imaginario colectivo. Paradójicamente, tras casi tres cuartos de siglo desde su muerte, su historia empieza a romper ese muro de silencio, aunque solo sea por las crueles causas que precipitaron su muerte que ahora empiezan a ver la luz. Según ha podido saber este diario, el Juzgado de Instrucción nº5 de Donostia ha admitido a trámite la querella presentada por su familia por un delito de lesa humanidad por las graves torturas físicas y mentales que practicó con él la policía franquista, así como por las condiciones penosas de prisión que le condujeron a la muerte el 20 de diciembre de 1950.

La querella está presentada contra José Nogues Recoo y Fernando Escudero Arcocha, Inspector Superior y Agente de la policía franquista de la época, respectivamente. Ambos fueron algunos de los encargados de la custodia de Txomin Letamendi (los que se han podido acreditar) durante su estancia en prisión y participaron en los interrogatorios.

Los hechos objeto de la denuncia se basan en las torturas a resultas de las cuales murió Txomin Letamendi y que fueron practicadas en Barcelona, Donostia y Guadalajara por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un contexto de persecución política sistemática en la que campaba a sus anchas el régimen del dictador Francisco Franco. El auto dictado por la magistrada Silvia Villanueva Hormías conmina a informar de los hechos que se les atribuyen a los dos querellados y a recabar su filiación completa y su domicilio actual.

El juicio contra estos dos expolicías simboliza la impunidad del régimen franquista en relación a los miles y miles de personas que sufrieron la tortura durante la dictadura, que en muchos casos derivaron en la muerte. Todas y cada una de ellas tienen su intrahistoria, su denuncia y su derecho al reconocimiento, la reparación y la memoria, pero el caso de Letamendi (Bilbao, 1901) es singular por los matices del personaje.

Su juventud la desarrolló en las calles y plazas de la capital vizcaína y allí cultivó su faceta musical, combinándola con el activismo político comprometido con la causa de la libertad de Euskadi y la democracia. Fue músico en diferentes bandas y en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, en los que destacó como trompetista. En los locos años 20 formó el grupo de jazz Elola Band, llegando a tocar en diferentes salas y conciertos e incluso viajando a Nueva York donde ofreció bolos en afamados teatros y recintos muy populares.

Durante la Guerra Civil fue comandante de gudaris y resistente antifranquista. Fue capitán de la Compañía Azkatuta y luego del Batallón Aristimuño, el más numeroso del Ejército de Euzkadi. Tras la caída de Bilbao a manos de los franquistas tuvo que exiliarse a París donde colaboró con los Servicios de Información Vascos, bajo las órdenes del lehendakari José Antonio Agirre.

En la capital francesa conoció a la ondarrutarra Karmele Urresti, enfermera y componente del coro Eresoinka. Siguió con su actividad musical y participó en una orquesta de tangos con la que actuó en diversos escenarios.

Lehendakari Agirre

La Segunda Guerra Mundial y la entrada de los nazis a la ciudad de la luz obligó a la pareja y a su hija Ikerne (un año después nacería su segundo hijo, Txomin) a exiliarse en Caracas (Venezuela). Tampoco allí se deshizo de la trompeta y con este instrumento tocó en diferentes orquestas y bandas famosas.

Eran los comienzos de los años 40 y ya para entonces se había ganado la confianza y el aprecio del lehendakari Agirre al que no pasaron desapercibidas las cualidades de Letamendi. El jefe del Ejecutivo vasco en el exilio, buen conocedor de su experiencia en el ejército y en la resistencia, le solicitó que continuará trabajando como agente secreto y como tal trabajó en un equipo de espionaje dirigido por Blas Garate. Este grupo protagonizó en Caracas en 1942 la exitosa Operación Sangroniz, que sirvió para ganarse la confianza de las agencias de espionaje estadounidenses (OSS y FBI), para que los americanos ayudarán después a poner fin a la dictadura de Franco, si bien esto nunca ocurrió.

