Guía para no perderse con la nueva ley universitaria

La tercera reforma universitaria de la democracia reconoce por primera vez el derecho de los estudiantes al paro académico, pone frenos a la precariedad laboral, abre la puerta a ser rector a los no funcionarios y se compromete a subir el gasto público en la educación superior del 0,7 % al 1 % del PIB en 2030.

El proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), aprobado este jueves en el Pleno del Congreso, contempla las siguientes novedades:

ESTUDIANTES:

Su participación en los órganos de gobierno de la universidad como el claustro o los consejos de facultad o departamento alcanza un mínimo del 25 % cuando la actual Ley Orgánica de Universidades (LOU) no asegura ningún porcentaje.

Tendrán derecho al paro académico, respetando el derecho a la educación del estudiantado. Las universidades desarrollarán las condiciones para su ejercicio y el procedimiento de declaración del paro académico, que será efectuada por el órgano de representación de los alumnos.

IGUALDAD:

Para crear una universidad pública o privada se deberá contar con planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso.

Las Unidades de Igualdad y las de Diversidad serán obligatorias y todos los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección de personal serán paritarios (mujeres y hombres). Además, en los concursos se podrán aplicar acciones positivas para promocionar con igualdad de méritos al sexo menor representado.

GOBERNANZA Y ESTRUCTURAS

El texto plantea un modelo con cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social.

Las universidades tendrán autonomía para definir sus estatutos y para crear otras estructuras en departamentos y facultades.

UNA CARRERA ACADÉMICA MÁS CORTA, PREDECIBLE Y ESTABLE

La Losu establece una carrera académica con tres etapas en vez de las cuatro de la LOU, acceso, estabilización y promoción, y desde el inicio los estudios de doctorado hasta la estabilización solo pasaran diez años, intentando conseguir así un rejuvenecimiento de la plantilla.

El acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, con un contrato de 6 años (en vez de los 5 de la LOU). eliminando la acreditación para esta figura, y accediendo por concurso público.

Pasados esos 6 años se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o bien de Permanente Laboral, mediante la acreditación pertinente y un concurso público.

De cara a evitar dinámicas endogámicas, en todos los concursos públicos la universidad convocante estará en minoría y los miembros serán escogidos por sorteo.

ELECCIÓN DEL RECTOR O RECTORA

Los candidatos o candidatas podrá ser personal no funcionario y reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los Estatutos.

El Rector o la Rectora se elegirá mediante elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria. La duración de su cargo será de seis años improrrogables y no renovables.

Durante su mandato, no podrán presentarse a ningún proceso de promoción académica ni formar parte de una comisión de promoción.

INTERNACIONALIZACIÓN

Gobierno, comunidades y universidades elaborarán estrategias para internacionalizar el sistema; las alianzas internacionales se refuerzan, con el impulso de títulos compartidos, y se fomenta la movilidad del estudiantado, del profesorado, investigadores y personal administrativo y de servicios.

Además, se agilizan los visados por estudios para atraer talento y, al finalizar el grado, máster o posgrado, se podrá optar a un visado de dos años para hacer prácticas o trabajar.

La Losu crea una nueva figura de Profesorado Distinguido cuya función está dirigida a atraer docentes de prestigio académico e investigador, tanto nacional como extranjero.

FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA

Entre los principales cambios introducidos en la reforma figura la formación a lo largo de la vida, es decir, hacer que las universidades estén dirigidas a todas las edades -solo un 6 % de los matriculados hoy supera los 30 años-.

Así, se establecerán distintas modalidades como las microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración (de 4 a 30 créditos) y que podrán tener reconocimiento académico.

Estas formaciones admitirán tanto a personas con un título previo como a las que solo tienen experiencia profesional pero pueden acreditar suficiente capacidad de seguir ese curso.

FINANCIACIÓN

Se plantea el compromiso de un gasto del 1 % del PIB frente al actual 0,7 % de media después de una década en que las universidades se han visto afectadas por los recortes derivados de la crisis de 2008.

Las comunidades -que aportan casi el 80 % del presupuesto- y el Estado comparten la intención de llegar a este objetivo de gasto, en lugar de acordarlo en una comisión "ad hoc", tal y como recogía el proyecto original del Gobierno.

OBJETIVO PRIORITARIO: REDUCIR LA PRECARIEDAD

El profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 8% del personal docente e investigador (PDI).

Reserva de plaza de hasta un 15 % para el profesorado que lleva años contratado bajo figuras no adecuadas (asociado, visitante u otras) y que han precarizado sus condiciones laborales.

Incorpora la figura del profesorado Sustituto cuya finalidad exclusiva es la de sustituir al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios. De esta manera, se evita que las universidades se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como la del Asociado.

El contrato de los asociados será de carácter indefinido y conllevará una dedicación a tiempo parcial (120 horas), sin que su convocatoria esté sujeta a la tasa de reposición de efectivos. Su contratación no formará parte de la Oferta de Empleo Público.

De esta forma, dice el ministerio, la temporalidad del sistema universitario se reducirá del 40% en las plantillas al 8%.

Los funcionarios deberán pasar del actual 51 al 55 %.

Por último, los colegios mayores no mixtos (segregados) no podrán adscribirse a una universidad pública.