Iñaki Subijana, presidente del TSJPV: “En todas las sentencias sobre el euskera han prevalecido siempre los criterios jurídicos”

Tres años después de la llegada a la presidencia del TSJPV, ¿cuál es su diagnóstico general sobre el funcionamiento de la Justicia en Euskadi?

—Para mí, el diagnóstico tiene que ver con nuestro contraste con la Unión Europea y el informe de la UE sobre la eficacia de la Justicia. Ahí se detectan dos elementos. Uno, que podríamos decir que es nuestra debilidad, que tiene que ver con el escaso número de jueces y juezas con respecto a la UE. 10,1 por cada 100.000 habitantes y 17 en la UE. Siete puntos menos, lo cual significa que nuestra capacidad de respuesta es inferior. Eso se traduce en dinámicas de tiempo de respuesta. El segundo aspecto, que es una fortaleza, tiene que ver con los elementos en políticas públicas colaborativas que tienen que ver con la Justicia. Ahí colocaría el Plan Estratégico de Justicia, que se ha gestionado con el Gobierno vasco y todos los actores institucionales y sociales que tienen algún tipo de relación con la Justicia.

¿Qué habría que cambiar de forma inmediata?

—El número de jueces. Ahora mismo, a nivel de respuesta, lo que hay que conseguir es un incremento significativo de la planta judicial para poder responder en un plazo razonable a la demanda de los ciudadanos y las ciudadanas.

Una de las acusaciones que recibe la administración de Justicia en Euskadi es la poca sensibilidad hacia el euskera en las decisiones judiciales. ¿Hay motivos para ese recelo?

—No lo creo. Y voy a tratar de justificar esta respuesta. La relación entre euskera y Justicia tiene varios planos. Uno es el derecho del ciudadano a dirigirse al sistema de Justicia en el idioma oficial que elija, el derecho a aportar todos los elementos de prueba documentales que quiera en cualquiera de los dos idiomas y el derecho a recibir la comunicación en el idioma que elija. Y hay un cuarto derecho, que puede ser problemático, que es el derecho a elegir la lengua en que se desarrolla el juicio. Los tres primeros están garantizados. En cuanto al derecho a elegir la lengua del juicio, eso hay que verlo en un marco jurídico que tiene que respetar el juez ordinario predeterminado por la ley; no se puede repartir una demanda por razón de idioma. Y segundo, el proceso con garantías, que significa que nadie se quede indefenso.

En todo caso, el gran motivo de queja es la profusión de sentencias que tumban los requisitos de euskera en ofertas públicas de empleo.

—Llevamos 45 años aplicando la ley de normalización del uso del euskera, lo cual forma parte del elemento jurídico que sirve de marco en la decisión. Segundo: no hay ninguna actuación judicial de oficio; todas son generadas por recursos de ciudadanos que entienden que en un momento concreto en un proceso público no se respeta el derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Y ahí se han tomado decisiones precisamente en base a esa normativa, que exige determinado requisitos para perfilar plazas y no permiten, por ejemplo, la antedata de perfiles a la hora de la convocatoria y que también exigen que esas ofertas respondan a una necesidad sociolingüística de la zona o comarca en que se desarrolla la función. Y los criterios judiciales han sido que esas convocatorias específicas no respetaban esos marcos normativos.

¿Y no participa en esas decisiones el sesgo o la ideología de los jueces?

—Eso no tiene nada que ver con ningún tipo de programa o intención de juezas y jueces de denigrar el euskera o colocarse como alternativa la política normativa en materia de euskera, sino única y exclusivamente de ejercer la función de control de si la actividad de la administración es o no compatible con la normativa no solo estatal sino también autonómica y hacerlo además siempre a instancia de parte. Nunca se hace oficio.

¿Diría que están garantizados los derechos lingüísticos de los euskaldunes?

—Ya lo he dicho. Los derechos que tienen que ver con expresarse en el idioma, a aportar elementos documentales en euskera y los derechos a recibir comunicaciones y notificaciones están garantizados.

Muchas veces, son las propias administraciones las que encabezan las expresiones de malestar. ¿Hay una colisión de poderes?

—Yo no lo veo como una colisión. En el ámbito de la decisión, siempre he dicho y reitero que para mí no es lo mismo el cuestionamiento de la legitimidad para tomar la decisión y el cuestionamiento del sentido de la decisión. Lo primero no es admisible. Lo segundo, cuestionar las razones de la decisión, forma parte de la crítica pública, social, comunitaria, es decir, de algo propio de una sociedad democrática. No me preocupa. Creo que es sano, incluso.

¿Ve que hay una campaña contra la Justicia en este tema?

—Sí detecto, cuando se habla de euskarafobia o de “campaña de jueces”, que, evidentemente, hay un uso inadecuado de una expresión y, por lo tanto, se está construyendo un discurso que no responde a la realidad de lo acontecido.

No hace mucho, hemos visto concentraciones de jueces pidiendo que los políticos no interfirieran en su labor. ¿Hay injerencia de los gobiernos y/o de los políticos en la Justicia?

