El Gobierno de Hungría apoya a Polonia tras la decisión del Tribunal Constitucional polaco (TC) que ha determinado la supremacía del derecho nacional sobre el europeo, informó este sábado la agencia de noticias oficial MTI.
El decreto del Gobierno, no publicado aún oficialmente, "saluda la decisión del TC polaco que determinó que el derecho comunitario no es superior al nacional", cita la agencia al portavoz del Gobierno húngaro, Bertalan Hevesi.
Según el decreto del Gobierno del primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán, "la supremacía del derecho comunitario solo existe en el caso de los asuntos donde la UE cuenta con competencias determinadas por los Tratados (Europeos)".
El decreto firmado por Orbán, gran aliado del Gobierno nacionalista conservador polaco, subraya que la decisión del TC polaco fue por "la mala práctica de las instituciones europeas", que tratan de reducir las competencias nacionales "de una manera sigilosa".
El TC polaco interpretó este jueves que algunos artículos del Tratado de adhesión a la UE son incompatibles con la Constitución de ese país.
Según el fallo "los organismos de la UE operan fuera de los límites de las competencias otorgadas por la República de Polonia y, por tanto, determinadas disposiciones del tratado de adhesión son inconstitucionales".
La decisión de la entidad polaca ha generado críticas por parte de la Comisión Europea (CE), cuya presidenta, Ursula von der Leyen, ha expresado su "profunda preocupación" y ordenó el análisis del texto del constitucional.
"Nuestros tratados son absolutamente claros. Todos los fallos del Tribunal Europeo son vinculantes para todas las autoridades de los países comunitarios", enfatizó Von der Leyen.
También el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha subrayado la supremacía del derecho europeo y prometió el análisis del fallo del TC polaco.
El tribunal de Justicia puede emitir cualquier tipo de sentencia y anular las que vayan en contra del derecho comunitario, afirmó Reynders.
Hungría y Polonia son los dos países comunitarios contra los que la CE ha abierto expedientes por las violaciones del derecho europeo, entre otros en materia de separación de poderes e independencia judicial.