El Ministerio de Igualdad quiere que todas las mujeres embarazadas tengan derecho, a partir de la semana 36 de gestación y hasta que den a luz, a un permiso retribuido y universal con el fin de proteger la salud materna, y que sea independiente al reconocido tras el nacimiento del bebé. Lo avanza en una entrevista con EFE la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, en la que aborda esta y otras medidas, como el registro de médicos objetores al aborto, incluidas en la reforma de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que está en proceso de negociación con el resto de ministerios implicados pero sobre el que asegura que en el Gobierno "no hay fisuras".
Igualdad ha planteado con esta reforma "dos objetivos ambiciosos", según Morillas: garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública para todas las mujeres y que las chicas de entre 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo lo puedan hacer sin el consentimiento de los padres o tutores. "Es un compromiso político clave que ha sido anunciado y se va a cumplir. Además hemos planteado la necesidad de avanzar en derechos sexuales y reproductivos; desde 2010 –cuando se aprobó la actual ley de plazos– en España hay muchas cuestiones que venían planteándose por parte del movimiento feminista y que ya forman parte del sentido común", asegura la directora.
En este contexto, Igualdad quiere fortalecer los derechos sexuales, "entendiendo que estos son distintos a los reproductivos". Morillas sostiene que España tiene "una deuda" con la educación sexual integral en todas las etapas de la vida y la reforma apuesta porque esté presente desde la educación Infantil, pasando por Primaria y Secundaria. Y que no haya una comunidad autónoma que no garantice este derecho a todos los niños. "En definitiva, que esté incorporada de manera transversal, pero efectiva, en el currículum educativo y que los profesionales dispongan de formación para garantizar que esa educación sexual se da con enfoque de género, de derechos humanos", subraya. Pero también Igualdad persigue que esa educación sexual se ofrezca en espacios no formales, que atienda las necesidades de otros colectivos o de otras franjas etarias, como por ejemplo durante el climaterio y la menopausia. La reforma aborda además la salud menstrual y entiende que los productos relacionados con este proceso responden a necesidades básicas de las mujeres, por lo que plantea su distribución gratuita en los centros educativos y de servicios sociales y en las cárceles, entre otros espacios.
Para mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva en el embarazo, parto y puerperio, el pasado miércoles la ministra de Igualdad, Irene Montero, ya anunció en sede parlamentaria la inclusión de un "permiso preparto". Morillas concreta en la entrevista que se tratará de un permiso retribuido y universal a partir de la semana 36 de gestación, para proteger la salud materna. "Hoy lo que ocurre es que las mujeres en el ultimo periodo del embarazo o bien acceden a una IT (situación de incapacidad temporal) por embarazo de riesgo o tienen que adelantar hasta cuatro semanas el permiso de nacimiento". "Todas las mujeres, a partir de la semana 36 y hasta que den a luz, van a tener el derecho reconocido a un permiso retribuido porque entendemos que es la manera de proteger el proceso fisiológico reproductivo; en el último periodo del embarazo es necesario", incide Morillas. El texto hace "una apuesta fuerte" por que las recomendaciones de la Estrategia de Atención al Parto Normal y las buenas prácticas que existen en España en este campo se apliquen en el conjunto del sistema sanitario.