Guerras y usurpación: el expolio vasco durante la dictadura franquista

Cuando un país debe aplicar una economía de guerra, ello implica dar una nueva utilización a los recursos existentes; mediante la militarización de fábricas, el racionamiento de combustible y de alimentos; las subidas de precios generalizadas, que suelen terminar en hiperinflación; la utilización de políticas monetarias restrictivas para retirar el dinero de la circulación y así reducen el consumo, la prohibición de atesorar oro y moneda o la subida de impuestos para financiarse; herramientas todas ellas que permitan al gobierno afectado sobrevivir en un entorno tan hostil como es una ocupación militar.

Por eso, para entender las guerras de hoy en día, es bueno echar la vista atrás y fijarnos en las consecuencias que guerras anteriores tuvieron en los bolsillos de los ciudadanos y qué mejor muestra que la pasada Guerra Civil que estalló gracias al golpe militar que triunfó en Álava y Navarra desde el principio, en tanto que fracasó en Gipuzkoa y Bizkaia, un hecho que contribuyó a que la represión se redistribuyese tanto temporal como territorialmente de forma no uniforme.

Así, con su territorio militarmente ocupado desde el principio de la guerra, los guipuzcoanos y navarros no afines a los golpistas tuvieron que huir hacia Bizkaia y Francia, provocando que el Gobierno –de la Euzkadi escrita con zeta de 1937– tuviese que adoptar medidas extraordinarias para dar una solución inmediata a los cientos de refugiados que llegaron al Bilbao todavía libre de ocupación militar de aquellas fechas. Se recurrió a expropiar edificios, así como a imponer sanciones para obtener financiación con la que comprar armas, combustible, alimentos, medicinas y preparar la evacuación de civiles.

Aquel gobierno de coalición producto de las urnas –un gobierno legal y democrático de mayoría peneuvista integrado por nacionalistas, republicanos, socialistas y comunistas– no dudó en obtener dinero de quienes habían apoyado el golpe militar, bien ideológica o económicamente. Así es como personalidades de gran estatus como los Lezama Leguizamón, los Oriol, los Aznar, los Gaytán de Ayala, los Gandarias Durañona; o aristócratas como Evaristo Churruca Zubiria, entre otros, fueron incluidos en los edictos de expropiación. Sin embargo, apenas mediaron tres meses entre los edictos de expropiación y la ocupación de Bizkaia, lo que significó que la mayor parte del esfuerzo incautador quedase en agua de borrajas.

Salvar el patrimonio

La tensión llegó a su máximo nivel en los días previos a la ocupación de Bilbao, tras los terribles bombardeos rebeldes, a cargo de la moderna aviación alemana e italiana que habían destruido Gernika, además de otros municipios como Durango y Amorebieta. Tanta destrucción civil hizo imprescindible salvaguardar vidas y hubo que poner a salvo el patrimonio. Se ordenó embalar pertenencias, cuadros, documentos y bienes valiosos para llevarlos en barcos al extranjero. Y entre todo este desconcierto se abrieron las cajas de seguridad bancarias con el fin de confiscar el oro, alhajas y objetos de valor que en ellas hubiese. Todo ello ante notario y debidamente inventariado para evacuar dichos bienes a Francia y Holanda; una salvaguarda del patrimonio que las entidades financieras y los propietarios afines al fascismo no entendieron como tal, sino que la calificaron de “formidable atraco”.

Tanto las entidades financieras como las autoridades franquistas emprendieron litigios hasta conseguir que todo aquel patrimonio volviese intacto a Bilbao en la década de los cuarenta del siglo anterior, dando paso a una represión económica para con los vencidos de máxima intensidad, que a través de un plan bien estudiado hizo sufrir el bolsillo, tanto de los que se exiliaron como de los que se quedaron, tanto de los vivos como de los fusilados y se aplicó tanto a los de la clase social más alta como al obrero fabril, al jornalero más humilde, o a los ganaderos y agricultores que notaron en su economía, el desastre que supuso el rosario de incautaciones, expropiaciones forzosas, militarizaciones y sanciones pecuniarias desorbitadas.

Ya desde el final de la guerra, se había creado una infraestructura potente, tanto legal (Ley de Responsabilidades Políticas) como institucional, ya que al principio de la guerra se crearon las Comisiones de Incautación de Bienes, en tanto que los posteriores tribunales regionales de responsabilidades políticas se organizaron por regiones –Tribunal de Pamplona para Navarra y Gipuzkoa, Tribunal de Burgos para Álava y Burgos y Tribunal Regional de Bilbao para Bizkaia– y, mientras las comisiones actuaron con un claro matiz vengativo al imponer sanciones imposibles de pagar, los tribunales lo hicieron de una forma más estudiada y racional, es decir, que no actuaron en caliente sino que utilizaron casi todo el intervalo de la dictadura (desde 1939 hasta 1966) y rebajaron a cifras más asequibles algunas de las formidables multas de sus predecesoras.

De este modo se pretendió que pasaran por caja personalidades como Indalecio Prieto, a razón de 100 millones de pesetas de las de entonces, una cantidad realmente estrafalaria; o como cada uno de los que habían sido consejeros del primer Gobierno vasco, a razón de 20 millones de pesetas cada uno, sanción esta última que en el caso del lehendakari Aguirre fue acompañada de la incautación de su empresa familiar Chocolates bilbaínos, así como de multas a todos los miembros de la familia, incluidas su madre y su suegra.

