Interior no respetó la ley en la tragedia de la valla de Melilla

El Defensor del Pueblo considera que no se respetaron las “garantías legales nacionales e internacionales” al realizarse en la frontera 470 devoluciones en caliente durante el intento de salto masivo de la valla de Melilla el pasado 24 de junio, que se saldó con al menos 23 migrantes muertos.

En un comunicado, la institución que dirige Ángel Gabilondo avanza las primeras conclusiones de su investigación y destaca que ese día se registró en la valla “una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos”.

Según explica, en el visionado de las imágenes se puede comprobar que, en una puerta del perímetro fronterizo, una avalancha de personas provoca un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales.

El Defensor condena los hechos y recuerda que el Tribunal Constitucional ha establecido que el rechazo en frontera ha de contemplar entradas individualizadas con “pleno control judicial” y cumpliendo con las obligaciones internacionales, algo que en este caso no ocurrió.

Destaca que ha analizado la documentación recibida de los Ministerios del Interior y del de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero no da por concluida la investigación, y ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad más imágenes de aquella jornada en el perímetro fronterizo “que podrían ayudar a aclarar algunos extremos”.

Entre los pasos dados, señala que se ha dirigido a Exteriores para que refuercen con medios materiales y humanos embajadas y consulados para que posibles solicitantes de asilo puedan acceder a ellos “sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada en el país”.

Ha trasladado además a la Fiscalía General del Estado el testimonio y el parte de lesiones de uno de los residentes entrevistados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla.

Y ha solicitado información sobre los procedimientos usados para determinar la edad de los presuntos menores residentes en el Centro de Menores La Purísima, en la ciudad autónoma.

Siguen asimismo las gestiones con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para conocer el protocolo que se siguió con los partes de lesiones de los heridos aquel día; y con la Dirección General de Política Interior para conocer el estado de las solicitudes de protección internacional de los inmigrantes que consiguieron llegar al CETI y las incidencias en las entrevistas realizadas por la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Beni Enzar.

Más allá, el Defensor del Pueblo ha trasladado las conclusiones de su investigación a las instituciones afectadas y ha formulado una serie de “recomendaciones y recordatorios legales” a la Secretaría de Estado de Seguridad “para que se evite la repetición de episodios similares en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla”.

Garantizar la integridad física

Entre ellos, destaca la necesidad de garantizar en frontera “el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes” y de impedir cualquier práctica “abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Deben asimismo dictarse las órdenes oportunas para que los agentes estén “siempre identificados”, añade el Defensor, que pide también que se revisen los protocolos de actuación que se activan con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Marruecos cuando se registran intentos de entradas irregulares con el fin de gestionar las fronteras “de manera integrada, segura y coordinada”.