La legislación vigente en cuanto a malversación es de la época del Gobierno español de Mariano Rajoy. ¿Qué opinión le merece?
-Efectivamente, la legislación cambió y el texto de ahora es de 2015, una reforma que a mi parecer está bien. Anteriormente, había una escala de cantidad de dinero que se había malversado. Lo que se hizo en 2015 fue establecer un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida cuando afecta a caudales públicos.
Pero se dejó de hacer una distinción en las penas entre si había enriquecimiento personal o si simplemente era una gestión desleal. Se equipararon las condenas en los dos casos.
-Exacto. Se hace referencia a la apropiación indebida de quien, teniendo bajo su custodia caudales públicos, o bien se enriqueció o simplemente causó daño a la causa pública. Ahora ha vuelto el debate de si se quiere introducir alguna modificación en relación a que no es lo mismo el lucro personal que esta otra administración desleal cuando no hay un enriquecimiento público. Hay quien piensa que, si tú no has metido parte de ese dinero mal gestionado en tu bolsillo, esto requeriría una pena más reducida. Es el caso, por ejemplo, de Griñán.
¿Y procedería abordar estos cambios en este momento?
-Hay que tener en cuenta que el Código Penal es la ley más importante en cualquier sociedad democrática después de la Constitución, ya que regula los límites del derecho del Estado a castigar al ciudadano. Esto supone que no se debería regularlo o modificarlo con frivolidad, como si se tratara del código de circulación, pero yo ya he perdido la cuenta de las modificaciones que se han hecho desde que se puso en marcha en 1995… Además, no se debe intentar un cambio del Código Penal en una situación de tensión y la ley no está para resolver casos concretos.
¿No es el momento entonces?
-¿Se está ahora en condiciones de serenidad y de reposo para afrontar una reforma? Yo creo que no es el momento ideal, pensando en este maniqueísmo en el que estamos, en este populismo que vemos de un lado y del otro.
Está también el riesgo de transmitir que se está legislando ‘ad hoc’ para un colectivo muy concreto de personas, como pueden ser los procesados por el 1-O en Catalunya o los condenados por el ‘caso ERE’.
-Totalmente. Por eso es un tema que se debería introducir con más serenidad, reflexión y tranquilidad, y no en un ambiente tan crispado como el que hay ahora. De todas formas, ya veremos si se plantea y cómo se plantea. Hay que recordar además que esto no parte del Gobierno: el Gobierno solo puede esperar, porque quien tiene que hacer la modificación es el Congreso de los Diputados.