DE los más de diez mil indultos concedidos en la historia reciente del Estado español por gobiernos del PSOE y del PP, no pocos se han visto afectados por una controversia judicial o política, o han alcanzado una gran repercusión social y mediática. Algunos de los protagonistas de la polémica por la intención de Moncloa de indultar a los presos del procés se han significado en el pasado respecto a esta medida de gracia. Es el caso de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, órgano que se ha pronunciado en contra de conceder el indulto a los doce líderes soberanistas. En el caso del kamikaze que fue condenado a trece años de prisión por matar a un joven en Valencia e indultado por el Gobierno del PP, Lesmes, entonces magistrado del TS, se opuso a la anulación de dicho indulto que aprobó el alto Tribunal en 2013.
Junto a otros diez magistrados, emitieron un voto particular en el que alegaban que "las razones del indulto nunca pueden ser jurídicas, es decir, basadas en posibles contravenciones del ordenamiento jurídico", por lo que admitían el carácter político de esta medida de gracia. Todo lo contrario de la posición que defiende Lesmes ahora, esta vez como presidente del Supremo, que califica de "solución inaceptable" el indulto a los dirigentes encarcelados del procés por su "voluntad de reincidir". En cualquier caso, la revocación del indulto al conductor kamikaze elevó el listón judicial a esta prerrogativa del Gobierno español si está poco motivada.
La tormenta se ha desatado ahora sobre el gabinete que preside Pedro Sánchez, pero los gobiernos populares no aguantan la comparación. Es el caso de las dos legislaturas de Mariano Rajoy en Moncloa, que desde 2011 concedió 873 indultos, el 54% de los cuales contaron con un informe desfavorable de la Fiscalía, de los tribunales de Justicia o de ambos. En concreto, 406 conmutaciones de pena tuvieron vía libre, 351 (el 40%) sufrieron la oposición del Ministerio Público, 79 (9%) del órgano sentenciador y el 5% de ambos. A pesar de ello, Rajoy concedió 47 indultos con la posición en contra de fiscales y jueces, la misma situación a la que se enfrenta Sánchez ahora.
General Galindo
A los casos más mediáticos de indultados como el cabecilla del 23-F Alfonso Armada y los ex altos cargos del PSOE condenados por los GAL, José Barrionuevo y Rafael Vera, se suman otros como el general Enrique González Galindo, también condenado por la guerra sucia contra ETA e indultado finalmente en 2004 por razones de salud. Manuel Sánchez Corbi, que fue coronel de la Unidad Central Operativa (UCO), fue condenado en 1997 a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por torturas. En 1999 fue indultado por el Gobierno de Aznar, lo que le permitió continuar en la Guardia Civil.
Tampoco pasaron desapercibidos los indultos concedidos en 2012 a dos militares condenados por falsear las identificaciones de varias de las víctimas del accidente del Yak-42; el otorgado en 2000 al exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, al que le impusieron 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación durante la instrucción del caso Sogecable; o el que benefició en 1995 al expresidente cántabro Juan Hormaechea tras ser condenado por prevaricación y malversación.
El Tribunal Supremo anuló parcialmente el indulto que el Gobierno de Zapatero concedió en 2011 al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, que fue condenado a tres meses de arresto e inhabilitación por acusación falsa cuando presidía Banesto. El alto Tribunal argumentó para ello que Moncloa incurrió en una "clara extralimitación" de sus competencias al cancelar las consecuencias administrativas de su condena, la retirada de los antecedentes penales.