La República de Irlanda ha formalizado ante el Tribunal de Estrasburgo su prometida demanda contra la ley británica para la reconciliación en Irlanda del Norte, en especial porque cuestiona la inmunidad para crímenes cometidos durante el conflicto, entre 1960 y el acuerdo de paz de 1998.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) indicó este viernes en un comunicado que el Gobierno irlandés presentó esta demanda interestatal el 17 de noviembre porque considera que algunas disposiciones de la ley son incompatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sobre todo, las que garantizan inmunidad para los autores de los actos de violencia, sean los nacionalistas irlandeses, los unionistas o incluso las fuerzas del orden británicas, y que causaron la muerte de unas 3.500 personas en cerca de cuatro décadas.
Para Dublín, eso viola los artículos del convenio europeo que protegen el derecho a la vida y prohíben la tortura y los malos tratos.
Ley promovida por Johnson
Además, también critica por incompatible con las reglas europeas la parte de la ley británica promulgada el 18 de septiembre de 2023 que crea una comisión independiente para filtrar y prohibir, en nombre de la reconciliación, las investigaciones policiales y judiciales que se pueden llevar a cabo.
La ley fue una iniciativa en 2021 del entonces primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, para hacer borrón y cuenta nueva del conflicto norirlandés tras el Acuerdo de Viernes Santo de abril de 1998. Sus dos sucesores, Liz Truss y Rishi Sunak, también la han defendido.
Cuando el pasado mes de diciembre el Gobierno irlandés anunció su intención de recurrir al Tribunal de Estrasburgo, uno de sus principales argumentos era que las víctimas no podían quedar marginadas y privadas del acceso a la verdad con esta legislación, a la que también se han opuesto los partidos norirlandeses y organizaciones de derechos humanos.
Esta es la segunda demanda interestatal de Irlanda contra el Reino Unido ante el TEDH por el conflicto norirlandés.
La primera, presentada en 1971, se refería a algunas técnicas de interrogatorio utilizadas en ese territorio por las fuerzas británicas en virtud de los poderes especiales que les atribuyó Londres, que los jueces europeos calificaron de tratos inhumanos y degradantes, pero no torturas como pretendía Dublín.