—La judicialización de la política, la politización de justicia, está ahí, más en un momento de gran polarización. Lo que reivindicamos los jueces y tribunales es que se garantice un espacio institucional que permita la independencia y la imparcialidad judicial.

A la inversa, ¿se da injerencia de la Justicia en la política? ¿Hay decisiones judiciales que tienen sesgo político?

—Hay decisiones judiciales que conllevan consecuencias jurídicas o que favorecen o posibilitan lecturas políticas.

A tal punto, que las páginas o los espacios de política de los medios están todos los días llenos de información de tribunales…

—Evidentemente, entiendo que eso se debe a que son noticiables porque hay un interés social en conocer cuáles son los criterios de los jueces y tribunales en determinadas materias que tienen que ver con la aplicación de las leyes.

Y si esas leyes son muy polémicas, conllevan decisiones polémicas. ¿No es llamativo que determinados jueces del Supremo estén tomando decisiones sobre la Ley de Amnistía que no van en consonancia con las que se están tomando en otras instancias?

—Que yo sepa, las decisiones que están tomando son planteamientos de cuestiones de constitucionalidad, y eso es un instrumento jurídico que existe. Es decir, tienen dudas y las plantean a quien tiene la competencia para resolverlas, que es el Constitucional. Entonces, no se está inaplicando la ley sino que se están planteando de forma fundada cuestiones de constitucionalidad de esa ley. La respuesta que el TC vaya a dar a estas cuestiones es algo que el tiempo dirá.

¿Por qué asumimos con naturalidad que se hable de jueces progresistas o conservadores?

—Porque tendemos a la simplificación de lo que es el estado constitucional de derecho. La Constitución cambió el papel de los jueces y la interpretación de las leyes porque ya nos dicen que hay que interpretarlas en clave constitucional, y ahí entran en juego valores constitucionales. Y cuando ocurre eso, hay dos formas de aproximarse a esos valores.

Simplificación o no, lo cierto es que la mera composición de los tribunales sirve para anticipar el sentido de sus decisiones.

—Eso está en la base de lo que acabo de decir, de la diferente cosmovisión de los valores jurídicos. Y luego está el asunto de la ponderación en caso de conflictos de derechos. Cuando los derechos fundamentales coexisten como líneas paralelas, hay que obtener el máximo rendimiento de cada uno de esos derechos. Cuando entran en colisión –por ejemplo, el derecho a la información con el derecho a la privacidad– y ya no se puede mantener la totalidad de cada derecho, hay que ponderar.

¿Es sano que los partidos quieran imponer sus perfiles para la composición de los órganos de gobierno y los tribunales importantes?

—No es sano porque no les corresponde. Es sustituir lo institucional por lo partidista. Y es algo que, en aquella famosa sentencia del TC respecto al cambio de la ley orgánica del poder judicial sobre el sistema de elección, se anunció como un riesgo. El riesgo de que la política partidista, que es legítima en muchos ámbitos, se transfiera al ámbito institucional y lo contamine. Evidentemente, acertaron en el pronóstico.

Pero es muy grave.

—Es a lo que estamos asistiendo. Si los vocales del CGPJ los tiene que elegir el Congreso y el Senado, no hemos visto debates en esas instituciones para discutir sus propuestas de candidatos y decidir con la mayoría de tres quintos los más cualificados. Hemos asistido a unas negociaciones en otros escenarios protagonizados por los partidos políticos.

¿Deberían ser los jueces los que elijan sus órganos de gobierno?

—Eso es algo que la propia Unión Europea ha ido indicando que es el sistema que mejor garantiza la independencia judicial. Diferenciar, dentro de los vocales, los judiciales de los no judiciales, y que los judiciales sean elegidos por los propios jueces y magistrados y que los no judiciales los elijan las instituciones, no los partidos.

Entonces, los ciudadanos nos quedamos fuera.

—Lo ciudadanos eligen a diputados y senadores, con lo cual tendrían esa capacidad de decisión respecto a la elección de, en el caso de España, ocho vocales no judiciales.

¿Es normal la imputación de un fiscal general del Estado como acabamos de ver?

—Usted comprenderá que yo no voy a hacer una valoración de un procedimiento judicial que se ha iniciado. Si siempre he reivindicado el respeto a lo jurisdiccional y sus tiempos, no voy a ser yo el que no respete esos tiempos. Ahí me mantengo al margen.

¿Existe el ‘lawfare’? ¿Por qué hablamos tanto de ello ahora?

—Yo no tengo constancia de ello. Entiendo que el debate que tenemos es el de esa tensión entre lo político y lo judicial, que es algo propio del estado democrático. Que alguno utilice el término lawfare para poner de manifiesto una interferencia de lo judicial en lo político es algo que tendrán que defender o explicitar quienes utilizan esos términos.

Pero la evidencia es que hay decisiones judiciales sí pueden influir en lo político.

—Ciertamente. Ya lo he comentado en esta entrevista. Hay decisiones judiciales que generan consecuencias políticas y decisiones judiciales que promueven o facilitan lecturas políticas. –