Inspección de Trabajo propone subir un 50 % una pensión de viudedad por amianto en Navarra

La Inspección de Trabajo ha propuesto que se imponga a la empresa Sunsundegi de Alsasua un recargo de prestaciones en su grado máximo (un 50 %) sobre la pensión de viudedad de la esposa de un trabajador fallecido a consecuencia de un mesotelioma de pleura producido por el contacto con el amianto.

Propuesta que ha realizado como consecuencia de la demanda presentada por la Fundación del sindicato ELA para la Salud Laboral, Bidelagun, y que valora "muy positivamente, puesto que se trata del recargo más alto que se podía conseguir", dice en una nota.

El informe elaborado por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) señala que en las instalaciones de la empresa Sunsundegui "se realizaban reformas de vagones de tren que estaban recubiertos interiormente con amianto. Hay constancia documental de que esta actividad se realizaba en los años de 1982 a 1990".

Por tanto, a la vista de este informe, Inspección de Trabajo concluye que "existió falta de medidas de seguridad frente al amianto en la referida empresa", y por ello ha propuesto el recargo, aunque ahora "es la Seguridad Social la que debe dar el último paso para que se aplique el recargo correspondiente".

ELA y su fundación Bidelagun recuerdan que las enfermedades profesionales derivadas del contacto con amianto son "un fenómeno creciente y de dimensiones casi pandémicas, derivado todo ello de un insuficiente control público y de la falta más absoluta de medidas de seguridad por parte de las empresas durante el pasado siglo XX".

Por otro lado, dado que el período de latencia de este tipo de patologías, casi todas ellas cancerígenas, es de aproximadamente 30 años, se trata de "un fenómeno que tiende a invisibilizarse y a no ser conectado con el ambiente laboral", por lo que Bidelagun y ELA demandan de las instituciones públicas que asignen los recursos suficientes para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de los trabajadores.

En concreto, subrayan que una materia "tan sensible" como la de las víctimas del amianto "exige que de las palabras se pase a los hechos y que la aprobación definitiva del Reglamento del Fondo de Compensación de Víctimas del amianto sirva para proteger en su totalidad a las personas trabajadoras directamente afectadas así como a sus familiares".

Se persigue así que puedan cobrar las indemnizaciones que les correspondan "con garantías y sin dilaciones que sólo sirven para revictimizar a las familias".