La mancha de las actividades del excomisario José Manuel Villarejo se extiende por todos los ámbitos de la vida pública del país como lo haría una fuga de petróleo, pero con un patrón claro: salpicar a todos los ámbitos posibles y amenazar con extender todavía más las implicaciones como argumento principal de su defensa.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, declarará el próximo martes como investigado en una de las piezas que han emergido desde la caída del mediático personaje. Se trata de los supuestos pagos realizados por la eléctrica vasca a la empresa del expolicía, entre otras cuestiones para investigar a Florentino Pérez durante la batalla por el control de la compañía. El presidente del Real Madrid y de ACS se convirtió en un accionista hostil en su intento por comprar la compañía.
El litigio se dirime en la Audiencia Nacional, pero un juzgado de lo Mercantil de Bilbao ya condenó en octubre del año pasado al principal testigo, el exempleado de Iberdrola José Antonio del Olmo, por obtener y difundir facturas claves en este proceso. Pero además otro juzgado está investigando si el dossier presentado por del Olmo es real o si por el contrario es falso, como sostiene la empresa vizcaina. Si el dossier no fuera "útil", decaerían "automáticamente" los indicios en contra de la cúpula de la eléctrica.
Declaración presencial
Sin embargo, los abogados de Iberdrola no han conseguido que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón espere a conocer el resultado de esta investigación antes de citar a Galán.
De hecho, tampoco han logrado que el presidente de la compañía vasca declare de forma telemática el próximo martes para minimizar riesgos en medio de la avalancha de contagios de la sexta ola del covid.
Todo ello a pesar de que Galán se ofreció a testificar antes de que el magistrado lo señalara como investigado. Su objetivo entonces era desmontar la testifical de del Olmo, y esa será precisamente la estrategia durante su comparecencia ante el juez. Lo cierto es que el exdirector de Control de Funciones Ejecutivas de Iberdrola ha caído en contradicciones durante sus comparecencias anterior en los tribunales a los que se ha enfrentado los últimos años.
Del Olmo afirmó en su momento que avisó a sus superiores del carácter ilícito de los pagos a Cenyt, la empresa cabecera del grupo de Villarejo a través de Iberdrola Renovables. De modo que acudió a un notario para que registrara su posición contraria. El caso es que afirmó en una declaración que el notario había analizado la información y la había introducido en un sobre, pero en el acta el notario asegura que desconoce el contenido del sobre, que recibe ya cerrado.
Tampoco fue capaz el testigo de concretar si elevó una copia a su superior y, posteriormente, ha señalado que su superior se quedara con copia alguna. Finalmente, en la sentencia de 30 de septiembre de 2021, del juzgado Mercantil nº1 de Bilbao, el juez concluye en la condena que reconoció haber "obtenido ilícitamente la información empresarial secreta" pese a asegurar que no "sustrajo" las facturas, pero sí que hizo copias. Son cuestiones que siembran dudas en torno a los argumentos de Del Olmo y que tendrán que aclararse las próximas semanas durante el proceso en la Audiencia Nacional, que se reanuda la próxima semana, y el paralelo en el ámbito mercantil.
Testificaciones
Sánchez Galán debe acudir a la Audiencia Nacional el 18 de enero, y ese mismo día está citado el que fuera director de Iberdrola España Fernando Becker Zuazua. Mañana lunes será el turno de el director general de negocios de la compañía, Francisco Martínez Córcoles, y de Orbegozo.
Todos ellos están siendo investigados en la pieza 17 del denominado caso Tándem por delitos de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.
"Desde la necesaria protección del derecho de defensa de los investigados José Ignacio Sánchez Galán y Rafael Orbegozo Guzmán y valorando la necesaria tutela del derecho a un proceso con todas las garantías, quien suscribe esta resolución no identifica en los argumentos esgrimidos por la representación de aquellos motivos sustanciales que, desde la utilidad para la causa, justifiquen que la declaración se realice mediante videoconferencia", subrayó el juez para ordenar la declaración presencial.