Los interminables y costosos trámites burocráticos y judiciales son la herencia que el asesino deja a los hijos de las víctimas de la violencia machista, de los que tiene que ocuparse su entorno más cercano mientras afronta la pérdida traumática de una madre en muchas ocasiones a manos de su propio padre.
“Una pesadilla”, así define Inma las citas administrativas, papeleos y cuestiones judiciales por las que ha tenido que pasar desde el 20 de abril de 2018 cuando el exmarido de su hermana la mató a ella y a su madre en Gasteiz tras quemar el piso en el que vivía la víctima junto a los dos hijos en común, de ocho y doce años en ese momento.
Cuando el Gobierno Vasco prepara un decreto para que los huérfanos de la violencia machista reciban una ayuda de 5.000 euros anuales, Inma asegura que este dinero llega tarde y con retraso respecto a lo que ya está en vigor en otras autonomías, pero que es bienvenido para aliviar la situación en la que quedan estos niños y los familiares que se hacen cargo de ellos e insiste en pedir que se cumpla con el compromiso de que tenga carácter retroactivo y en reclamar que se prolonguen hasta los 25 años.
Reconoce que las cosas han cambiado desde que la vida de su familia diese un vuelco hace casi cinco años, con mejoras normativas como el reconocimiento de estos huérfanos como víctimas de la violencia machista, el incremento de las pensiones que les quedan, y la aprobación de la ley que mejora su protección, aunque explica que una vez más estas reformas pueden llegar tarde para sus sobrinos.
“Desde el momento que hay que pedir la custodia de los niños y que se le retire al padre comienza la pesadilla burocrática y judicial que todavía no hemos terminado”, lamenta Inma, quien explica que fue su hermano, el tío de los niños, el que se hizo cargo de los pequeños, de los que toda la familia paterna se ha desentendido.
Su familia asumió desde el primer momento todos los trámites y todos los gastos y su hermano vio mermados sus ingresos al tener que acogerse a una reducción de jornada a la vez que aumentaban sus gastos. “Su padre les quemó el piso. Destruyó todas sus cosas y todos sus recuerdos. Ni ropa tenía la pequeña para ponerse al día siguiente”, afirma.
A esto se suma la demora que, según afirma, se produjo para intervenir los bienes del asesino de su hermana y de su madre, condenado a 47 años de cárcel, cuatro años después del doble crimen. “Tuvo tiempo de vender un piso, un coche y de sacar el dinero de su cuenta antes de que se la congelaran. Si te deshaces del dinero eres insolvente y ni pueden indemnizar a nadie”, denuncia.
Así que “desde el momento cero” Inma asegura que “tienes que empezar a soltar dinero y tiempo” hasta el punto que estuvo año y medio de baja “y todos y cada uno de los días salía de casa con una carpeta para hacer papeles”, muchos de ellos relacionados con sus sobrinos.
Inma y su familia tienen la impresión de que se podría hacer más para que estos asesinos se hagan cargo de parte de esos gastos y de las indemnizaciones con el embargo por sistema de sus pensiones, que en el caso del padre de sus sobrinos es inembargable al ser menor del Salario Mínimo Interprofesional.
Insiste en que no se trata de una situación aislada porque “muchos huérfanos son acogidos por abuelos con pensiones mínimas” e incluso “tienen que asumir el pago de los préstamos hipotecarios de las viviendas de sus padres”.
INTERMINABLES TRÁMITES
No es el caso de sus sobrinos, el piso que su padre quemó era propiedad de su hermana, pero han tenido que invertir dinero en arreglarlo y hoy es el día en el que todavía no lo pueden vender. “Todos son órdenes judiciales y esperar a las decisiones de los jueces”, explica.
La nota positiva en medio del dolor, del tiempo y del dinero empleados para poner todo en orden es que estos niños han estado arropados por familia y amigos que “se han volcado con ellos”, por lo que destaca la importancia de contar con entornos estables.
Inma insiste en pedir la reducción y la simplicación de todos los trámites también para no tener que “ir de institución en institución contando una y otra vez la historia” y vuelve a reconocer los cambios normativos por los que tanto su familia como otras afectadas han peleado en distintas instancias, incluso las comunitarias.
“El esfuerzo está teniendo sus frutos, pero ha costado mucho”, concluye Inma tras un año 2022 que se saldó en el Estado con 49 mujeres asesinadas y 38 huérfanos.