Impopular, pero... ¿Imprescindible?

Gasteiz – Las cuentas no salen. Mantener en óptimas condiciones de seguridad los casi 1.500 kilómetros de carreteras que hay en Álava cuesta 32,2 millones de euros al año, según ACEX (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras), y el Plan Integral de Carreteras de Álava, el PICA, dedica a este menester 12,5 millones. Buena parte del endeudamiento de las instituciones competentes en materia de red viaria se lo come el asfalto, y a la vista de que en la UE el pago por uso está cada vez más generalizado, los poderes públicos van preparando el terreno para adoptar en España una decisión que le saldrá cara al usuario, pero también puede tener un alto coste para quien tome la decisión de ponerle el cascabel al gato.

En el territorio alavés se busca que esa decisión sea compartida, y por ello hace un año el entonces diputado de Infraestructuras Viarias y Movilidad, Javier Hurtado, propuso crear una ponencia específica en las Juntas Generales que diseñe el futuro modelo de mantenimiento de las carreteras. Varios expertos han pasado ya por un foro en el que tras cada sesión queda patente la inevitabilidad del pago por uso, áspera cuestión que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa con motivo de la recepción de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia.

España contempla en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el cobro de en torno a un céntimo de euro por kilómetro a partir de 2024, fechas y cantidades en principio flexibles y sujetas a múltiples factores.

En Álava, donde la Diputación es competente en relación a sus carreteras, la institución se va a tener que hacer cargo a partir de 2026 de los 55 kilómetros de la AP-68 a su paso por Álava, lo que aumentará en un 45% los kilómetros de vías de alta capacidad de responsabilidad pública, un total de 175 que costará mantener unos 12 o 13 millones de euros al año. El Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad cuenta en 2021 con un presupuesto de 40,4 millones.

Uno de los expertos que han comparecido en las Juntas es José Manuel Vassallo, catedrático del Departamento de Ingeniería del Transporte, Territorio y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, y coordinador de la línea de investigación en economía y financiación del transporte en el Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) del mismo centro. Vassallo aclara las claves de una cuestión compleja desde el punto de vista técnico y aún más desde el político.

Una decisión difícil

"Ese es el gran problema, desde un punto de vista técnico y de expertos, la gran mayoría, y también los políticos cuando te hablan en un entorno franco, sincero y sin micrófonos, reconocen que es la medida más adecuada", explica Vassallo. A su juicio, el ambiente de "confrontación" en la política española hace muy difícil que los partidos puedan evitar "la tentación de utilizar esta medida como un arma arrojadiza sobre el contrario. Es lo que estamos viendo ahora –abunda–, lo plantea el PSOE y en su momento el PP lo estaba estudiando, y yo estoy convencido de que opinan lo mismo". Eso sí, el catedrático insiste en que no es una cuestión de colores políticos, sino de clima político, y de hecho no duda de que con otros inquilinos en La Moncloa la oposición también estaría en contra de una medida así.

En todo caso, no se trata únicamente de mirar hacia la clase política. "También falta entendimiento por parte de la sociedad de cómo funcionan los sistemas, de que los impuestos salen de todos. Pensamos que las carreteras son gratuitas y no lo son, si no se mantienen hay más accidentes, y pinchas en el camino y te acuerdas del Gobierno, pero a la vez estás en contra de tener un sistema de financiación", explica. Así, Vassallo cree que la única manera de poner en marcha un sistema de financiación de la red viaria es "decirle a la población que elija entre peajes en las carreteras o bajadas de pensiones. O eso, o nos viene impuesto de Europa, o se llega a un acuerdo político, pero en el actual panorama político en nuestro país no lo veo fácil", afirma.

¿Por qué no salen las cuentas?

"Porque se ha decidido revertir un sistema de autopistas de peaje cuyo mantenimiento lo pagan los usuarios. Las necesidades de repente están aumentando y en el caso de Álava es evidente, va a gestionar una vía (la AP-68) que tiene un coste muy elevado de golpe, y en el caso de España es igual", explica el catedrático.

