El presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, considera que es pronto para determinar si va a haber un cambio en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a leyes pendientes como son el aborto, la eutanasia o la ley Celáa. Entiende que el recorrido del nuevo TC y de su presidente Cándido Conde Pumpido "está por ver".
Sobre lo que tiene clara su opinión es respecto a la polémica que ha rodeado al TC y su no renovación durante los últimos meses. "No ha favorecido a una legitimación del TC. Se exige que las renovaciones se lleven a cabo en tiempo y forma. Los dimes y diretes no es un elemento que refuerce al Constitucional, genera desconfianza", afirma Iñaki Subijana.
“ La confianza del ciudadano exige actuar con criterios institucionales y actuar en tiempo y forma. ”
Una vez renovado, sin embargo, persiste el bloqueo en el máximo órgano de los jueces, es decir, el Consejo General del Poder Judicial. Esto parece tener una solución más difícil y lamenta el presidente del TSJPV que el escenario siga estando en el "debate político partidista".
"Sigo echando en falta la voz del Parlamento que es la voz que tiene la competencia para llevar a cabo la renovación. Lo que hay que oír y escuchar es al Congreso y al Senado, a la presidenta y presidente que son los que tienen competencia para convocar al Parlamento y tomar las decisiones que procedan para la renovación", subraya.
Reforma del código penal
Precisamente hoy entra en vigor parte la reforma del código penal que tanta crispación y polémica generó por la decisión del TC. A este respecto considera Subijana que "todo lo que sea una modificación coyuntural no es una buena opción.
Recordemos que incluye los cambios respecto a sedición y malversación, eliminando el primero de los delitos y sustituyéndolo por un delito de desórdenes públicos. Sobre ambas cuestiones opina que ha faltado debate.
"Exigiría algo que no he visto en el debate, uno cuáles son los modelos en Europa y dentro de ellos cuál es el más idóneo", señala.
Preguntado concretamente por el delito de desórdenes públicos considera que "tenemos que hacer una reflexión más global para ver si con el delito de rebelión y con el delito de desórdenes públicos ofrecemos una protección a las instituciones", afirma.
En cuanto al controvertido delito de malversación, considera que la ciudadanía reclama "transparencia" y que "cualquier modificación en cuanto a la gestión de recursos públicos debe hacerse con mucha reflexión.
“ Las respuestas coyunturales no son socialmente asumibles', insiste. ”
Evidentemente, añade, y respecto a cómo afecta esto a los líderes del procés, Puigdemont incluido, considera que habrá que realizar una doble reflexión. "Primero, si es más favorable, y segundo sí es así en qué medida afecta a las sentencias firmes y eso inicia un proceso de revisión y segunda cómo afecta a las instrucciones en marcha", explica. Si es más favorable tendrán que adaptarlo", afirma.
Caso de Miguel
El presidente del TSJPV no ha querido entrar en la sentencia del conocido como caso de Miguel ni en si ha hecho lo correcto el Gobierno Vasco a esperar a que hubiera sentencia para despedir a De Miguel y a Otxandiano. "Es una decisión firme y declara probado el delito y lo que corresponde es cómo se ejecuta la sentencia en cuanto a penas e indemnizaciones y las decisiones paralelas competen a esas instancias"
Por último reconoce que en estos momentos "no es posible" tener un poder judicial vasco teniendo en cuenta el actual modelo constitucional. Sin embargo, entiende que el debate sí lo es.
"No es admisible un constitucionalismo militante, en política se puede debatir todo", reclama. Eso sí, deja claro que "cualquier modificación en esa línea exigirá modificación del marco constitucional.