Iñigo Urkullu, diez años de un liderazgo tranquilo y transversal

“Es serio, sin alharacas, y no necesita pulsar el botón de la simpatía. Es como es. Puede caer mejor o peor, pero no genera dudas sobre lo que es”. La semblanza que esboza un estrecho colaborador de Iñigo Urkullu contribuye a afianzar la imagen del lehendakari como un líder previsible. En ocasiones se ha percibido como un sambenito en sentido negativo pero, tras una década al frente del Gobierno vasco, también se ha convertido en la marca personal de un líder caracterizado por huir de la confrontación y preservar un clima de estabilidad. Son dos características que no han brillado en el Congreso u otros puntos del Estado.

El próximo viernes se cumplen diez años desde que Urkullu ganó las elecciones del 21 de octubre de 2012, lo que supuso para el PNV recuperar el Gobierno vasco tras el mandato del socialista Patxi López. Uno de los primeros desafíos del PNV y el PSE fue recomponer su relación y restañar las heridas que habían dejado esa legislatura de máxima rivalidad y la anterior etapa de los acuerdos de Lizarra. Ambos partidos retomaron en 2016 la senda de los gobiernos de coalición que no se habían repetido desde la época del lehendakari Ardanza, y Urkullu cimentó de ese modo su política de acuerdos transversales. En toda su etapa ha evitado también escenarios de frustración en materia de autogobierno, sin que ello suponga renunciar al ideario abertzale.

Los pactos se han extendido a todas bandas salvo a la ultraderecha de Vox. Se han pactado Presupuestos con PP, Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu (este último acuerdo se produjo el año pasado, a pesar de contar PNV y PSE con mayoría absoluta). Su apuesta por evitar escenarios de fractura social lo llevó igualmente a mediar sin éxito en el procés catalán de 2017 y a realizar gestiones políticas ante el Gobierno español para facilitar el desarme ordenado de ETA. Para un lehendakari obsesionado con la estabilidad, también ha supuesto un desafío el relevo en la cúpula del PSE y el ascenso de Eneko Andueza, empeñado en marcar perfil frente al PNV, ante lo cual Urkullu ha abogado por aislar a su gobierno del ruido.

Al lehendakari le ha tocado afrontar una sucesión de catástrofes sin precedentes: primero fue la crisis económica que estalló en 2008, después llegaría la pandemia del coronavirus en 2020, y ahora se mantiene la incertidumbre por la guerra en Ucrania y el aumento de los precios. Desde su entorno ponen en valor que se ha combatido el riesgo de desgaste recurriendo a los acuerdos para ofrecer certidumbre a los vascos en tiempos de zozobra. Además, sobre todo a partir de 2020, el consejero Azpiazu ha abierto el grifo del dinero y ha aprobado Presupuestos expansivos para hacer frente a la crisis, algo que fue posible por la gestión saneada de los años anteriores y la suspensión de las reglas de gasto europeas.

ANTE UNA BILDU LEGAL

A pesar de encadenar crisis y el colapso del vertedero de Zaldibar, el respaldo electoral a Urkullu se ha mantenido al alza, desde los 27 escaños de 2012 hasta los 28 de 2016 y los 31 actuales. Todo ello, a pesar de que la competencia electoral ha sido mayor que nunca, con la izquierda abertzale legalizada y en posiciones más pragmáticas; y pese a la irrupción de formaciones como Podemos. En cuanto a Zaldibar, la Comisión Europea ha avalado su actuación antes y tras la tragedia.

En 2012, Urkullu fue el primer candidato que se vio en la tesitura de competir en las urnas con la izquierda abertzale en un escenario sin violencia. ETA había anunciado su cese definitivo en 2011, Bildu era legal y el clima de euforia en la izquierda aber-tzale auguraba una movilización sin precedentes. Aun así, el PNV logró contener su empuje, y tuvo una clara victoria con 27 escaños frente a 21. Solo perdió tres.

Urkullu tomó posesión del cargo el 15 de diciembre con un Gobierno en solitario, y pronto comenzaría a notar esa minoría. En abril de 2013, decidió retirar su proyecto de Presupuestos por falta de apoyos y a la espera de que llegara una relajación del déficit. En sus diez años al frente de Lehendakaritza, tendría que volver a retirar sus Cuentas a finales de 2018 tras el fracaso del diálogo con EH Bildu.

