Joan Ignasi Elena: "El PSC es un partido conservador, ERC no quiere gobernar con él sino derrotarlo"

Esquerra no había dirigido desde la República el departamento de Interior y escogió para el cargo a Joan Ignasi Elena (Barcelona, 1968), abogado de profesión que forjó buena parte de su trayectoria como dirigente del PSC, partido al que ahora afea su posición inmovilista y del que fue alcalde de Vilanova i la Geltrú. Abandonó la militancia socialista por sus discrepancias en la ebullición del procés en pleno desmembramiento de aquel sector. El hoy conseller, que atiende a este diario en su reciente visita a Bilbao, ha ejercido como portavoz de las defensas de los presos soberanistas republicanos y es una de las personas de confianza de Oriol Junqueras.

Aceptó la propuesta de encabezar la conselleria en la que hay siempre un mayor foco de atención.

—Por eso acepté la propuesta del president. Porque era un reto para el Ejecutivo y para Esquerra demostrar que es un partido con vocación mayoritaria, de gobierno, y de hacerlo bien y diferente, teniendo en consideración nuestro proyecto ideológico.

Y llegaba de un periodo convulso ejerciendo de portavoz de los presos soberanistas de su formación.

—Tenía un compromiso en la lucha contra la represión por permitir ejercer el derecho a voto. Me impliqué bastante en el juicio, no tanto como abogado, sino como portavoz. Luego llegó este encargo y lo asumí con vocación de que las cosas cambien a mejor.

Con decisiones discutidas como la renovación de la cúpula de los Mossos. Y, en concreto, la sustitución del 'major' Josep Lluís Trapero, epicentro de la causa del 'procés'.

—Hay partidos políticos que se creen los propietarios de las instituciones. Cuando ejercen una competencia como es designar los responsables del Cuerpo de una institución como esta, es lo más normal del mundo, pero si es otro partido quien lo hace, lo consideran un ultraje. Es una cierta patrimonialización de quién puede o no tomar las decisiones. Nosotros tenemos obligación de tener un programa y poner al frente a las personas que creemos las más indicadas. Sin duda, el anterior jefe de los Mossos hizo muy buen trabajo, pero para la nueva etapa, en la que hay que buscar una mayor presencialidad en los territorios, barrios y ciudades; en la que queremos una Policía catalana que se parezca más a la sociedad a la que queremos servir; de rejuvenecimiento, diversidad y feminización de sus estructuras, entendimos que la gente adecuada era otra. No hay más.

El exconseller Ramón Espadaler, ahora integrado en el PSC-Units, es uno de los más beligerantes.

—Sí, y lo es cuando él hizo infinidad de cambios. El PSC tiene un problema, y es que se ha convertido en un partido conservador que defiende el status quo, el no cambio, con situaciones tan surrealistas como que es el partido que con más energía defiende la ley mordaza, lo que es sorprendente y triste a la vez. Pero es el camino que han decidido emprender.

Hay quienes acusan a ERC de querer gobernar con este PSC que usted tacha de conservador, de configurar el famoso tripartito.

—Hemos dicho por activa y por pasiva, y hasta por reflexiva, que Esquerra no tiene como objetivo gobernar con el PSC sino derrotarlo, y especialmente en el área metropolitana, donde ERC está teniendo un crecimiento espectacular y es alternativa a lo que ha gobernado desde hace décadas. Es verdad que a nivel del Estado español hemos tenido relación con el PSOE, pero lo hacemos y dialogamos porque, precisamente, somos diferentes. Y lo hacemos para frenar a la ultraderecha y conseguir las libertades para Catalunya. El PSC representa el estancamiento, la parálisis en las libertades nacionales y sociales.

¿Por qué no hay forma de dar carpetazo a la Ley de Seguridad Ciudadana aún vigente?

—El Partido Socialista decía en Catalunya que la ley mordaza era una ley propia de la Hungría de Viktor Orbán y ahora nos persiguen para que la apliquemos con la máxima severidad, un ejercicio de travestismo político realmente inquietante. Nosotros lo que hemos intentado es, recogiendo el espíritu y las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una aplicación distinta. Cuando una persona se manifiesta pacíficamente, no debe ser sancionada. Si alguien realiza un acto violento, el responsable no es el organizador de esa concentración. O, si alguien de prensa hace una fotografía, lo que hace es ejercer la libertad de expresión.

Su departamento se halla enfrascado, además, en la transformación de la Ley de Policía de Catalunya, que data de 1994. ¿Con qué fin?

—Es una ley muy antigua, por lo que necesita ponerse al día, mirar mucho al territorio, cuidar las relaciones con las policías locales, y pensar que se han ampliado las unidades por aire, marítima y en la red. La queremos más integral. Más social, democrática y transparente. Siempre decimos que Catalunya tiene una gran Policía, y es porque ha tenido el oído atento a las demandas.

