Política

“Hasta ahora había habido una negación de la tortura y otros malos tratos. Hoy estamos reconociendo esa realidad”

La directora del informe sobre torturas y otros malos tratos cometidos en Navarra desde 1979, destaca el mayor reconocimiento existente de “la realidad de lo vivido”
Laura Pego, en uno de los pasillos del Parlamento de Navarra.

Laura Pego (Pasaia, 1968), doctora en Derecho, investigadora del Instituto Vasco de Criminología y profesora de Derecho Penal y Victimología de la UPV, nos atiende un día después de presentar en el Parlamento foral el informe sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979. Está satisfecha por la buena acogida de “todos los partidos”. Y se congratula de que el actual contexto esté evolucionando hacia una “revisión del pasado y un reconocimiento a todas las víctimas de violencia de motivación política”. “Una investigación de este calibre hace 10 años era impensable”, ejemplifica. Pego pone de relieve la profesionalidad, independencia y rigor técnico del Instituto Vasco de Criminología, encargado del estudio, ante una cuestión tan dura y sensible por visibilizar. Desde 1960 hasta hoy, el IVAC ha datado 1.068 casos de denuncias de tortura y malos tratos en Navarra, lo que, según este Instituto, “permite hablar de abusos a escala importante”, “perpetuados hasta tiempos muy recientes, en menor medida en los últimos años”. El informe está colgado ya en la web del propio Instituto Vasco de Criminología (www.ehu.eus/es/web/ivac)

Destacan que su investigación está inacabada. Los plazos de la financiación impedían concluirla, por lo que necesitan prolongar el trabajo.

–Sí, hemos desarrollado esta investigación en 6 meses, y si bien los datos recogidos ya nos indican que estamos ante un problema importante, no hemos podido abordar en profundidad todos los expedientes abiertos. Por eso, necesitamos seguir trabajando, dar contestación a esos expedientes y abordar otras peticiones que ya hemos tenido desde que cerramos la recogida de datos. Sabemos que estos días, como el tema está en los medios, más personas probablemente se animarán a participar. Eso mismo nos pasó en el proyecto de la CAV, y de hecho, todavía allí seguimos recogiendo casos, como un goteo.

¿Contar ayuda a sanar a las víctimas o les puede hacer empeorar?

–Ambas cosas. Por un lado, nos suelen decir que después de dar el testimonio se encuentran bien, como algo restaurador. Pero compartir esa experiencia tan traumática es revivir lo sucedido y crear cierto sufrimiento al contarlo. Nos cuentan que días antes ya están muy nerviosas, les cuesta dormir, y posteriormente lo mismo.

Una persona que decida ahora participar aún puede dirigirse al IVAC. 

–Sí, tenemos un teléfono del proyecto, el 943 01 81 83. Y también un mail: torturaproiektua.ivac-krei@ehu.es

¿Y si la denuncia es de antes de 1979? 

–Sí. Es una base de datos abierta. El primer informe ya se presentó, pero no hay problema en ampliar los datos presentados en aquel momento. Es un proyecto totalmente abierto.

Son necesarias iniciativas del Estado, como el perdón pedido a las familias del ‘Caso Almería’; eso ayudaría aquí

Conocidos los resultados de sus dos investigaciones en Navarra, ¿cuál es la respuesta política y social que se debe dar sobre lo sucedido? 

–Esta es una investigación victimológica, centrada en las víctimas. El objetivo principal son ellas. Tener en cuenta ese universo hasta ahora negado de personas que han sufrido torturas y malos tratos. Dar respuesta a sus necesidades. Derechos que asisten a todas las víctimas, a estas también: a la verdad, a la justicia y a la reparación. En principio, tenemos que empezar por el derecho a la verdad, y en ello estamos. Hasta ahora había habido una negación de lo vivido. Hoy estamos reconociendo esa realidad. Tenemos que seguir trabajando en esa senda de reconocimiento y preguntar a las víctimas qué necesitan. Por ejemplo, la Red de Personas Torturadas está haciendo un trabajo importante. Hay que garantizar el derecho a la verdad. En Navarra se ha constituido hace poco la comisión creada al albur de la ley de reconocimiento a víctimas de violencia de motivación política. Una iniciativa muy importante en esa senda. En cuanto a la justicia, ya vemos la respuesta que ha dado la ordinaria casi en el 99% de los casos. Hay un problema, la prescripción del delito, difícil de abordar hoy por hoy. Hay otras alternativas, en el ámbito de la justicia transicional y las comisiones de la verdad.