Tras la retirada de 2013, Urkullu tendió la mano al PSE y, finalmente, jeltzales y socialistas firmarían un acuerdo sobre varias materias que más adelante, tras las elecciones de 2016, sería más profundo y desembocaría en un Gobierno de coalición. Eso sí, con un regusto amargo: en 2016 se quedaron a un escaño de la mayoría absoluta. Urkullu pudo surfear esa minoría logrando acuerdos presupuestarios primero con el PP de Alfonso Alonso, y después con Podemos durante la etapa de Lander Martínez.

Pero vivió dos momentos críticos a finales de 2018 y principios de 2019. La minoría del Gobierno dejó expedito el camino para que la oposición buscara el desgaste en ámbitos clave del autogobierno como la salud. La dimisión del consejero Jon Darpón en 2019 por las OPE de Osakidetza fue el trago más amargo para Urkullu. Que la justicia no lo haya imputado se ha interpretado como un desagravio en el entorno del PNV. La participación de EH Bildu en el derribo de Darpón fue la gota que colmó el vaso para los jeltzales. El lehendakari había decretado tan solo unos meses antes una prórroga presupuestaria precisamente tras el fracaso del diálogo con la coalición, lo que, sumado a la ofensiva contra Darpón, provocó un estado de ánimo de desconfianza total del PNV hacia Bildu también en la cuestión del nuevo estatus de autogobierno.

En la legislatura anterior, se había alcanzado un acuerdo con EH Bildu para que entrase en la asociación de municipios Eudel y para aprobar la Ley Municipal, el primer pacto entre ambas fuerzas sobre la arquitectura institucional del país, que había generado grandes expectativas. Pero el PNV vivió los acontecimientos posteriores como una traición. Una montaña rusa preside las relaciones desde entonces, aunque en esta legislatura han alcanzado un acuerdo presupuestario y sobre las bases educativas (unas bases que también apoyan PSE y Elkarrekin Podemos-IU).

PAZ Y AUTOGOBIERNO

El reconocimiento de la injusticia de la violencia de ETA es otra cuestión clave para el lehendakari que lo aleja de Sortu y los principales portavoces de EH Bildu. Pese a la animadversión que genera su figura en algunos sectores de la izquierda abertzale, Urkullu fue uno de los principales facilitadores de su legalización en sus conversaciones con el Gobierno de Zapatero cuando presidía el PNV.

En 2017, ya como lehendakari, pidió al Gobierno de Rajoy que no obstaculizara el desarme de ETA con una operación policial que lo echara todo a perder. Incluso se puso a su disposición para un desarme verificado, y se reunió con el grupo internacional de Ram Manikkalingam. Con Urkullu, se han concedido los primeros reconocimientos a personas que han sufrido vulneraciones de derechos por parte de las fuerzas policiales ya en democracia, algo que se ha realizado manteniendo al mismo tiempo una relación fluida con las víctimas de ETA, como las agrupadas en la AVT.

En materia de autogobierno, el Gobierno vasco ha logrado la transferencia histórica de la gestión de las prisiones; y tiene sobre la mesa un calendario del Gobierno español que, no obstante, no se ha cumplido. También ha aprobado un informe de erosión competencial y Urkullu ha pedido una relación con garantías con el Estado para evitar esos incumplimientos. Pero las discrepancias entre los partidos han impedido reflotar la Ponencia de Autogobierno y Urkullu no quiere forzar la máquina porque aboga por acuerdos amplios.

Además, PNV y PSE se dieron libertad de voto en su acuerdo de coalición por sus discrepancias en ese terreno, y los jeltzales ya sufrieron en el pasado, con el nuevo Estatuto de Ibarretxe, los sinsabores de ir a Madrid sin un acuerdo con algún partido mayoritario del Estado. Esa misma apuesta por evitar la frustración llevó a Urkullu a mediar entre el expresident Puigdemont y Rajoy en 2017 para tratar de evitar una declaración unilateral de independencia y la suspensión del autogobierno catalán.

