El fiscal suizo Yves Bertossa ha imputado al presidente del Banco Mirabaud, Yves Mirabaud, por no haber informado al organismo de prevención de blanqueo de capitales de la entrada en su entidad en 2008 de la cantidad de 65 millones de euros con destino a la cuenta de la fundación panameña Lucum, de la que era beneficiario Juan Carlos I.
El fiscal del cantón de Ginebra incluye así a Mirabaud entre los investigados en la causa que se sigue en el país helvético por blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares. El motivo es la falta de transparencia sobre esa donación de 100 millones de dólares --65 millones de euros-- que el emérito recibió del rey Abdalá de Arabia Saudí.
Este nuevo paso en la investigación suiza llega cuando se acaba de cumplir un año del exilio del emérito a Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde entonces. El anuncio de que el que fuera rey de España durante casi cuatro décadas partía de nuevo al exilio, en el que nació, fue la culminación de una serie de acontecimientos, que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia.
Su salida del país se produjo después de que el 'Sunday Telegraph' desvelara el 14 de marzo de 2020 un generoso 'regalo' millonario al emérito por parte de Arabia Saudí. Esto llevó a que Felipe VI anunciara el 15 de marzo que retiraba su asignación al emérito.
Además, en marzo de 2019 se recibieron ya en Zarzuela dos cartas del bufete británico en el que trabaja el abogado de Corinna Larssen, examante de Juan Carlos I, informando de que Felipe VI y la Princesa de Asturias figuraban como segundo y tercer beneficiarios de la Fundación Lucum.
Dicha fundación fue creada en 2008 para supuestamente ocultar esa donación que Arabia Saudí habría hecho al entonces jefe de Estado. Esos fondos permanecieron en una cuenta en Suiza hasta que en 2012 el emérito transfirió los 65 millones a Corinna Larssen.
Por otra parte, el 2 de marzo de 2019 Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, negaba en una entrevista en 'El País' ser el "testaferro" del emérito y aseguraba que los fondos de la Fundación Zagatka, creada en 2003 en Ginebra, eran suyos y que su objetivo era poder ayudar a las familias reales que lo necesitaran.
El siguiente hito en el devenir judicial del emérito llegó el 5 de junio cuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encargaba al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, las diligencias respecto al supuesto cobro de comisiones por el emérito por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.
Según explicó la Fiscalía General del Estado (FGE), la investigación asumida por Campos se derivaba de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen se habrían repartido entre otros Juan Carlos I por la citada adjudicación en 2011.
Con el emérito ya en Emiratos Arabes, el pasado noviembre la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció dos nuevas investigaciones. La primera, por el uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares los años 2016, 2017 y 2018. Dado que los gastos superaban los incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, la Fiscalía previno de que podrían constituir delito fiscal.
La segunda está relacionada con la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del Rey emérito en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
DOS REGULARIZACIONES Y UNA DEMANDA
Ante estos hechos, el antiguo monarca procedió el 9 de diciembre a una regularización fiscal por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados en su contra.
A esta siguió una segunda --en teoría la última-- el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie y que tienen que ver con "determinados gastos por viajes y servicios realizados" por el emérito a costa de la Fundación Zagatka, a cargo de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, que está siendo investigado por la Fiscalía suiza por las actividades de esta firma.
Los pagos se habrían realizado hasta 2018, con posterioridad a la abdicación, y el emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta junio de 2020, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Juan Carlos I y a sus tres hijos como beneficiarios. En este sentido, Álvaro de Orleans volvió a reivindicar que la fundación es suya y que no ejerce de "testaferro".
En mayo, la Agencia Tributaria (AEAT) notificaba al emérito la apertura de una inspección y le pedía más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar esos casi 5 millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó la fundación de su primo.
Mientras, el emérito suma un nuevo frente judicial, y es que en julio se conocía que su examante Corinna Larsen ha presentado una demanda contra él ante la High Court de Londres en la que reclama una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por el gasto derivado de la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por el monto que le supuso la contratación de "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que denuncia por parte del rey emérito. También reclama que Juan Carlos I no se pueda acercar a menos de 150 metros de ninguna de sus residencias.