El Gobierno vasco acaba de aprobar una inyección de 67 millones de euros para equiparar los salarios del profesorado de los centros concertados con el que reciben los docentes de la educación pública de forma gradual hasta 2027. El objetivo de la medida, acordada por el Departamento de Educación durante el primer semestre con las patronales de la concertada y los sindicatos mayoritarios es "seguir avanzado hacia la gratuidad" y que centros no repercutan las subidas salariales a través de cuotas por servicios educativos. Pero sigue en el aire el meollo de la cuestión: cómo se articulará el Servicio Público Vasco de Educación y la gratuidad real de la enseñanza que consagra la Ley Vasca de Educación.
El cobro de cuotas por la enseñanza está expresamente prohibido desde hace cuatro décadas (LODE en 1985 y desarrollado posteriormente por el Gobierno vasco mediante un Decreto en 1987). Sin embargo, es moneda común en los centros privados-concertados y una práctica tolerada por todos los gobiernos, sea cual sea su color político. Lo cierto es que la red concertada vasca es la que tiene mayor penetración social, recibe la financiación pública más elevada y es de las más costosas del Estado. La mitad del alumnado vasco estudia en la concertada, porcentaje que permanece invariable desde la época de la EGB y que solo superan en la OCDE Chile, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido.
Es además el paradigma, simultáneamente, de un muy buen nivel de financiación combinado con unos elevadísimos gastos no concertados. En este sentido, el instituto EsadeEcPol afirma que más de ocho de cada diez colegios concertados se encuentran entre el 33% de los centros con mayor resultado económico (antes de cuotas y gastos no concertados) a nivel estatal, con diferencias mínimas entre etapas. Más del 95% de los centros cobra cuotas. Y pese a este alto nivel de financiación pública, la red concertada vasca es, con una cuota media anual de 959 euros, la más cara después de Catalunya (1.696 euros) y Madrid, (1.156 euros). El Servicio Vasco de Estadística rebaja esa cifra. Según el Eustat la cuota media por escolaridad asciende a 811 euros anuales en Educación Primaria y a 783 euros en Secundaria. La consecuencia más evidente del canon por los gastos no concertados, es decir que van más allá de los previstos en la financiación pública, es que "produce una sobrefinanciación y facilita la selección del alumnado por motivos económicos", según EsadeEcPol.
Módulo económico
La financiación de la red privada se realiza fundamentalmente mediante los conciertos educativos, si bien hay una serie de conceptos que se subvencionan a través de ayudas u otras subvenciones. El Gobierno vasco aprueba cada año en los Presupuestos Generales el importe del módulo económico pleno de sostenimiento de estos centros. El último ejercicio fueron 816 millones de euros para la concertación de 7.445 aulas, además de 2.769 unidades de personal complementario de apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo. Los componentes del módulo son los siguientes: gastos de personal docente y no docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social, los gastos de funcionamiento y los gastos ordinarios de mantenimiento y conservación y la reposición de inversiones reales. Según el Consejo Escolar de Euskadi, los importes totales anuales se han incrementado en torno al 11% en todos los niveles educativos de 2020 a 2022.
La aportación de Educación al módulo económico por unidad van de los 79.415 euros en Primaria a los 126.846 euros de Bachillerato. Además, desde el año 2022 se ha modificado el módulo para incluir la concertación de las aulas de 2 años y la relativa a los especialistas de apoyo educativo. Todo ello ha supuesto un incremento en todos los niveles. En términos globales se ha producido un descenso en la concertación de 2020 a 2022 de aulas en Infantil (70), Primaria (17) y segundo ciclo de ESO (9) y un aumento en el primer ciclo de ESO (12), Bachillerato (18) FP Básica (9), FP Grado Medio (8) y FP Grado Superior (20).
Dos alumnos atienden a su docente en clase.
Equidad y lucha contra la segregación ¿Pero por qué hay que seguir abonando cuotas de enseñanza si están claramente fuera de la ley? Estas son las preguntas que se hacen muchas familias y los agentes que dieron pie al Pacto Educativo del 7 de abril de 2022 suscrito por el 90% de la representación del Parlamento Vasco sobre el que se elaboró la Ley Vasca de Educación de diciembre de 2023. El tema nuclear del Pacto fue la equidad y la lucha contra la segregación. El Acuerdo vinculaba el derecho a la educación con la convivencia positiva y ésta a su vez con la garantía de las posibilidades de escolarización en condiciones de igualdad.
