Igualdad defiende que el 85 % de los agresores lleve pulsera de control ante las excarcelaciones por la nueva ley

El Ministerio de Igualdad ha defendido la nueva ley del solo sí es sí y pone el foco en que la nueva norma contiene medidas más duras con los agresores que pueden hacer que se retrase su puesta en libertad. Ante las excarcelaciones favorecidas por la ley, la delegada del Gobierno español contra la Violencia de Género aboga por aplicarla en su totalidad, también los mecanismos que pueden retrasar la obtención del tercer grado para los agresores o haciendo que los agresores permanezcan en libertad vigilada -el 85 % de ellos podría portar pulsera telemática- tras la obtención del tercer grado.

Así lo ha manifestado Victoria Rosell después de dar a conocer los datos sobre violencia machista del año pasado. Tras un terrible mes de diciembre, con once mujeres asesinadas, si se observan con perspectiva los datos de todo 2022, estos fueron los menos negativos de la serie histórica con 49 mujeres asesinadas. Junto con los datos de 2016 y 2020, en los que también fueron asesinadas 49 mujeres, la cifra del año pasado fue la menos sangrienta solamente por detrás de 2021, que terminó con una mujer muerta menos. Además, el último trienio ha sido el de menos mortalidad por violencia machista. Por otro lado, dos menores fueron víctimas de este tipo de violencia, la segunda cifra más baja de la historia.

El 79,6 % de los asesinatos fueron perpetrados por los cónyuges de las mujeres víctimas, y el 20,4 % se suicidaron tras cometer el crimen. El 18 % lo intentaron y no lo consiguieron. Un tercio de los asesinos tenían entre 41 y 50 años, y el 59,2 % entre 31 y 50.

Solamente cinco de las mujeres asesinadas en 2022 tenía vigentes medidas de protección y ninguna de ellas pulsera telemática. 3.056 parejas tienen instalado este mecanismo de control, que la delegada del Gobierno español contra la Violencia de Género ha abogado extender. Cree que hay que explotar aspectos de la nueva norma como el que permite la inhabilitación laboral y de la patria potestad de los agresores, que los agresores permanezcan en prisión si no han superado el curso de rehabilitación en prisión, o que permanezcan entre 1 y 10 años en libertad vigilada. Hasta el 85 por ciento de los agresores podrían llevar pulseras de control de control telemático para evitar que se acerquen a sus víctimas durante ese periodo.

Entre los datos más destacados, se da la paradoja de que en el último año más del 40 por ciento de las mujeres asesinadas habían presentado denuncia previa, el doble que en años anteriores, algo que desde el Gobierno achacan al mayor número de denuncia, pero al mismo tiempo ha suscitado un proceso de reflexión junto a las diferentes policías.