Además, añade, los tiempos han cambiado y ahora, con una pandemia, una reivindicación generalizada en favor de la sanidad pública, de la defensa del medio ambiente o del cuidado de las personas mayores, los trenes de alta velocidad, los aeropuertos y las infraestructuras en general han quedado fuera del debate político. En parte también porque "se ha mejorado mucho la calidad de la red viaria". Según explica, "todo esto ha llevado a las administraciones de carreteras y al sector público en general, que nunca han sido muy favorables al pago por uso, a defenderlo. Usted habla con cualquier funcionario de carreteras de Fomento o de cualquier administración pública y lo ve como la salvación, porque es que el sistema no puede aguantar con el ritmo que lleva".

Y además hay que sumar a estas circunstancias un problema añadido. De aquí a poco tiempo habrá que adaptar las carreteras "al vehículo conectado, al coche autónomo, a la posibilidad de utilizar carga por inducción o al vehículo eléctrico; nos planteamos un escenario muy complicado", advierte.

El aspecto jurídico

"La UE de momento solo ha regulado el pago por uso a vehículos pesados de más de 3,5 toneladas en la red europea del transporte, es una regulación pequeña que no obliga a establecer ese pago por uso, sino a que se cumplan una serie de medidas; que no se cobre más de lo que se debe, para que solo se traslade el coste de la infraestructura y no se utilice para financiar otras cosas, además de promover el medio ambiente", explica Vassallo.

También, señala, hay que tener "especial cuidado" con "la no discriminación" y el respeto por tanto al principio de que todos los ciudadanos de la Unión tienen los mismos derechos en todos los países. Eso significa que no se puede poner una tarifa más baja a un ciudadano por el mero hecho de ser alavés, por ejemplo. "Tarde o temprano te van a penalizar", avisa el experto. Lo que sí se puede hacer es establecer un sistema de bonificaciones por uso, como ya existe en el territorio, pero ligado a ese uso frecuente y no a la procedencia del conductor o al lugar donde esté matriculado el vehículo. "De todas formas esta cosas –matiza– hay que analizarlas con cuidado porque tienen su complejidad jurídica".

Casuística europea Vasallo añade que en general la mayoría de los países de los países de la Unión tienen establecido algún tipo de cobro a los vehículos pesados, excepto España y unos pocos países más. "En ligeros, en general, se paga menos, hay países con peajes generalizados, como Francia, Italia o Portugal, y algunos que empiezan a implantar viñetas (una pegatina que se compra y se adhiere al parabrisas) a los ligeros", afirma Vassallo. Así, "el panorama general –resume– es que los pesados pagan casi en todas partes salvo España, en los ligeros ha habido una política de que paguen poco, excepto quienes establecen autopistas de peaje con finalidad de financiación, y hay una tendencia a aplicar pago por uso también a ligeros".

propuesta En su comparecencia en las Juntas Generales alavesas del pasado 26 de marzo, Vassallo apostó por un sistema de consorcio para establecer el sistema de pago por uso en Álava. ¿Por qué? "Es un tema de escala –declara–, la implementación de este tipo de medidas requiere un coste fijo de gestión importante y de coordinación, de vigilancia, de supervisión. En la medida en que la escala sea mayor todo eso son costes que se reducen".

De hecho, para el catedrático de la UPM "lo ideal sería que fuera lo más grande posible, a nivel nacional e incluso europeo. El coste fijo de empezar a implementar el sistema es muy grande y las diputaciones vascas tienen un tamaño relativamente pequeño. En la medida en que puedan compartir un mismo sistema de peaje, de control, de facturación, será mejor, lo interesante es que el servicio esté lo más integrado posible. Se trata además de facilitarle las cosas al usuario con una única factura o un único sitio de reservas", concluye el catedrático de la UPM.

Descartada la vía impositiva. El diputado general alavés, Ramiro González, recordó el pasado martes que la financiación del mantenimiento de las carreteras vía impuestos a la ciudadanía del territorio no tendría mucho sentido, por cuanto Álava es "un territorio de paso, que forma parte del eje Atlántico, que conecta la Península y el norte de África con el norte de Europa", y por ello buena parte de los conductores que atraviesan las grandes vías alavesas no pagan sus impuestos en el territorio.