Si todo se ciñe a Navarra y la CAV, y el Estado no aborda su responsabilidad, la reparación cojeará.

–Hay dos velocidades. Por un lado, la de la CAV y la Comunidad Foral de Navarra, acercándose a esta realidad, en el pasado negada. Y por otro lado el Estado como tal, que no hace caso. Incluso niega todavía hoy día lo que ha pasado. Vemos que son necesarias ciertas iniciativas. Estoy recordando el ‘Caso Almería’, en el que hace poco el Gobierno central y la directora de la Guardia Civil en un acto con los familiares de las víctimas reconoció lo que pasó, y pidió perdón a las familias. Ese tipo de actos creo que ayudarían a que las víctimas de nuestro contexto de tortura y malos tratos se sintieran más reconocidas.

La detención incomunicada, en general, da cobertura a este tipo de vulneraciones, porque aísla y evita pruebas

Del 78 al 86 la detención incomunicada era de 10 días. Una barbaridad.

–La detención incomunicada, en general, da cobertura a este tipo de prácticas, porque aísla a la persona detenida del exterior. Y además evita casi al cien por cien la posible prueba de lo que haya sucedido. En aquellos años de periodo de incomunicación de 10 días, tenemos las denuncias de torturas, principalmente físicas, más duras. Un número muy importante de denuncias, además. Ese mismo dato se refleja en el informe de la CAV. Luego disminuyó ese periodo a 5 días. Y las denuncias continuaron.

Cinco días pueden ser terribles.

–Sí, también. Se puede intensificar incluso el maltrato o torturas. Hubo una evolución de la tortura más física una tortura psicológica donde la prueba por medio de señales, lesiones objetivables a simple vista, es muchísimo más difícil. Eso se puede comprobar en esta investigación, y de ahí la importancia del Protocolo de Estambul, y la pericial psicológica para demostrar lo que afirma la víctima. El periodo de incomunicación sigue siendo de 5 días; ha habido modificaciones. Antes las limitaciones se aplicaban todas a la vez, y ahora el juez instructor puede no aplicar todas esas limitaciones de derechos.

Comencé en este tema en un máster de criminología; no era fácil , nos tildaban de hacer ‘el caldo gordo’ a ETA

Un inciso. ¿Por qué se interesó por la tortura y los malos tratos?

–También he trabajado en otras investigaciones relacionadas con la victimología y con el victimario, con el delincuente y con la víctima. Víctimas de tráfico y trata, de violencia por parte de sus parejas, también con víctimas de terrorismo, lo que entiende la ley, de ETA, GAL, grupos de extrema derecha, de extrema izquierda... Igual mi especialidad son las víctimas de la tortura. Elegí ese tema como trabajo de fin de máster de criminología. ¿Por qué? Un poco, creo, por el contexto en el que vivíamos. Se empezaba a reconocer a las víctimas del terrorismo, y en Gipuzkoa, por ejemplo, veíamos que había otra violencia, a la que también era necesario darle luz, un poco lo que estamos haciendo ahora. Era un contexto diferente al de hoy día. Acercarse a ese tema no era fácil. Nos tildaban de hacer ‘el caldo gordo’ a ETA. Posteriormente mi tesis también tuvo relación con este tema.

Se habla de violencias no equiparables, pero todas generan sufrimiento y vulneración de derechos. Incluso hay víctimas con más empatía. 

–Esa es la gran enseñanza que nos dan. No podemos hacer un tótum revolútum, no se puede mezclar, por supuesto. Hay víctimas de diferentes violencias, y dentro de cada grupo el daño sufrido no es el mismo. Pero a todas hay que reconocerles sus derechos: la verdad, a la justicia y a la reparación. Vemos cómo víctimas de esas diferentes violencias mantienen contactos, se reúnen, e incluso comparten esas experiencias dolorosas. Pueden reconocerse en el sufrimiento. Nos están dando una gran lección en esa empatía que están mostrando.

Su compañera de investigación, la psicóloga Jeannette Ruiz, constató que a mucha gente se le hace muy difícil creer que los cuerpos policiales han podido hacer esto.

–No tienen más que oír a las víctimas. Le puede costar a parte de la sociedad, otra parte lo cree y lo sabe. Nosotras solemos preguntar en la entrevista: ¿Qué piensas de la gente que dice que todo eso es imposible que haya pasado? Suelen responder que eso ha sucedido, y es así, que por qué se van a inventar ese tipo de cuestiones.

