El Foro Social Permanente dice adiós a mediados de marzo con un acto que consistirá en un balance de su andadura y en una declaración final diez años después del inicio de su trayectoria.
¿Por qué han decidido ahora, en este 2023, poner fin a su actividad?
—El Foro Social Permanente nace en 2016, en un contexto de fuertes bloqueos, bloqueos múltiples de la fotografía de entonces. A partir de ahí detectamos dos fases. La primera fase es hasta el 2018, en la que fundamentalmente se afronta el desarme civil y la disolución de ETA. En la segunda fase, en el momento en que se da la disolución de ETA, que coincide además con el hecho de que Pedro Sánchez consigue su primer Gobierno; se genera una agenda consensuada con todos los actores, los gobiernos, los partidos políticos y sindicatos sobre tres aspectos que había que resolver. El primero era el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y superar expresiones de discriminación. El segundo se refería a la aplicación de la política ordinaria y la solución a la cuestión de las personas presas, unidas y deportadas. Y el tercero era el relativo a la memoria, lo que llamamos la memoria crítica inclusiva y lo que se denomina comúnmente la batalla del relato.
Y ahora han hecho un balance sobre dichos tres aspectos.
—Sí. Nosotros ya vislumbrábamos que la mayoría de esos elementos podían entrar a resolverse. En el tema de las víctimas, ahora hay leyes en la CAV y Navarra tanto para las de ETA como para las de la violencia de Estado. Las leyes son el elemento máximo de reconocimiento y de reparación a las víctimas, aunque entendemos que sigue habiendo aspectos que hay que corregir. Por ejemplo, el tema de las víctimas del Estado ha entrado en la agenda y se han detectado una serie de tratamientos asimétricos que ya se están trabajando para generar consensos y que desde los parlamentos se pueda avanzar en corregirlos. Estos tratamientos asimétricos tienen que ver con el nivel de indemnización, pero también con el derecho a la RGI o a la vivienda.
También ha habido avances notables en política penitenciaria.
—Todo indica que en un plazo breve los presos que quedan en las cárceles aledañas estarán en las cárceles vascas y entendemos que el marco de resolución está definido. Ese marco pasa en primer lugar por desmontar las cuestiones de la excepcionalidad penitenciaria o la acumulación de penas. Pasa también por el respeto al dolor de las víctimas y por una política de progresión de grados y de permisos. Evidentemente, han surgido dificultades que no existían hace dos años, curiosamente, como la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de recurrir prácticamente de manera sistemática las decisiones del Gobierno vasco y de las juntas de tratamiento de las prisiones.
¿Y qué me dice de la memoria y el relato?
—El tema de la memoria siempre ha sido el elemento más difícil, aunque es cierto que en el otoño del año pasado se produjeron dos hechos relevantes. El primero es el documento de Gogora, encargado por el Gobierno vasco a tres víctimas. Y, en segundo lugar, las dinámicas del Foro Social de encuentros discretos. Esas dinámicas han generado un ecosistema más favorable para avanzar en ese terreno. Y nos parece que el relato único está agotado. No se puede plantear un relato único, tiene que ser poliédrico y reconocer el conjunto de vulneración de derechos humanos. Y tiene que ser crítico y en ningún caso auto justificativo, como hemos visto recientemente como declaraciones como las de Belloch o Barrionuevo. La conclusión es que este balance nos sitúa en una nueva fase que ya se está abriendo, que requerirá de nuevos objetivos compartidos, deberá afrontar nuevos retos y necesitará nuevos instrumentos.
En esta nueva fase, viendo encauzados la mayoría de sus retos, el Foro Social baja la persiana.
—Sí, aunque nosotros hablamos de terminar el ciclo de trabajo.
¿Pero es un fin definitivo de la actividad o simplemente una transformación hacia algo nuevo?
—No, el Foro Social cierra, se termina. Pero dentro del Foro hay 17 entidades. Esas entidades, los sindicatos, las organizaciones, etc, tienen su actividad propia y todas tienen este tema en su agenda con mayor o menor intensidad, por lo que seguirán trabajando en la medida en que así lo entiendan. Pero lo que es el espacio del Foro Social Permanente termina. Y, de hecho, cuando nacimos solíamos decir que habíamos elegido el peor nombre que podíamos elegir, el de Permanente, porque nacíamos con la vocación de no ser permanentes.
¿Se sienten satisfechos del recorrido? ¿Se ha cumplido lo que esperaban cuando iniciaron su actividad?
—Nosotros sentimos que es un camino compartido. Lo más importante a la hora de hacer una valoración es que nadie imaginaba hace seis años, cuando el Foro Social Permanente se presenta en el 5º aniversario de Aiete, en que hoy en día íbamos a estar donde estamos. Nadie imaginaba un desarme porque estaba todo bloqueado y si no había desarme no había solución. Además, los presos estaban a 1.000 kilómetros en primer grado y en aislamiento. Y en el tema de las víctimas no había una agenda compartida tan fuerte como la que existe en este momento. No podíamos ni imaginar el contexto actual, donde vemos a víctimas de distintas expresiones de violencia que se sientan con toda naturalidad, que se apoyan entre ellas, que son empáticas y que tienen una agenda común.
Aquel desarme de 2017 fue el primer punto álgido.