En 1943, el lehendakari le pidió volver a Euskadi para seguir como agente secreto e integrarse en la red de espionaje vasco con el nombre ficticio de Darío Landa. Volvió a su Bilbao natal y coordinó grupos de intercambio de información de Bilbao y Madrid. Pero la policía secreta le pisaba los talones y tuvo que huir de la capital vizcaína y esconderse en Donostia. Allí permaneció unos meses e hizo valer sus conocimientos de mendigoizale para utilizar los pasos fronterizos en el intercambio de información y refugiados.

Delegado clandestino

Como suele ocurrir en las buenas películas, su buena estrella acabó con una imprudencia y lo apresaron con las manos en la masa mientras realizaba una operación en la Estación del Norte de Donostia. Lo apresaron y lo interrogaron valiéndose de las torturas para sonsacarle información.

Fue condenado a dos años de prisión en Madrid (fue entonces cuando nació su tercer hijo, Patxi), pero le liberaron provisionalmente en menos de un año. Regresó a Ondarroa y trató de pasar desapercibido, pero su compromiso le impedía hacerse a un lado y pronto aceptó una nueva misión como militante de EAJ-PNV que seguía siendo. Marchó a Barcelona como Delegado Clandestino del Gobierno de Euzkadi en Catalunya.

En pocas semanas fue apresado de nuevo por la policía secreta y le incautaron documentos valiosos que pusieron a la policía sobre la pista de varios dirigentes de la resistencia catalana. Las brutales torturas le dejaron muy maltrecho y en un estado lamentable, pese a lo cual fue sometido a consejo de guerra y en febrero de 1950 le impusieron una condena de cinco años por un delito de conspiración para la rebelión.

Su deterioro físico y mental en la cárcel de Guadalajara aceleró su puesta en libertad, pero dos meses después, en diciembre, falleció en Madrid, en casa de su hermano Juan. Fue enterrado en la capital del reino, de donde le exhumaron poco después a Bilbao para luego incinerarlo y esparcir sus cenizas en tierra vasca.

Músico, trompetista, gudari, activista político, agente secreto… todas estas facetas reunidas en una persona que ahora se reviven a través de una querella con la que su familia quiere que se haga justicia. Enfrente todo un marco jurídico con sus trabas judiciales para que la querella salga adelante. Principalmente, la Ley de Amnistía, en vigor desde octubre de 1977, que establece la amnistía para todos los actos de intencionalidad política considerados delitos por la legislación ejecutados hasta junio de ese año, fecha de la celebración de las primeras elecciones tras cuatro décadas de dictadura. La amnistía es extensible a las autoridades, funcionarios y agentes de policía que hubieran cometido delitos durante durante la persecución de actos políticos o hubieran violado los derechos de las personas y, por lo tanto, son in-amnistiables. Así lo refrende la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

Los delitos contra la humanidad o de lesa humanidad, como es el caso, no prescriben aunque hayan pasado tres cuartos de siglo, como en el caso de Txomin Letamendi. Sin embargo, los juzgados están desestimando querellas de este tipo e impiden activar una investigación de la causa y en su caso llevar los crímenes a juicio.

Reconocimiento a las víctimas

El colectivo Giza Eskubideen Behatokia ha promovido anteriormente alguna querella de este tipo y considera que las víctimas del franquismo que sufrieron gravísimas violaciones de derechos a finales de la década de los 40 y 50 “están especialmente desprotegidas, no fueron acogidas por decretos de reconocimiento e indemnización para las víctimas directas de la guerra o inmediata posguerra”.

Desde este colectivo inciden en las dificultades que las víctimas del Estado y sus familias encuentran para obtener justicia y reparación y reiteran su voluntad de acometer todas las acciones posibles para demostrar “la impunidad, el encubrimiento a los perpetradores de los aparatos estatales y la inhibición del sistema judicial a la hora de investigar los hechos, establecer responsabilidades y otorgar justicia a estas víctimas”.