¿Qué relación hay con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

—Hay dos escalas que separamos. Por un lado, la política, y nosotros lo que queremos es todas las competencias porque somos un partido soberanista. Y luego está la realidad que hay que gestionar en base a las competencias que tiene cada una de las Administraciones. Nosotros ejercemos sin complejos las propias. La coordinación es extraordinaria porque el objetivo es la seguridad de la ciudadanía.

El uso de las balas de foam siempre está en la mesa de debate como un asunto espinoso.

—Hay una comisión en el Parlament catalán que aborda el tema. El primer llamamiento que yo haría es al Estado para que elimine las pelotas de goma. Nosotros no las tenemos desde hace diez años y en España sí que siguen existiendo. Mi apelación es a Unidas Podemos para que ejerza su presencia en el Gobierno del Estado en algún sentido. En Catalunya este partido nos exige que eliminemos las balas de foam. Bien, empiecen por retirar las pelotas de goma y su argumento tendría más credibilidad. Nosotros llegamos a un acuerdo con la CUP que nos interpela y es la creación de la comisión para debatir el modelo. Prefiero no opinar porque condicionaría en exceso todo este debate.

¿Cómo se gestiona una conselleria tan delicada en un ambiente tan enrarecido en el Govern, con rifirrafes continuos entre ERC y Junts?

—Es verdad que existen muchos problemas políticos que no se plasman tanto en el Govern pero sí en el Parlament. En el Ejecutivo hay un liderazgo claro del president y un respeto hacia la figura de Pere Aragonès por parte de todos. Por su manera de ser y su entrega. Dentro hay bastante cohesión. A nivel parlamentario es otra cosa, también porque JxCat es un partido en construcción y tiene sus diferencias internas que se manifiestan en contradicciones.

La última, la surgida tras el acuerdo por la inmersión lingüística.

—Es un pacto entre cuatro partidos muy positivo que supera el problema surgido de los juzgados. Pero la problemática es más interna de Junts que de la coalición de Gobierno.

¿Tiene la sensación de que Junts no ha encajado del todo que no es el partido hegemónico? Que transita con la teoría del empate técnico.

—Deben contestar ellos. Yo creo que sí respetan el resultado electoral porque les conozco.

Se lo comento porque estamos en puertas de que ERC tenga que posicionarse respecto al caso de Laura Borràs y se puede abrir otra espita.

—Insisto: en el ámbito institucional, las relaciones son buenas.

El president Aragonès se conjuró desde que tomó posesión del cargo para que las desavenencias no se airearan en público. ¿Hace Esquerra autocrítica por las alusiones de Rufián al expresident Puigdemont?

—Los conflictos externos afectan razonablemente poco al desempeño del Ejecutivo, y es mérito del president.

Usted fue portavoz del Pacto Nacional por el Referéndum en aquellos tiempos de reuniones diarias entre partidos y entidades sociales. Ahora, con una CUP autodescabalgada del Govern, y con la ANC dispuesta a presentarse a las urnas, ¿cree posible forjar pactos como aquellos?

—Hay que buscar el consenso en los temas que la gente desea y no tanto en si unas u otras organizaciones son capaces de juntarse. En Catalunya, lo que genera consenso en un 80% de la sociedad son dos pilares: amnistía y autodeterminación. La sociedad que ha dicho basta a la represión y que dice que aquello que se hizo en Escocia, ¿por qué no en Catalunya?

La mesa de diálogo duerme el sueño de los justos...

—La mesa tiene de entrada una gran virtud. El Estado ha admitido por primera vez, constituyendo la mesa, que hay un conflicto político, eso tiene una fuerza y una potencia que no somos capaces a veces de reconocerlo. En el contexto internacional es algo fundamental. La voluntad de no levantarse de la mesa es condición sine qua non para tener credibilidad. Hoy se sabe en todo el mundo que hay un conflicto entre Catalunya y España.

Conflicto que, por un contexto u otro, Pedro Sánchez parece haber relegado a un plano secundario.

—Sin duda, no será fácil porque al Gobierno español le cuesta mucho. Pero también le costaba la mesa.

De la agenda de Moncloa también cayó la reforma del Código Penal.

—Veremos. Nosotros debemos ser persistentes en la movilización y acumulación de fuerzas.

¿Cómo es la relación con su homólogo, Fernando Grande-Marlaska?

—Positiva. Otra cosa es la distancia ideológica. Como me relaciono con el PSC y los veo tan a la derecha del PSOE... La relación con él es institucional y fructífera, se ha llegado a acuerdos importantes como ampliar el techo del número de Mossos (de 18.000 a 22.000) o el de la jubilación anticipada que la Ertzaintza ya tenía.

La CAV arrancó la transferencia de Prisiones que Catalunya ya tenía. El PP pidió la devolución de la competencia. ¿Teme un vuelco recentralizador si llega a Moncloa?

—Si yo fuera constitucionalista, lo que intentaría es preservar la Constitución. La derecha extrema y la extrema derecha española plantean postulados inconstitucionales. Harían desaparecer las autonomías y sus policías. Desprecian aquello que enfermizamente no controlan.