—Incluso antes de crear el Foro Social Permanente, y después de la disolución de Lokarri en 2015, se organizó en enero de 2016 en Gernika el tercer Foro Social, y los promotores decidimos que fuera temático. Éramos conscientes de que si soltábamos el nudo del desarme se podía generar un efecto en cadena. La entidad alemana Berghof Foundation, que había seguido este proceso desde antes, planteó la idea de que si el Gobierno español no quería hacerse cargo del desarme había que hacerlo con la sociedad civil. Y esa fue la idea que luego fue cuajando. Hicimos un trabajo muy discreto con los lehendakaris de la CAV y Nafarroa, con los partidos y los sindicatos, y se fue generando un consenso para poder avanzar en ese terreno. El resultado fue un desarme completo verificado por la comunidad internacional. Yo creo que fue un elemento que dio garantías a todos los actores y eso generó después ese efecto de ir hacia la disolución de ETA.
Poco después llegó Sánchez a Moncloa y comenzaron los movimientos en política penitenciaria.
—Sí. Y hoy es el día en que ningún preso está en primer grado y solo quedan unos pocos presos en las cárceles aledañas. Además, la mayoría están en posiciones proactivas en los itinerarios de reintegración.
¿Cómo ha influido la transferencia de Prisiones al Gobierno vasco?
—Era un ámbito necesario e importante, porque el hecho de que sean las juntas de tratamiento penitenciario y el Gobierno vasco los que decidan los itinerarios de la integración de las personas presas está permitiendo que en este momento haya más de 30 presos en el tercer grado. Con todas las dificultades después, porque aquí siempre hay claroscuros. En ese terreno, los técnicos del Gobierno vasco están haciendo unos informes muy completos frente a esta actitud obstruccionista de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN)p.
Y, ahora, ¿cuáles son los principales retos en paz, memoria y convivencia?
—Nosotros entendemos que lo fundamental se refiere a las víctimas en este momento. Hay que amparar a las víctimas de ETA que están hablando con voz propia frente a esos ataques tan injustos y brutales que están recibiendo en redes sociales o en ciertos medios de comunicación de Madrid. Y, en el espacio de las víctimas del Estado, hay que superar el tratamiento asimétrico que genera discriminaciones y revictimización.
También quedan escollos en materia penitenciaria, como el ya citado de la Audiencia Nacional.
—Sí. El nudo fundamental es el de la Audiencia, donde la Fiscalía y los jueces están generando un tapón muy importante. Antes los terceros grados se aplicaban inmediatamente, pero ahora dan tiempo al fiscal para que recurra, con lo cual la persona que va a tener el tercer grado es muy posible que no tenga ni la oportunidad de salir el tiempo hasta que se recurra. También hay dos cuestiones fundamentales en la ley penitenciaria. Una, que haya un cumplimiento máximo de 40 años de cárcel y no de 30. Es una decisión política que tiene que ser revertida. La segunda es la acumulación de penas. Es decir, que como dice la directiva europea, las penas cumplidas en dos estados, principalmente el Estado francés y el español, puedan descontarse. Por último, hay un último elemento que es la cuestión de las personas huidas y deportadas, que son más de 30.
Ante los últimos avances penitenciarios, no vemos ya un bloque homogéneo de víctimas de ETA instalado en el no, sino que hay más pluralidad entre las víctimas. Incluso asociaciones como Covite han respaldado los acercamientos y los permisos, siempre que se cumplan las condenas.
—Sí, por supuesto. A eso me refería cuando he hablado de amparar a las víctimas que están hablando con voz propia. Se ha producido una gran evolución en este terreno y pienso que el Foro humildemente ha contribuido con encuentros entre víctimas. La visión que se tenía de una voz única entre las víctimas de ETA se ha ido resquebrajando. Hay una organización mayoritaria, evidentemente, pero también hay otras víctimas. Y lo que nos preocupa mucho es la intransigencia que se está generando en torno a esas víctimas en redes sociales, en ciertos medios de comunicación...
Respecto a la izquierda abertzale, ¿los pasos dados hasta la fecha son suficientes o deben ir más allá en el reconocimiento del daño causado?
—Creemos que quedan muchos pasos por dar por el conjunto de los actores. En la construcción de la convivencia democrática es fundamental el reconocimiento del daño causado. Y eso se está dando. Pero todavía creemos que mirando, a las víctimas y mirándonos a los ojos, hay que dar más pasos en ese terreno. En cualquier caso, hay que valorar positivamente los pasos dados. Para unos pueden ser insuficientes y para otros excesivos, pero esos pasos tienen un gran valor. Han sido pasos multilaterales y quedan algunos por dar, aunque también habría que salir de una lógica del y tú más e ir generando ecosistemas o dinámicas multilaterales. Por ejemplo, un paso muy importante es el informe del Gobierno de Navarra sobre la tortura elaborado por el IVAC. Nosotros creemos que sería muy importante que el conjunto del Parlamento navarro acogiera de manera positiva ese informe. No hay que estar necesariamente de acuerdo con todo lo que se dice dentro, pero sí que hubiera una acogida favorable, porque hoy en día esas víctimas necesitan ese tipo de acogida ante la sensación que han tenido de ser víctimas de tercera categoría.
Esos pasos y dinámicas multilaterales, ¿cómo deberían hacerse?
—Serían deseables iniciativas resolutivas del conjunto de los actores que profundicen en el reconocimiento del daño causado. Partiendo del principio de que las responsabilidades de cada agente que ha ejercido la violencia son, por supuesto, propias e intransferibles, se debería crear un ecosistema favorable que desemboque en un compromiso multilateral para que, mediante la asunción de sus tareas propias, cada parte asuma de manera autocrítica su responsabilidad en torno a las diferentes violencias. Una asunción que debería estar basada en tres ces: crítica, compartida y constructiva.