Iñigo Urkullu: "Solicito a Sánchez que reconsidere el uso obligatorio de la mascarilla"

Ha pasado un año desde las elecciones y vuelven los rebrotes del virus. ¿Es la situación más dura y de mayor desgaste que ha vivido como lehendakari?

—Sí es un tiempo difícil de gestionar, pero no lo llevo al extremo del desgaste personal. Sí es el tiempo más duro que me ha correspondido como lehendakari por lo humano y por la incidencia colectiva de una pandemia pero, consciente de esta situación, intento adoptar las decisiones con el mayor sentido común posible. Intento hacerlo de manera equilibrada también en las consecuencias económicas.

Usted dijo hace unos días que no se esperaba que la tasa de contagios superase los 300 por 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que ha fallado?

—Creo que nadie lo esperábamos ni en Euskadi ni en el Estado español, ni en la Unión Europea. Quizás lo que no conocíamos es la incidencia de esta variante Delta, con una velocidad de contagio superior a otros brotes o variantes anteriores. Pero, afortunadamente, también tenemos un contrapeso: quizás la menor incidencia en consecuencias sanitarias para quien se ve afectado por el contagio. De hecho, llevamos dos semanas sin fallecimientos por covid, y una atenuación en la ocupación de camas UCI aun cuando no es motivo de relajación. Cada variante afecta de una manera. ¿Qué es lo que ha fallado también? Algunos planteamos la conveniencia de prórroga del estado de alarma para intentar evitar determinados comportamientos que iban a venir asociados ineludiblemente al levantamiento del estado de alarma, con una mayor interacción social sin guardar las medidas preventivas.

¿La decisión de Pedro Sánchez de levantar el estado de alarma ha abocado a esta situación y ha puesto a Euskadi a los pies de los caballos?

—No solamente a Euskadi. Son otras comunidades autónomas también las que están solicitando, por ejemplo, toques de queda y cierres perimetrales. Es algo que afecta al conjunto del Estado español. No es que la decisión del presidente español haya abocado a esto, porque hemos de partir de una premisa inicial: el cumplimiento de las medidas desde uno mismo y de manera solidaria. ¿Esto se podría haber evitado con la prórroga del estado de alarma? No lo sé. Si aun con estado de alarma el comportamiento individual y colectivo no cayera en cuenta del riesgo, es otra cuestión.

¿Usted ha sondeado a otras comunidades que también han visto tumbado el toque de queda desde los tribunales para volver a pedir a Sánchez el estado de alarma? ¿O ha pasado página ya con este asunto?

—No las he sondeado. En Euskadi no estuvimos de acuerdo con la implantación del estado de alarma en marzo del año pasado como se hizo. Sigo creyendo que había posibilidades de desarrollar una legislación ordinaria en materia de sanidad que pudiera darnos amparo. No se hizo. He sido yo quien ha solicitado por escrito en abril la prórroga del estado de alarma al presidente del Gobierno español, que lo derivó a las decisiones del Consejo Interterritorial de Sanidad e invitó a que recurriéramos a las vías judiciales. Yo dije que no iba a judicializar esta cuestión. ¿Que pueda ser necesario otro estado de alarma? No lo sé, habría que valorar la incidencia que esta variante Delta tiene en otros indicadores. Pero a mí no me dolerían prendas si hubiera que hacerlo. Lo que nos da cierta esperanza de manera muy prudente es la ocupación de camas UCI, no fallecimientos, el índice de reproductividad... Pero si viéramos que se tuerce, habrá que poner sobre la mesa alguna otra medida que no sé si tiene que ser con el estado de alarma pero, en todo caso, que sea un paraguas para el conjunto del Estado.

Otras comunidades sí insisten a los tribunales con el toque de queda, y otras recortan el horario de los bares. ¿Puede parecer que el Gobierno vasco no está agotando todas las vías en su mano?

—No, al contrario. No es cierto que no tengamos una limitación de horarios en establecimientos hosteleros: tenemos hasta las 2.00 de la madrugada. No es cierto que no hayamos arbitrado nada en el ocio nocturno: hemos asemejado los grupos 1 y 2 a los establecimientos hosteleros hasta las 2.00. Quizás otras comunidades han adoptado decisiones cuando su horario era mucho más flexible que el que existía en Euskadi. Es ingente el trabajo de adecuación a la situación al que en todo momento están procediendo el Departamento de Salud y Osakidetza.

Ha dicho que, si se desboca la situación en las UCI, no descarta adoptar más medidas. ¿Pueden estar relacionadas con la hostelería o el toque de queda por municipios?

—Yo no miraría a un sector determinado, a la hostelería. Siempre partiré del nivel de compromiso individual y colectivo. Hay que cumplir las medidas preventivas: higiene personal, lavado de manos, uso de mascarilla y distancia en la interacción social.

