El Congreso ha aprobado el primer bloque de la reforma del sistema de pensiones del ministro José Luis Escrivá tras un largo periodo de un trabajo en el que ha participado el diputado del EAJ-PNV Iñigo Barandiaran, quien explica las ideas que se encuentran en su base.
¿Cómo se puede afrontar los efectos del 'baby boom' en el sistema de pensiones?
—Ya desde 1995 existe conciencia de que el sistema necesitaba adaptarse a una nueva realidad demográfica, ya que de no hacerlo se podrían generar problemas graves si no se reconducía el sistema de pensiones hacia otro marco diferente. Es en ese escenario donde surge el Pacto de Toledo, con la idea de que el sistema de pensiones es un ámbito necesitado de constante actualización. Un aspecto muy importante es que en ese debate todos nos quitamos la capa de partido y participamos en él con otra intención, al entender que el sistema de pensiones es básico y estructurante del estado del bienestar, yo diría que su principal base.
¿Qué diferencia la reforma de 2013 a la planteada ahora?
—El prisma. Sobre el sistema de pensiones se puede actuar de dos maneras, por la vía del gasto o por la de los ingresos. En 2012 y 2013 el PP actúa por la vía del gasto y dice que, si se producen unas circunstancias económicas y sociales que todos sabíamos que se iban a dar porque venía la generación del baby boom, las pensiones solo se incrementarían un 0,25% durante varios años, lo que significa que no subirían tanto como la hipotética evolución del IPC. Además también introdujo el factor de sostenibilidad, que suponía vincular el cálculo de las pensiones a la esperanza de vida, lo que en la práctica resultaba una reducción de las pensiones un 15-25%.
¿Qué caracteriza a la aprobada ahora?
—Se actúa sobre el ingreso. Esta reforma plantea el Mecanismo de Equidad Intergeneracional que aumenta un 0,6% las cotizaciones con destino al Fondo de Reserva, en su día con una rentabilidad muy interesante. Los cálculos indican que con esa aportación, en 20 años alcanzará los 60.000 millones de euros, con lo que serviría para paliar, en todo o en parte, el déficit que pudiera surgir como consecuencia de la llegada al sistema de pensiones de las personas del baby boom. Hay otra medida que desde el punto de vista financiero es posiblemente la más importante, aunque es de la que menos se habla. Se trata del acercamiento de la fecha real de jubilación a la fecha normal, al penalizarse las prejubilaciones y premiar la prolongación de la vida laboral más allá de los 67 años. Es la de mayor impacto, porque si una persona trabaja más tiempo, no solo cotiza durante un periodo de tiempo más largo, sino que también acorta los años en los que va a recibir la pensión de jubilación.
¿Qué otras medidas contempla?
—La vinculación del incremento de las pensiones al IPC que, aunque incrementa el gasto, es de mera justicia social.
Este primer paquete ha sido criticado desde varias instancias.
—La OCDE y el Banco de España dicen que no va a ser suficiente. Todo son previsiones y nadie tiene certezas absolutas. Pero también es cierto que detrás de ellas no hay un examen objetivo, completo y desinteresado del sistema, y sobre todo esconden cierta defensa de unos intereses concretos de las entidades financieras y aseguradoras. Incluso cierto grado de connivencia con una política que está siendo muy exagerada y muy poco colaborativa.
¿Dificultan el trabajo?
—En el debate todos hemos hecho renuncias, y el PP también, pero por desgracia el sistema de pensiones se ha convertido ahora en un arma arrojadiza y ese es, a mi modo de ver, un enorme error. Frente a un acuerdo político histórico que entendía que el sistema de pensiones era un elemento estructurante del estado de bienestar, y al que el debate entre partidos no debería afectar, se le quiere introducir en el debate político, y es el escenario más peligroso para los acuerdos, que son los que garantizan su supervivencia.
¿Las medidas deben limitarse al ámbito de las pensiones?
—No. Sin trabajo digno, no habrá pensiones dignas. El sistema será el primer y directamente beneficiado si existe un sistema de relaciones laborales justo, equilibrado y redistributivo, en el que se garanticen trabajos mejor pagados, menos precarios y con unas bases de cotización probablemente más altas. El problema hoy es que de la creación de riqueza quienes menos se benefician son los trabajadores, y esta tendencia habría que revertirla tanto por razones de justicia social como para mejorar el sistema de pensiones.
Los pensionistas reivindican una pensión mínima de 1.080 euros.
—Entiendo que haya quien quiera llevarlo al terreno del debate, incluso lo puedo compartir, pero hay que hacer muchas precisiones. La principal es que pedir una pensión mínima de 1.080 euros al margen de que haya existido o no una contribución es pedir un salario universal y eso no se paga con cotizaciones, sino con impuestos. Las asociaciones más radicales del ámbito de los pensionistas cambian las reglas del juego, con todo el derecho, pero que lo digan de forma clara. Soy más partidario de mantener el carácter de reparto del actual sistema de pensiones que de sustituirlo por un salario universal.
El Pacto de Toledo plantea un modelo muy parecido a Geroa. ¿Cree que sería útil?
—Sin duda. Es el modelo de mayor implantación en nuestro entorno europeo, y sirve tanto para mejorar las expectativas de los trabajadores como para controlar el sistema financiero. En Euskadi, creo que es una decisión de país, una decisión de futuro no a corto plazo, sino a medio y largo. Si pretendemos establecer un sistema de complemento de pensiones con criterios sociales y de equidad, este esfuerzo colectivo se tiene que basar en la obtención de unas rentas en correspondencia a esa contribución, pero no en forma de capital porque no es un fondo de inversiones. La existencia de entidades gestionadas por profesionales con criterios éticos, medioambientales y solidarios no solo es posible, sino que conveniente y hasta necesario, porque no tenemos certezas absolutas. La pregunta es si podemos como sociedad comprometernos a impulsar un modelo de estas características. Pienso que es un esfuerzo que vale la pena hacer.
¿El sistema público de pensiones no está, entonces, en riesgo?
—No. No es honesto calificarlo de insostenible, pero sería irresponsable no actuar sobre él, cuando las circunstancias lo exijan. Lo cierto es que siempre va a existir sistema de pensiones.
"Detrás de las críticas a esta reforma hay una defensa de unos intereses concretos, no un examen objetivo del sistema de pensiones"
"El factor de sostenibilidad introducido por el PP vinculado a la esperanza de vida reducía las pensiones entre un 15 y un 25%"