Multa y expropiación

Quizá el caso más conocido de entre los empresarios sea el de Ramón de la Sota, famoso por ser el más voluminoso y formidable de la época, también valorado en una sanción de cien millones de pesetas, pese a que, si se computa las sanciones impuestas al conjunto familiar, el importe de la multa ascendió a 360 millones de pesetas, sin contar la expropiación del resto de bienes. Se atacó no solamente los bienes del difunto sir Ramón, sino que todos sus familiares –incluidos sus trece hijos, nietos, sobrinos, yernos y hasta colaboradores cercanos– fueron igualmente sancionados con multas millonarias; además de haber sido desposeídos de sus numerosos bienes entre los que se encontraban palacios, cuadros, barcos, empresas y la pérdida de control de sus innumerables negocios; entre ellos la Naviera Sota y Aznar, que quedó a manos del primo Aznar, afecto al Régimen de Franco.

La vergüenza de este expolio se extiende casi hasta nuestros días ya que muchos de los cuadros expoliados terminaron decorando viviendas de particulares, despachos ministeriales e incluso paradores de turismo. A día de hoy, uno de sus palacios todavía sigue siendo la Comandancia de Marina y todavía ayer, como quien dice, en junio de 2022, los herederos recuperaron dos cuadros que se muestran en el museo bilbaino de Bellas Artes, lo que obliga a los herederos a seguir litigando sin fin.

Sin embargo, aunque este sea el expolio de mayores proporciones conocido, no es el único. Familias como los Chalbaud Errazquin, los Adán de Yarza, o empresarios mucho menos conocidos que colaboraron con la Marina de guerra de Euzkadi o fabricaron material bélico o simplemente fueron acusados de connivencia ideológica con el marxismo fueron también expoliados, igual que lo fueron abogados, periodistas, arquitectos, ingenieros, médicos, etc.

La guinda del pastel se puso cuando Franco decidió en 1943 dejar las cuentas bancarias de sus enemigos reducidas a una tercera parte de su valor, cuando no a cero, esto último en el caso de los titulares de cuentas bancarias declaradas “improtegibles”. Para ello, se estableció un plan bien estudiado que tuvo como finalidad anular el dinero republicano, ya bloqueado para sus propietarios desde los días de la guerra.

Lo que Franco ordenó fue que estudiasen cómo hacer desaparecer el dinero republicano bloqueado en cuentas para arruinar a sus poseedores utilizando como argumento, la enorme inflación causada por la República, que había sobrevalorado el dinero republicano. Consecuencia de ello, el dinero de los “titulares improtegibles”, pasó a una cuenta especial del Banco de España, un formidable robo que afectó a numerosos excargos políticos y empresarios.

Cuentas bloqueadas

Las cuentas que quedaron bloqueadas definitivamente y cuyos saldos entraron a formar parte del erario del Banco de España, fueron 72 cuentas guipuzcoanas y 293 vizcaínas. Ninguna en Navarra ni en Álava. En total 365 cuentas bancarias expoliadas que pertenecían a sociedades, agrupaciones o asociaciones como la de Auxiliares de Farmacia de Bizkaia, diversas juntas municipales, sindicatos, partidos políticos e, incluso, la del presidente de la guardería infantil del Valle de Mena (Burgos) a quien, por proximidad geográfica, en mala hora se le ocurrió abrir cuenta en Balmaseda. También las cuentas de la campaña Pro Avión Euzkadi y, por supuesto, las de batallones de milicianos y gudaris, las de cooperativas, la del director del Instituto de Segunda Enseñanza de Barakaldo, las de la prensa marxista, las cuentas de las Euzko etxeak, batzokis y casas del pueblo; las de hospitales de sangre que habían funcionado durante la contienda, las suscripciones de los Amigos del Cine Proletario y las cuentas de editoriales consideradas “rojas”, entre otras. La persecución económica funcionó hasta 1966, año en el que se disolvió la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, que dejó definitivamente extinguidas las responsabilidades que pudieran encontrarse pendientes.

No es lo mismo atacar que ser atacado, ni invadir que ser invadido, y precisamente por eso resulta más justificable o entendible la reacción republicana cuando, ante el feroz ataque fascista, recurre a incautar lo que considera necesario para atender las necesidades bélicas y proteger una población y un territorio en peligro. O cuando el Gobierno vasco evacúa el patrimonio al extranjero con dos fines: evitar que caiga en manos del enemigo invasor y salvaguardar su integridad de los durísimos bombardeos, como lo prueban los casos de Durango, Gernika o Amorebieta.

Por el contrario, la incautación, la desvalorización del dinero republicano y el bloqueo de las cuentas bancarias fueron medidas implementadas por los vencedores que tuvieron como finalidad aniquilar definitivamente al vencido. Estuvieron influidas por un manifiesto afán de venganza, pero no por ello se tomaron en caliente, sino que respondieron a un plan cuidadosamente estudiado por expertos en materia económica, tal y como el propio ministro de Hacienda franquista explica en sus memorias o como se refleja en las memorias de la banca privada.

Y todo ello tuvo lugar en la más absoluta impunidad con un silencio que se prolongó hasta bien pasada la Transición y que ahora una parte de la sociedad quiere olvidar para no reabrir viejas heridas. Y yo pregunto, ¿Entonces, la reparación para cuándo? Todo este relato aparece pormenorizadamente detallado en mi último libro, titulado El Expolio, publicado por Txertoa argitaletxea en diciembre de 2022.