El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo ayer un “interrogatorio voluntario” con el fiscal especial Robert Hur, investigador en el caos de los documentos clasificados que aparecieron en varios lugares utilizados por el mandatario durante su etapa como número dos en la Administración de Barack Obama.
El interrogatorio se llevó a cabo en la Casa Blanca durante dos días, el domingo y el lunes. “Como hemos dicho desde el principio, el presidente y la Casa Blanca están cooperando con esta investigación”, reza un comunicado del portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca, Ian Sams.
La oficina del presidente indicó que, “como ha sido apropiado”, proporcionó “actualizaciones relevantes públicamente, siendo lo más transparentes posibles y consistentes con la protección y preservación de la integridad de la investigación. No obstante, rechazó responder preguntas y remitieron a los periodistas al Departamento de Justicia.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, encargó en enero a Robert Hur investigar a Biden después de que fueran hallados documentos clasificados de cuando fue vicepresidente en la Administración de Barack Obama (2009-2017) en su casa en Wilmington (Delaware).
Biden sostiene que desconocía que esos documentos estaban en su domicilio y reivindica que ha colaborado con las autoridades competentes puesto que su equipo legal entregó los documentos tan pronto los encontró. De esta manera se deslindó del caso del expresidente republicano Donald Trump (2017-2021), que se negó a devolver a los Archivos Nacionales de Estados Unidos los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca al dejar la presidencia.
El FBI tuvo que registrar la mansión de Mar-a-Lago de Trump en Florida para recuperar esos documentos, un caso por el que el republicano ha sido imputado penalmente y afronta varios años de prisión.
Este hecho marca el primer acontecimiento relevante de este caso, que se remonta a primeros de noviembre, cuando Archivos Nacionales se comunicó con el Departamento de Justicia para notificar la existencia de documentos clasificados en una oficina privada de Biden en Washington.
El caso derivó en críticas a Biden por parte del Partido Republicano, así como del expresidente Trump, que denunció un supuesto doble rasero de las autoridades, en referencia al registro del FBI de su mansión.