"Hay que escucharles y en veinte minutos de entrevista no se consigue el resultado"

En pleno juicio a un hombre acusado de haber matado a su mujer en Bilbao, la abogada de la asociación Clara Campoamor Ana Hernando Tojo valora el caso y la nueva ley de protección a la infancia.

¿Qué opina del caso de Maguette, a cuyo marido se juzga en Bilbao?

—Lógicamente algo ha fallado. Es una mujer a la que debería habérsele prestado ayuda y no se hizo. Hay unas niñas que han quedado absolutamente desamparadas. La estrategia defensiva, con esta alegación de legítima defensa, a priori parece que no tiene un gran sostén porque le asestó más de 80 puñaladas. Espero que, como decían los familiares, se le imponga la pena máxima.

¿Es frecuente que los hijos presencien, como podría haber ocurrido en este caso, los crímenes de sus madres a manos de sus parejas?

—Se han dado casos en los que los menores han sido testigos del crimen o a posteriori han sido ellos quienes se han encontrado el cadáver de su madre. Lo que es muy frecuente es que, cuando en una familia se produce una situación de violencia de género, los hijos estén expuestos a esa violencia. Por eso se hizo hace tiempo una modificación legislativa que les reconocía como víctimas directas, aunque en la práctica ha tenido muy poca aplicación.

¿Qué es lo que ha fallado?

—En los juzgados tenemos por desgracia una aplicación de la ley muy garantista. Hay una falsa creencia de que para garantizar el desarrollo integral del menor hay que preservar la relación con la madre y el padre, pese a que el padre no sea ningún referente para el menor, sino todo lo contrario. Sin embargo, se ha sido absolutamente garantista y hay niños que están visitando a sus progenitores en prisiones para cumplir con el derecho de visitas.

¿Ha conocido algún caso así?

—Tuve un caso en el que el padre intentó secuestrar a la menor. Nos costó muchísimo suspenderle la patria potestad y encima se pretendía obligar a la menor a acudir a prisión a mantener visitas con él. Esto no lo entenderé jamás como que se está velando por el interés superior del menor. Antes, cuando una mujer maltratada denunciaba a su agresor, se la mandaba a casa con él. Eso se hace ahora con muchos menores. Se les manda con la persona que ejerce violencia en el domicilio.

¿Lo solventará la recientemente aprobada Ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia?

—Tengo la esperanza de que con esta ley eso cambie porque ahora sí que se contemplan situaciones en las que, cuando se constate que los menores han presenciado o han estado expuestos a esta violencia, ya no se agrava simplemente la pena del delito, como se hacía antes, sino que eso va a dar pie para que el juez pueda tomar otra serie de medidas, incluso civiles, como privaciones de patria potestad o suspensiones de regímenes de visitas. Espero que se aplique la ley con todo el rigor. De hecho, la ley obliga al juez a tomar este tipo de medidas de oficio porque antes era a petición de parte. Ahora se va a poder adoptar como medida cautelar incluso una privación de patria potestad si se entiende que es necesario de cara a la protección integral de estos menores.

¿Hay alguna carencia con respecto a la participación de los menores en los procesos judiciales?

—La nueva ley ya contempla la prueba preconstituida para evitar una doble victimización de estos menores y que no tengan que declarar en distintas instancias. Cuando tengas a un menor de 14 años la prueba se grabará a través de los equipos psicosociales o de la forma que sea menos gravosa para ellos y luego se reproducirá en el acto de la vista.

¿Qué queda por hacer?

—Pienso que aún no se escucha lo suficiente a los menores. Entiendo que los juzgados tienen una carga de trabajo que no permite destinar mucho tiempo, pero creo que es algo esencial en estos casos. Hay que escuchar a los menores y su parecer y en veinte minutos de entrevista no se consigue el resultado.