Ibon Galarraga: “Las empresas se han dado cuenta de que para ser competitivo se necesita ser sostenible”

El economista Ibon Galarraga (Bilbao, 1973), profesor del Basque Centre Climate Change, ha recibido recientemente el Premio Ekonomistak 2022, que otorga el Colegio Vasco de Economistas, por su trabajo de investigación sobre los impactos del calentamiento global en la actividad productiva. Galarraga urge a actuar con determinación y aboga por medidas de tipo fiscal para frenar la crisis climática.

¿Qué efectos puede tener el cambio climático sobre la economía?

Hay muchísimos impactos físicos, y además muy variados. En la agricultura se pueden dar sequías cada vez más prolongadas. Las actividades que se desarrollan en zonas costeras van a estar sujetas al riesgo de inundabilidad. El riesgo de incendios está creciendo de forma significativa y las olas de calor están causando muertes y enfermedades en todo el planeta. Todo eso va a provocar una subida del precio de los alimentos y una escasez de agua y de materias primas. Con altas temperaturas, además, la productividad de los trabajadores desciende. Sabemos que el cambio climático está afectando a todos los países y sistemas económicos, aunque no manera uniforme, porque varían de un espacio geográfico a otro. Nos preocupa muchos que esos impactos, que ya están ocurriendo lleguen a un punto de no retorno.

¿Puede ocurrir que se logren controlar las emisiones contaminantes, pero que el ascenso de las temperaturas sea algo irreversible?

Sí. La relación entre emisiones y temperatura es compleja. A mas emisiones, más concentración de partículas contaminantes en la atmósfera. Existe una correlacción entre ese fenómeno y la subida de las temperaturas. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a ser estable esa correlación. De hecho, hay mucha evidencia científica que sugiere que nos podemos estar acercando a un estado en el que los esfuerzos para revertir la temperatura ya no va a ser efectivos.

¿Qué situaciones pueden ser las más preocupantes para Euskadi en el futuro?

Los impactos físicos más importantes tienen que ver con el riesgo de inundabilidad, sobre todo en ciudades costeras. Y eso tiene consecuencias, ya que habrá que invertir más recursos económicos para paliar esos riesgos. Hay también un problema de escasez de agua en períodos estivales, especialmente en Álava. También está el problema de las olas de calor, que afectan a la salud de las personas y también a la economía y a la productividad. Por otra parte, puede ocurrir también que se encarezca el precio de la energía por el esfuerzo que hay que hacer para descarbonizar la economía.

¿Está el cambio climático encima de la mesa de la clase política como un asunto prioritario?

Pienso que es una prioridad a muchos niveles, pero es cierto que las soluciones son complejas. Falta agilidad y ambición a la hora de plantear las soluciones. En los años 90 ya se hablaba de los primeros daños del cambio climático y se tardó mucho en reaccionar. Estamos muy lejos de donde deberíamos si queremos que se cumpla el Acuerdo de París. Creo que no hay políticos que no lo consideren una prioridad, aunque es cierto que se piensa en plazos demasiado largos para las transformaciones. A veces se nos olvida la urgencia, porque lo que tenemos que hacer debemos desarrollarlo en la próxima década. Cuanto más tardemos, más costosa en términos económicos va a resultar la transición. En las políticas públicas se echan de menos pasos más decididos, pero es algo complejo, porque la descarbonización es una tarea que hay que realizar sin dejar a nadie atrás.

En países como Francia, los colectivos rurales perciben que son ellos los que más sufren con las subidas de impuestos a los carburantes y a la energía.

En todas las transiciones hay ganadores y perdedores, y en esta también. La gente más débil es la que más pierde. Pero, dependiendo de cómo se ejecute esa transición, se pueden minimizar los impactos. En ese sentido, echo de menos más medidas de fiscalidad ambiental, sobre todo en el ámbito energético, tanto en Euskadi como en el Estado. Los impuestos son reflejo de cómo repartes el esfuerzo en una sociedad. Es lógico que una actividad que genera un impacto ambiental enorme pague para limitar esos efectos. El principio de que quien contamine lo pague es muy importante.

¿Cómo puede contribuir la economía ambiental a una transición justa en términos sociales?

La contaminación tiene un coste que en muchas ocasiones nadie asume. La economía ambiental trata de cuantificar ese coste. Por ejemplo, corrigiendo los precios se corrigen muchas conductas. Los actores que no quieran o no puedan cambiar esas conductas de contaminación van a estar pagando un precio, por vía fiscal, que puede emplearse para compensar esos impactos. Financiar el transporte público con impuestos al transporte privado sería un ejemplo. También se puede trabajar en impuestos como el de Sociedades y el IVA. En el caso del IRPF, reduciéndolo y compensando esa pérdida de ingresos con un impuesto a actividades contaminantes.

¿Cree que el mensaje está llegando también al sector empresarial?

Pienso que muchas empresas se están dando cuenta de que para ser competitivo a nivel económico tienes que ser sostenible. Hay que mantener una relación positiva con el entorno y al mismo tiempo lograr una rentabilidad. Hay muchas empresas que se dieron cuenta de la ocasión que esta transición suponía, porque hay muchas oportunidades para quien sabe aprovecharlas. Es cierto que algunos sectores lo tienen más fácil que otros para desarrollar esta tarea de adaptación, pero considero que el discurso medioambiental, aunque requiere tiempo, está calando como una lluvia fina en las empresas.