Irak emite una orden de arresto internacional contra un exministro por el llamado "robo del siglo"

La Comisión de Integridad de Irak ha anunciado este domingo la apertura de una orden de arresto internacional contra el ex ministro de Finanzas Alí Alaui y otros antiguos altos cargos por su implicación en el llamado "robo del siglo", la sustracción de 2.500 millones de euros en fondos fiscales de un banco iraquí.

El presidente de la Comisión, el juez Haider Hanun, ha confirmado finalmente en rueda de prensa la emisión de esta orden contra el que fuera ministro de Finanzas durante el mandato del entonces primer ministro Mostafá al Kazemi.

El magistrado también ha confirmado que ha emitido órdenes adicionales contra el jefe de Gabinete de Al Kazemi, Raed Jouhi y el secretario personal del entonces mandatario, Ahmed Nayati. El cuarto antiguo oficial perseguido se trata del ex responsable de prensa de Al Kazemi, Mushrik Abbas.

Jouhi y Nayati tienen nacionalidad estadounidense mientras que Alaui es británico-iraquí. De estar en EEUU o en Reino Unido, esto significaría que podrían ser extraditados. "Espero que Washington y Londres colaboren", ha explicado el magistrado, que no ha precisado si Abbas tiene otra nacionalidad, en rueda de prensa recogida por la agencia oficial de noticias iraquí INA.

La corrupción desenfrenada azota todos los niveles del estado iraquí, país que ocupa el puesto 157 de 180 países en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, y las cifras oficiales publicadas el año pasado estiman que más de 400.000 millones de euros han desaparecido de las arcas del estado desde que el régimen del dictador Sadam Husein fue derrocado en 2003.

El dinero en cuestión fue sustraído de un fondo de la autoridad tributaria nacional en el banco Rafidain, entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 a través de 247 cheques que fueron cobrados por cinco empresas.

Luego, el dinero se retiró en efectivo de las cuentas de estas empresas, la mayoría de cuyos propietarios también están prófugos. Los cuatro están acusados, según el comunicado, de "facilitar la malversación de sumas pertenecientes a las autoridades fiscales" y de momento sus activos han sido congelados. Medio centenar de personas están siendo investigadas en estos procedimientos.