El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, ordenó en diciembre atender en 24 horas las peticiones judiciales de instalación de pulseras telemáticas a los agresores sexuales excarcelados tras las reducciones de condenas.
Y es que ante la alarma suscitada por la rebaja de penas tras el solo sí es sí, el Ministerio pidió aplicar esta medida para dar tranquilidad a las mujeres víctimas de esos agresores. De hecho, es la primera vez que estos dispositivos se usarán para casos de agresiones sexuales.
Así lo explicó ayer la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, durante un acto organizado por Igualdad para presentar su Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025. Durante su intervención, Rosell aseguró que aunque lo puso en conocimiento de la Fiscalía, “no me consta por parte del CGPJ porque no se ha ordenado ninguno pero está a disposición de las mujeres que puedan haber sufrido esta particular revictimización”. Y es que reconoció que ninguna mujer lo ha solicitado por desinformación.
Así las cosas, la delegada de Gobierno puso en valor esta medida de protección a las víctimas que se puede solicitar con orden judicial, de forma cautelar o definitiva, cuando se dicta una orden de alejamiento del agresor hacia su víctima. Ya que este dispositivo permite la geolocalización del agresor y de la víctima generando una alerta si el agresor incumple este alejamiento.
De esa forma, la medida que se ha implantado por “la urgencia” de la situación será una realidad en febrero del año que viene, cuando el dispositivo de control para agresores se extenderá a todo tipo de violencias machistas, no solo a la de género, como se ha hecho hasta ahora.
Para ello, en breve se licitará la compra de nuevos dispositivos, mejorados tecnológicamente. En la actualidad hay algo más de 3.000 de estas pulseras en uso y se podrían usar hasta 4.000, tras firmarse un contrato en este sentido por los próximos dos años.
Estrategia hasta 2025
Según explicaron la propia Rosell junto a la ministra de Igualdad Irene Montero y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, el Ministerio contará este año con un presupuesto de 320 millones para la lucha contra violencia machista. Una cifra que ascenderá hasta el “histórico presupuesto”, de 2.308 millones de euros hasta 2025.
La estrategia fue aprobada el pasado noviembre por el Consejo de Ministros, pero no se precisó entonces su respaldo económico, hecho público ayer en el acto en el que se cifró en 266 medidas las que abarca este Plan del Ministerio.
Según explicó Irene Montero, la estrategia ordena a “modo de caja de herramientas o manual de instrucciones” las competencias de cada administración, las distintas responsabilidades y los instrumentos para luchar contra todo tipo de violencia machista, desde la ejercida por las parejas o exparejas, a la violencia sexual, la vicaria o la digital.
Aborto
Por otro lado, la ministra Irene Montero se pronunció también sobre la polémica suscitada por el retroceso de derechos de las mujeres que quiere implantar el Gobierno de Castilla y León en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Y es que la ministra aseguró que la nueva Ley del Aborto, que será aprobada por el Senado en las próximas semanas, expresa con claridad que las mujeres tienen derecho a obtener la información que necesiten antes de abortar. Pero que “en ningún caso” esa información puede ser un requisito para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.
“No nos basta con frenar a los reaccionarios que están poniendo en cuestión nuestros derechos, no nos basta con frenar a Gallardo o Mañueco, necesitamos avanzar en derechos”, afirmó en referencia a la propuesta de Vox en Castilla y León de ofrecer a las mujeres escuchar el latido del feto y ecografías 3D y 4D antes de abortar. Y es que Montero destacó que la norma que saldrá del Senado elimina precisamente la entrega obligatoria del sobre con información y el “periodo de reflexión” de tres días que había hasta ahora.