Las torturas interpelan también a médicos forenses y jueces.

–No tenemos más que recordar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenó a España principalmente por no investigar. Eso interpela directamente a esos jueces de la Audiencia Nacional que no dedujeron testimonio al oír denuncias de viva voz de las personas que pasaban por delante de ellos, o a jueces de instrucción, que ante las denuncias interpuestas por estas personas, no llevaron a cabo una investigación adecuada; lo que viene a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dejación por algunos jueces, no vamos a generalizar, pero en gran medida eso ha sido así.

Igual el riesgo ya no sea la negación absoluta de las torturas, sino acometerlas como algo esporádico.

–Los datos nos indican que no ha sido algo esporádico. Lo dice la propia Amnistía Internacional. Ha sido un problema importante que tenía que haber sido abordado y no lo fue, sobre el que estamos llamando la atención, en los datos y las consecuencias en las víctimas. Es un número importante de personas que alegan haber sufrido este tipo de violaciones de derechos humanos en nuestro contexto.

El TEDH responsabilizó a los tribunales que, pese a su obligación, no investigaron estas denuncias

Destaca las sentencias del TEDH en 5 casos navarros por no investigar y también por tratos inhumanos y degradantes en el caso de Igor Portu y Martín Sarasola. 

–Personas que niegan estas cuestiones argumentan que no podemos afirmar que eso haya pasado. Lo que pasa es que frente a los indicios, por el mal hacer de los tribunales, por no haber investigado, no se puede llegar a la conclusión. Es como cerrar el círculo de la impunidad. Y las instituciones tienen obligación de investigar. El TEDH está responsabilizando a los tribunales que no han investigado esas denuncias, cuando están obligados a hacerlo. El Estado se sujeta en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos el legislativo, con la incomunicación, herramienta muy criticada incluso por organismos internacionales. Tenemos el ejecutivo, la policía denunciada, y el judicial, que tiene que investigar. Si ni siquiera funciona en estos casos el judicial, el que tiene que velar por que no se cometan delitos, y la tortura y los malos tratos son delitos... El TEDH está enfatizando esto. Por eso hablo de una impunidad total. Y de ahí que son muy importantes esas sentencias. Están diciendo que el mecanismo no funciona en este contexto.

“Cuanto más te acercas, menos se cuestiona la veracidad”

Laura Pego reclama que “en esta revisión actual del pasado, tan positiva y necesaria, tenemos que mirarlo de forma integral, y reconocer todas las vulneraciones de derechos humanos que han sucedido, para poder avanzar hacia un futuro en paz en el que todas las personas que han sentido sus derechos vulnerados en este contexto se vean reconocidas y reparadas”.

Su investigación ha detectado entre los casos a 11 menores.

–Incomunicados, la ley lo permite. Aunque numéricamente no sean muchos los casos, la importancia que tiene someter a menores de edad al régimen de incomunicación entiendo que es grave. Estas personas denuncian además torturas y malos tratos.

Dice el informe que el Gobierno español reconoció que entre 2003 y 2007 fueron 3.064 los funcionarios condenados por torturas, ninguno en aplicación de la legislación antiterrorista. 

–¿Qué es lo que pasa con las denuncias de personas que han sido detenidas en el ámbito de la lucha antiterrorista bajo el régimen de in comunicación, que es la gran mayoría, para que esas denuncias no prosperen?

El estudio recoge también testimonios literales, a veces desgarradores.

–Son extractos, para que se vea lo duro de las experiencias vividas por estas personas. Solemos decir que cuanto más te acercas a esta problemática, a las personas y a sus relatos, menos se cuestiona la veracidad de ello.

Tal vez consigan otros 6 meses de investigación, a saltos...

–Todo indica que esto va a ser así. Nos presentaremos, como no puede ser de otra forma. Si no hay un cambio en la política del Gobierno y da una estabilidad mayor al proyecto, seguiremos trabajando así, incluso entre convocatoria y convocatoria para quien quiera participar. Si que es cierto que en la CAV fue diferente. Mantenemos unas subvenciones directas que se van renovando todos los años, lo que nos permite trabajar de una forma más estable en este tema.

La idea es avanzar.

–Igual podríamos ir más rápido, pero vamos poco a poco, y vamos bien. Cada paso que damos lo queremos hacer bien. Más vale igual no hablar mucho, pero que lo que se diga sea para sumar, e ir afianzando poco a poco el camino, los pasos que vamos dando, asentando lo que vamos consiguiendo.

12/02/2023