Urkullu fue reelegido en 2020 tras el estallido del covid, lo que no impidió que PNV y PSE lograran una mayoría absoluta. Ha vivido momentos delicados, como la fatiga social que pudo provocar su intento de alargar las medidas de prevención, la polémica vacunación de los jefes de los hospitales de Basurto y Santa Marina, o la escasez de médicos, un debate donde ha anunciado más de 300 plazas.

GASTO

En un momento de incertidumbre y riesgo de contestación social, Urkullu ha llegado al ecuador del tercer mandato manteniendo la apuesta por los acuerdos y ofreciendo pactos de país para trasladar seguridad a la ciudadanía, algo necesario para evitar el desgaste a pesar de su mayoría absoluta. En paralelo, desde 2020, ha aprovechado la suspensión de las reglas de gasto europeas (reglas que volverán en un horizonte cercano) para aprobar Cuentas expansivas. Las de 2021 superaron la barrera de los 11.000 millones, en 2022 crecieron un 6%, y el gasto social se ha situado en esta etapa en torno al 77%.

LOS HITOS

Elecciones del 21 de octubre de 2012. Iñigo Urkullu recuperó el Gobierno para el PNV tras las elecciones de 2012. Aguantó el empuje de una izquierda abertzale recién legalizada (solo perdió tres escaños y logró una clara victoria con 27) y tras el cese de ETA. Urkullu tomó posesión del cargo el 15 de diciembre y, tras unos primeros sinsabores como la retirada de los Presupuestos en abril de 2013, recompuso la relación con el PSE. El PNV firmó un acuerdo con Patxi López que superaba el enfrentamiento vivido durante la legislatura del socialista. Abarcaba la reactivación en un contexto de crisis y medidas fiscales en los territorios forales. De esa etapa data también el primer acuerdo con EH Bildu sobre la institucionalización del país, la Ley Municipal.

Elecciones del 25 de septiembre de 2016. Urkullu mantuvo al alza su apoyo pese al nacimiento de Podemos y C’s, y logró 28 escaños, pero el PSE pinchó hasta 9 y se quedaron sin mayoría absoluta. En noviembre, con Idoia Mendia al frente de los socialistas, cerraron un acuerdo para gobernar en coalición, lo que supuso recuperar los pactos de la época del lehendakari Ardanza. Urkullu gestionó esta minoría buscando acuerdos con todos, y cerró pactos presupuestarios con el PP de Alonso, e incluso con Lander Martínez por parte de una Elkarrekin Podemos-IU que había nacido con el propósito de desalojar al PNV. El lehendakari se implicó también en procesos de diálogo para garantizar el fin ordenado de ETA (en la foto superior, en su reunión con Ram Manikkalingam, de la Comisión Internacional de Verificación del desarme), y medió para tratar de evitar, sin éxito, una declaración unilateral de independencia catalana de Puigdemont y la suspensión del autogobierno por parte del Gobierno español de Rajoy. La proyección internacional de Urkullu lo llevó a verse con el Papa.

La dimisión de Jon Darpón, la pandemia, Zaldibar... En esa etapa en minoría, la ofensiva de la oposición contra el consejero de Salud, Jon Darpon, provocó su dimisión en 2019 para evitar una moción de censura contra el consejero. La justicia no lo ha imputado por el caso de las OPE, y el PNV lo ha recibido como un desagravio. También durante esa legislatura estalló la pandemia mundial del coronavirus y se derrumbó el vertedero de Zaldibar, lo que provocó la muerte de dos trabajadores tras una tragedia donde se señaló a la empresa que lo gestionaba.

Elecciones del 12 de julio de 2020. En ese contexto desfavorable, Urkullu volvió a batir su marca con 31 escaños, y el PSE logró 10, lo que les permitió repetir su coalición, pero ya con mayoría absoluta. Aun así, se ha alcanzado un acuerdo presupuestario con EH Bildu y se han acordado las bases educativas con todos salvo PP y Vox. En materia de autogobierno, se ha arrancado el traspaso histórico de las prisiones. El paro vuelve a situarse por debajo del 10%, en niveles prepandemia.