¿Puede concretar una medida?

—El año pasado, planteé el toque de queda, pero me he visto sometido a recursos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con una sala de lo contencioso-administrativo que ha dictado un auto ante el límite de cierre de horarios de establecimientos hosteleros que dejaba sin valor la decisión que habíamos adoptado. Después de la negativa del presidente español a la prórroga del estado de alarma y cuando se nos invitaba a una judicialización, dije que no íbamos a recurrir a la vía judicial para una cuestión que es de sentido común y de voluntad política. En el toque de queda, tribunales superiores de diversas comunidades han fallado una cosa y la contraria. Se necesita una visión de conjunto, y herramientas que puedan servir de paraguas.

¿Pedro Sánchez debe tener una posición más proactiva?

—Entiendo que sí. No es bueno, si es el caso, interpretar como riesgo ofrecer herramientas para el conjunto del Estado mediante una ratificación en el Congreso de los Diputados porque pudiera llevarle a perder la votación. La disposición, por lo menos mía, y creo hablar en nombre de todos los presidentes de comunidades autónomas, es de colaboración para que puedan ser similares en todos los lugares las medidas básicas, y luego cada una de las comunidades tendremos nuestras realidades y capacidades en función de nuestras competencias para adoptar medidas complementarias. La situación invita a una reflexión sobre si son necesarias herramientas paraguas para el conjunto del Estado, entendiendo la época del año en que estamos, que pueda haber una afección a determinados sectores económicos, como puedan ser el turismo y la hostelería.

¿A qué se refiere?

—Si fuera incluso que el paraguas fuera solo el uso de la mascarilla de manera obligatoria nuevamente, yo sí he venido a solicitar el uso de la mascarilla de manera obligatoria. Ha sido un real decreto ley del Gobierno español el que ha eximido del uso de la mascarilla en determinados lugares. Ese decreto tiene que ser convalidado el miércoles en el Congreso de los Diputados. Es una buena ocasión para que el Gobierno español reconsidere esta cuestión, aun cuando sea única y exclusivamente la relativa al uso obligatorio de la mascarilla.

¿Es la petición que le hace a Sánchez, que reconsidere su uso?

—Sí, he venido demandando el uso de la mascarilla hasta que la población esté vacunada globalmente.

El Gobierno vasco recomienda que no haya reuniones en los parques de noche, y no se trata de vallar esos espacios, sino de realizar una comunicación desde los ayuntamientos. ¿No va a haber vigilancia policial ni multas y es una recomendación?

—No, no tiene nada que ver una cosa con otra. El decreto dice "se determina" evitar las aglomeraciones, no "se prohibe". Apelamos al compromiso cívico, cuando no tenemos capacidad para prohibir salvo el consumo de alcohol en la calle o las aglomeraciones sin cumplimiento de medidas preventivas. En algunos casos, los titulares de los espacios son los ayuntamientos, pero no siempre. Puede haber pueblos con puertos, y la competencia no es de los ayuntamientos. Ahora, esos espacios están en los pueblos, y no decimos que son los encargados del control. Sí estamos pidiendo que hagan un ordenamiento: la señalización de los lugares donde tiene que haber un límite horario desde las 0.00 a las 6.00 para evitar las aglomeraciones excesivas sin cumplimiento de las medidas preventivas. El control en su caso será una labor conjunta de la Ertzaintza con la Policía local, pero no todas tienen Policía municipal y quizás los horarios de prestación de servicio limitan el control. Somos muy conscientes. Y nadie está planteando el vallado. Ya el año pasado los alcaldes de las capitales que forman parte del LABI decían que no todos los parques tienen llave.

¿Se ha encontrado con una posición de resistencia en los algunos alcaldes, como en Gipuzkoa?

—No, en absoluto. Asumo la responsabilidad si tiene que ser unipersonal, pero las decisiones se adoptan en un consejo asesor del LABI tras un dictamen de la comisión científico técnica. En el consejo asesor participan los tres alcaldes de las capitales, y uno preside la asociación de municipios vascos. En el consejo no me he encontrado con ninguna resistencia.

¿Le va a hacer un roto económico la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el confinamiento, a la hora de devolver multas?

—No, lo que hemos paralizado es la tramitación, pero no creo que nos vaya a hacer un roto. Es una cuestión que no solo afecta al Gobierno vasco, sino al conjunto del Estado. Es una sentencia que habrá que analizar en conjunto con el Gobierno español.

No se conoce al detalle la sentencia.

—No, y no sé si cabe otra acción por parte del Gobierno español. Lo que es triste es que se haya llegado a judicializar cualquier acción institucional que pretenda preservar la salud, que haya formaciones que recurran al TC, y el TC entre en el juego con una interpretación por su correspondencia con determinadas formaciones.