Para ello, se menciona al Servicio Público Vasco de Educación con los centros que intervengan de manera activa en el esfuerzo por superar la segregación y la exclusión social. Así, se garantiza la gratuidad eliminando las cuotas de escolarización y previendo ayudas para participar en actividades complementarias o servicios escolares. Se contemplaban para ello varias medidas. En primer lugar, se instaba al Departamento de Educación a promover un estudio sobre el coste de una plaza escolar para avanzar hacia la gratuidad. En segundo lugar, Educación debía activar mecanismos de control para lograr la gratuidad y asegurar los procedimientos para que la Administración apruebe los cobros a realizar por actividades extraescolares y servicios.
Porcentaje de alumnos que pagan cuotas. Curso 19-20. Porcentaje de alumnos que pagan cuotas por CCAA y por definición de cuota.
La Ley Vasca de Educación recoge estos puntos y dedica todo un artículo (el número 30) a la gratuidad. Literalmente, la norma señala que los centros con financiación pública "no podrán ser receptores de fondos o cantidades procedentes de las familias por enseñanzas impartidas de forma gratuita". Asimismo, en estos centros "no se podrá imponer la obligación de abonar cuotas o realizar aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que afecten a servicios, prestaciones o ámbitos materiales que sean objeto de financiación pública".
Para ello, la ley asigna a Educación tres tareas concretas. En primer lugar, establecer los mecanismos de control "a través de una unidad administrativa específica" que garantizará la efectiva gratuidad de la enseñanza. En segundo lugar, debe regular las actividades complementarias, las actividades extraescolares y los servicios que se presten. Y por último, tendrá que aprobar los servicios escolares y sus correspondientes cuotas, autorizará su cobro y publicará en su web las cantidades aprobadas y sus conceptos "todo ello con el fin de garantizar la debida transparencia".
¿Qué se ha hecho hasta ahora?
En diciembre de 2022, el lehendakari Iñigo Urkullu anunciaba en el Parlamento Vasco: "Estamos reforzando los sistemas de seguimiento, de control y de evaluación. Estamos poniendo en marcha un nuevo proceso. Vamos a adoptar medidas para reforzar el control de las cuotas. Primero, estamos realizando un inventario para identificar en detalle qué tipo de cuotas se están cobrando, y autorizar únicamente aquellas cuotas que sean no educativas. Y, segundo, vamos a publicarlas en la web, para que quien matricule a su niño o niña en un centro sepa qué tipo de cuotas cobra y cuál es su finalidad. Serán cuotas voluntarias por servicios no educativos".
La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa ha declarado públicamente que nos hallamos en "un proceso hacia la gratuidad" aunque "queda trabajo por hacer" para alcanzar ese punto. Hay que tener en cuenta que la ley se aprobó en diciembre de 2023 y que Pedrosa accedió al cargo el pasado mes de junio, tras las elecciones del 21-A y un periodo preelectoral que arrancó precisamente en la recta final de la aprobación de la norma más importante de la pasada legislatura. Preguntada en el Parlamento por la creación de la unidad administrativa para controlar las cuotas, Pedrosa dijo que "estamos iniciado el proceso de activación de los mecanismos de auditoria". Respecto a si sabía qué centros están cobrando y si prevén alguna sanción, la consejera apuntó que cuando finalice el análisis de la información recabada, el Departamento podrá adoptar medidas de refuerzo de control y sanción si procede.
Durante su comparecencia en el Parlamento Vasco para presentar la hoja de ruta que seguirá Educación esta legislatura, la consejera eludió mencionar el tema de las cuotas. En cambio, sí habló abiertamente de la cuestión tras el Consejo de Gobierno del pasado martes aunque sin entrar en detalles. Pedrosa afirmó que la Ley Vasca de Educación "supone una transformación del Sistema Educativo que tendrá como objetivo la prestación de un servicio de calidad" y para ello, se establecen "obligaciones adicionales a los centros que vayan a prestar el Servicio Público Educativo Vasco, entre ellas, la transparencia y el acceso del personal laboral".